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EDITORIALA

Incentivos por cuotas represivas y sesgo racista


Ayer se hizo público que la jefatura de la Policía española de Irun ofreció a los agentes de Extranjería y Fronteras días festivos a cambio de detener a más personas migrantes. La orden fue anulada tras la denuncia de una sindicato policial y el inspector que la firmó fue expedientado, según apunto el delegado del Gobierno español en la CAV, Denis Itxaso.

Al margen de que las medidas que se hayan tomado sean suficientes y adecuadas -Harrera Sarea exigió depurar todas las responsabilidades-, se trata de una actuación gravísima. En primer lugar, es absolutamente indecente que los mandos policiales den incentivos a cambio de cuotas represivas. Un proceder que revela que la cultura policial sigue teniendo como premisa que su principal cometido es castigar. La protección de las personas y el respeto de sus derechos simplemente brillan por su ausencia. Da la impresión de que ni siquiera han oído aquel lema de la Policía de Los Ángeles, posteriormente adoptado por otras de todo el mundo, de proteger y servir. Esta especie de cacería con premios indica que lo suyo es perseguir y castigar. En segundo lugar, la orden policial criminaliza a todo el colectivo de personas migrantes, olvidando que son sujetos de derechos, tengan o no sus papeles en regla. Además, establecer perfiles arbitrarios también atenta contra los derechos de las personas y solo sirve para fomentar actitudes racistas y xenófobas. Por último, el hecho de que se haya planteado un incentivo de esta clase alimenta la sospecha de que haya habido otros similares. Teniendo en cuenta la historia represiva de este país, urge aclarar cómo se han premiado otros operativos y servicios.

También ayer, el Ararteko reveló en el Parlamento que la Ertzaintza -y algunas policías locales- han rechazado denuncias por violencia de género. Y sus responsables políticos ni siquiera se han dignado a responder a sus recomendaciones. La ausencia de valores democráticos es muy común en los cuerpos policiales y demasiados de sus agentes actúan al margen de la ley, algo inaceptable en un Estado de derecho. La Policía se ha convertido en un problema grave y peligroso.