COT: un antídoto contra la desmemoria y la impunidad

Familiares de jóvenes muertos por la acción de cuerpos policiales y grupos ultras durante la Transición impulsan una plataforma para denunciar el clima de terror de aquella etapa política. Pretenden rebatir la idea de que fue «pacífica y modélica», y defienden el carácter imprescriptible de los delitos cometidos por aparatos del Estado.

El pasado 20 de diciembre se cumplieron 47 años del asesinato de Ángel Almazán a manos de la Policía. Militante antifascista de tan solo 18 años, Almazán había acudido cinco días antes a la manifestación convocada en Madrid en protesta por la Ley de la Reforma Política, la cual daría pie a las elecciones generales de 1977. En el transcurso de la marcha fue apaleado por varios agentes y, a causa de las heridas, falleció en un hospital de la ciudad.

Su hermano Javier, que entonces tenía 13 años de edad, figura hoy entre los impulsores del Colectivo por los Olvidados de la Transición (COT), la plataforma que pretende agrupar a familiares de jóvenes asesinados por los aparatos del Estado y la ultraderecha en el marco del proceso político que derivó en la actual monarquía parlamentaria.

Aparte de Almazán, también forman parte de la COT Manuel Ruiz, hermano de Arturo Ruiz, estudiante asesinado por un ultraderechista en la jornada pro-amnistía que tuvo lugar el 23 de enero de 1977 en Madrid; Marc Muñoz, hermano de Gustau Muñoz, miembro de las juventudes del Partit Comunista d’Espanya (Internacional), a quien un agente de paisano mató por la espalda durante los actos del 11 de septiembre de 1978 en Barcelona; la sobrina de Jordi Martínez de Foix, militante independentista muerto el 14 de octubre de ese mismo año mientras manipulaba un explosivo; y Francisco Javier Mañas, hermano de Juan Mañas, uno de los tres chicos de Cantabria a quienes la Guardia Civil torturó y asesinó el 9 de mayo de 1981 en Almería tras confundirlos con un comando de ETA.

A este grupo se han sumado recientemente una sobrina de María Luz Nájera, estudiante madrileña muerta por disparos de la policía el 24 de enero de 1977; una amiga de José Luis Montañes, estudiante muerto por agentes policiales durante la protesta convocada contra la Ley de Autonomía Universitaria (LAU) el 13 de diciembre de 1979, también en la capital del Estado; y familiares de Yolanda González, la estudiante bilbaina muerta a manos de miembros de Fuerza Nueva el 1 de febrero de 1980 en un municipio cerca de Madrid.

270 VÍCTIMAS: OPERACIÓN DE ESTADO

Si algún propósito mueve al colectivo de familiares de estas víctimas es «rebatir la idea según la cual la Transición fue pacífica y modélica». Así se expresa Javier Almazán, quien considera que «tenemos que acabar con este relato y establecer un discurso basado en la verdad, que no es otra que la voluntad del Estado de acabar y reprimir a la generación que planteaba una verdadera ruptura con el franquismo».

Para el portavoz de la COT, las muertes causadas en este período obedecen a un plan perfectamente urdido por los aparatos del Estado, de ahí que «han de calificarse como crímenes de lesa humanidad, lo que implica que no están afectos de prescripción, sino que son enjuiciables y condenables». En este sentido, la plataforma trabaja para apoyar las querellas que ya se han presentado ante la justicia argentina e incidir en la jurisdicción española con el fin de que admita el carácter imprescriptible de estos episodios.

Según datos de la plataforma, en el período comprendido entre 1975 y 1982 se registraron cerca de 270 víctimas de jóvenes vinculados a movimientos que se oponían al modelo de Transición que se iba gestando. La mitad, causadas por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones, controles de carretera o mediante el uso abusivo de las armas (la práctica del “gatillo fácil”); y la otra mitad, atribuidas a bandas fascistas y los grupos parapoliciales surgidos de las denominadas “tramas negras” o “cloacas” del Estado. «Toda esta realidad aún permanece impune», denuncia Almazán, y recuerda que «muchos de los casos fueron archivados sin ninguna investigación, y entre los que fueron juzgados, la mayoría acabaron con la absolución o tuvieron unas penas mínimas».

Para el portavoz de la COT, ni la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, ni la nueva Ley de Memoria Democrática suponen un avance significativo en vistas a esclarecer la verdad, pues «intentan salvar el relato oficial y, con meros maquillajes, continuar con el olvido».

Es por ese motivo, según apostilla Almazán, que reconocer a las víctimas «supone romper el acuerdo entre las fuerzas y los poderes que construyeron el actual régimen político» y abordar una de las asignaturas más importantes que todavía tiene pendiente la sociedad española, como es dignificar y hacer justicia a las víctimas de la Transición.