A vueltas con el Modelo de Acogida del Gobierno Vasco

El martes 14 de febrero Nerea Melgosa tomó posesión de su cargo como consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Sabemos que la Sra. Melgosa, hasta ahora asesora de la anterior consejera, conoce bien el Departamento, pues ella misma así lo ha manifestado en su presentación. Lo que no sabemos es si comparte lo que vino a decir la Sra. Artolazabal en el artículo que publicó el 24 de enero en defensa del Modelo Vasco de Acogida, un modelo que ya en su denominación tiene un problema, pues resulta excluyente respecto a otros modelos de acogida existentes en la sociedad vasca, algunos de ellos desarrollados precisamente ante la inacción de las administraciones.

En Ongi Etorri Errefuxiatuak, asociación para la defensa de los derechos de las personas obligadas a migrar -sean o no solicitantes de protección internacional- podemos compartir buena parte de los propósitos que enuncian los múltiples documentos que presenta el Gobierno Vasco, pero en cambio venimos denunciando que muchos de ellos se sustentan únicamente en el papel. No creemos que los jóvenes migrantes que duermen en la calle consideren modélica la política de acogida del Gobierno Vasco.

En sus palabras de presentación, la Sra. Melgosa nos dice que tiene tarea por delante. Y tiene razón, ya que, en nuestra opinión, el supuesto Modelo Vasco de Acogida, para ser tal y no un mero listado de actuaciones, necesita representar y explicar la realidad y las causas de las migraciones y establecer un patrón o guía para la acción.

El Modelo Vasco de Acogida se encuentra en construcción, está por ver si la nueva consejera aporta la voluntad política necesaria para avanzar. ¿Que Euskadi carece de competencias plenas en materia de migración? Reclamar esta competencia jamás ha sido una prioridad en las negociaciones con el gobierno del Estado. Tal vez, en este año y medio que resta para la finalización de la legislatura, la Sra. Melgosa pueda comenzar a dar pasos en este sentido.

Como decíamos, un modelo de acogida debería considerar las causas que mueven a la gente a abandonar sus países: guerras, pobreza extrema, expolio de sus recursos naturales, sequías, violación sistemática de los derechos humanos por parte de regímenes sustentados por intereses occidentales, también de empresas vascas (Iberdrola, BBVA, Petronor-Repsol, Sener, CAF, Elecnor).

Dicho modelo tendría que denunciar las condiciones en las que se produce el tránsito desde los países de origen a los de destino (solo en 2022 se han contabilizado 2.400 muertos en la ruta hacia España), así como los espacios de no derechos en que se han convertido las fronteras (no olvidamos Tarajal, la masacre de Melilla y los muertos en la frontera del Bidasoa).

Los programas para solicitantes de protección internacional, se topan con la imposibilidad en muchos casos de conseguir una cita para su tramitación. Las plazas del albergue de Irun son las únicas en Euskadi para las personas en tránsito y son de muy corta estancia. Los programas Trapezistak e Irauli atienden a algunos jóvenes, son cientos los que quedan fuera de ellos. El modelo de acogida del Gobierno Vasco no se ha propuesto dar solución de alojamiento a las personas que viven en la calle, ni a las que han sido acogidas en los proyectos de Harrera que se llevan a cabo en diversos barrios y pueblos por iniciativa de la sociedad civil.

Un modelo de acogida debería facilitar las condiciones de vida de aquellas personas que han decidido convivir entre nosotras y nosotros. Y, para ello, es preciso:

Proponer modificaciones en la Ley de Extranjería, fuente de un gran número de injusticias y penalidades. En este sentido, los partidos que sustentan el Gobierno Vasco tienen la oportunidad de apoyar la Iniciativa Legislativa Popular avalada por 700.000 firmas entregadas en el Congreso para regularizar a 500.000 personas.

Propiciar el empadronamiento de todas las personas (ya que el padrón es la puerta de entrada a la regularización y el acceso a los derechos y servicios sociales), tanto de aquellas personas que viven en situación de calle, como aquellas otras que, por las razones que fueran, no pueden empadronarse en el lugar donde residen (mujeres que trabajan en régimen de internas, personas sin domicilio fijo, personas sin pasaporte…). Para ello tenemos ya todas las competencias necesarias.

Posibilitar que ninguna persona esté en situación de calle, a lo cual contribuiría el cumplimiento institucional de la cartera de servicios sociales aprobada hace años en el Parlamento Vasco. A tal fin, es necesario habilitar más albergues, pisos de acogida, centros de día, así como paliar las dificultades que encuentran las personas racializadas a la hora de acceder a una vivienda de alquiler.

Acompañar, en toda su extensión, el itinerario de inserción: desarrollando servicios de orientación y capacitación para el trabajo suficientes, cercanos y eficaces; mediando para que puedan abrir cuentas bancarias y exigiendo el cumplimiento de la ley a las entidades bancarias; haciendo frente a los problemas de escolarización derivados de la movilidad familiar y evitando los guetos escolares, etc.

Desarrollar políticas más decididas contra el racismo y la xenofobia en nuestra sociedad, y especialmente en el comportamiento de los cuerpos policiales.

En definitiva, el debate sobre el modelo de acogida debe superar la cuestión de «macrocentros sí o no» y abordar, en su compleja y profunda extensión, la injusta realidad en la que viven nuestros vecinos y vecinas obligadas en su día a migrar. Esperamos que la Sra. Melgosa se ponga a la tarea de inmediato. Está en juego nuestro futuro como una sociedad más justa para todas las personas.