Un cierre de muga de impactos inaceptables

Se cumplen dos años del cierre de varios pasos de la muga que divide administrativamente Euskal Herria. Tras el cierre temporal de 2020 debido a la crisis sanitaria, en enero de 2021 volvieron a cerrarlos ignorando los principios fundacionales de la Unión Europea, referidos a la libre circulación. Los vecinos de las localidades próximas a la muga vieron limitadas sus relaciones y alargados sus desplazamientos. Como afirma el alcalde de Larraine, Jean-Dominique Iriart, el cierre de mugas no solo vulnera el derecho de transitar libremente a los habitantes de su localidad y otras próximas a la muga, sino el de todos los vascos y vascas y el de todas las personas, y no son meras palabras; las muertes de migrantes en el Bidasoa son la consecuencia más dolorosa de esa medida de «impactos limitados».

Han transcurrido dos años, en ellos han muerto diez personas, al parecer, es decir, a los ojos de una Administración que no se da por aludida, de muerte natural; continúa el perjuicio evidente a los ciudadanos de esas zonas, y se mantiene al menos hasta final de marzo de 2023 esa suspensión del Tratado de Schengen, el cual, por cierto, pretende renegociar el presidente francés, Emmanuel Macron, por los «problemas añadidos de seguridad» que supone esa muga para París. El Gobierno español, por su parte, admite que el cierre es un problema, pero afirma que es legal y colabora activamente con el francés en materia migratoria.

A lo largo de la historia muchas personas han salvado la vida en esa muga, personas o familias que se trasladaron a uno y otro lado en períodos de guerra; otras ayudaron a atravesarla a perseguidos por el fascismo en la II Guerra Mundial y en la del 36, o posteriormente a quienes huían de la represión policial, por no hablar del contrabando gracias al que tantas familias subsistieron. Pero también es lugar donde tantos fugitivos encontraron la muerte en las épocas referidas... y hoy día. Una muga cerrada por intereses totalmente ajenos a los habitantes de los territorios al norte y al sur de la misma, por intereses contrarios a los derechos más elementales de las personas cualquiera que sea su procedencia.