La justicia que es lenta no es justicia

Los tribunales y juzgados tienen la obligación y la responsabilidad de proteger los derechos y libertades y evitar que puedan ser restringidos, menoscabados o inaplicados. Desde ese punto de vista, el denominado poder judicial (jueces, juezas, tribunales, audiencias...) desempeña un papel esencial para la consolidación del Estado de derecho.

El artículo 117 de la Constitución española dice que «la justicia emana del pueblo». Si esto fuera así, los juicios deberían comenzar, como en los telefilmes norteamericanos, con la frase «en nombre del pueblo», con lo cual ya no sería posible continuar con la vista judicial por las risas flojas que les entrarían a los componentes de los tribunales.

Todo esto viene a cuento de un aniversario. Efectivamente este 21 de enero se han cumplido cuatro años (¡cuatro largos años!) desde que diversas personas víctimas de la agresión policial llevada a cabo el 8 de julio de 1978, junto con Sanfermines78-Gogoan!, interpusiéramos una querella en los juzgados de Iruñea al objeto de que se reabriesen los sumarios cerrados de forma provisional en 1983, aportando para ello nuevas pruebas y testimonios logrados a lo largo de estos 44 años transcurridos desde aquellos hechos.

Pues bien, la denuncia ha sido sometida a un tortuoso recorrido, pasando de un juzgado a otro; cerrada provisionalmente y vuelta a abrir por estimación de recursos, sin que hasta la fecha hayamos obtenido una decisión definitiva. Por lo que si alguien nos preguntase por la situación actual de la querella solo podríamos responder que está igual que hace cuatro años cuando la presentamos.

La ley dice que las resoluciones judiciales se adoptarán en un plazo razonable. Cuatro años sin que se tome ninguna decisión definitiva no es, de ninguna manera, un plazo razonable, sino un caso de flagrante negligencia.

La Ley impone a los jueces la obligación de practicar las diligencias que sean necesarias en aquellas materias que, por sus graves consecuencias para la integridad de las personas, deben ser investigadas y, en su caso, juzgadas. Como fue la violencia policial ejercida de forma injustificada en los sanfermines de 1978, con resultado de muerte y heridos.

En su día se presentaron querellas que, en 1983, fueron archivadas de forma provisional. Ahora, como se ha dicho, volvemos a reclamar justicia ante los tribunales, presentando nuevas pruebas y testimonios, entre ellos, el informe elaborado por la Universidad Pública de Navarra por encargo del Ayuntamiento de Iruñea y que ha sido una de las piezas fundamentales para documentar en la querella argentina la imputación a Martín Villa por los sucesos de sanfermines de 1978.

Se dice que una cualidad de la Justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia. Y esto es lo que está sucediendo con la querella presentada ante los juzgados de Iruñea el 21 de enero de 2019.

Las víctimas de la violencia policial sufrida en los sanfermines de 1978 que lo reclamen (algo más de 300 personas fueron atendidas e ingresadas en centros sanitarios) deben ser reconocidas como tales, sin excepción alguna, por la Comisión prevista en la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, «de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos». En cualquier caso, más allá de este reconocimiento, la exigencia de justicia, es decir, la identificación y juicio público para sus responsables, algo negado frontalmente hasta la fecha, no puede ser una senda vedada, aplazada, ni olvidada un solo día más.

Es evidente que la querella presentada es una «patata caliente» para los tribunales de justicia y que nadie le quiere «hincar el diente». Se trata de un asunto incómodo para un aparato judicial que no tuvo una transición democrática y que, en general, hizo de la amnesia sobre el terrible pasado franquista, virtud.

Ante esta inacción de los tribunales, y en exigencia del derecho que como sociedad y como parte afectada tenemos al acceso a una tutela judicial rápida y eficaz, hemos convocado una concentración el próximo día 21 de enero, ante la Audiencia de Iruñea, a las 12,00 horas, a la que invitamos a todas las personas que se mantienen activas en la demanda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, por lo sucesos de sanfermines de 1978.