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EDITORIALA

Falta desmontar la impunidad vigente


El 3 de marzo de 1976 quedó grabado en la memoria colectiva de Gasteiz como una de las jornadas más aciagas de su historia reciente. Aquel día, cinco trabajadores, Romualdo Barroso, Bienvenido Pereda, Francisco Aznar, Pedro Martínez Ocio y José Castillo, fueron ametrallados por la Policía española cuando participaban en una asamblea en la iglesia de San Francisco. Ayer se volvió a recordar a los que murieron luchando por una sociedad más justa y más democrática y, una vez más, se reclamó justicia y memoria.

El aniversario de este año ha estado marcado por las negociaciones para definir y crear el memorial que recordará aquella masacre. Desde que en 2018 surgiera la iniciativa Memoria Gara para crear un centro de la memoria en la iglesia de Zaramaga todo han sido obstáculos por parte de las instituciones. A la negativa inicial siguió una aceptación del plan, cuya concreción práctica se ha ido demorando entre constantes propuestas de cambios de las instituciones implicadas. Finalmente, se ha alcanzado un acuerdo entre la iniciativa social e instituciones para crear una fundación que será la encargada de gestionar el centro que, como planteó Memoria Gara, será algo más un museo de aquellos terribles crímenes, ya que entre sus fines está vincular aquellos acontecimientos con las luchas actuales. La Diputación Foral y el Gobierno de Lakua, el martes, y el Ayuntamiento de Gasteiz, ayer, aprobaron los estatutos de la fundación. Visto el tortuoso camino seguido hasta ahora debido, principalmente, al afán institucional de controlar la iniciativa, solo cabe esperar que, una vez cerrado el pacto, su puesta en marcha avance rápido.

El Gobierno español también parece dispuesto a participar en el proyecto e incluyó una partida en los presupuestos del Estado. En ese contexto, el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, emplazó a Madrid a que pida perdón por lo ocurrido entonces. Tal vez lo que habría que exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez es que termine con el modelo de impunidad vigente, que abra los archivos, identifique a los responsables y no obstaculice su enjuiciamiento. Esa sí sería una buena aportación a la memoria y a la justicia de los muertos del 3 de marzo.