Sigue la protesta contra Netanyahu a 15 días del cierre del Parlamento

Un ex alto cargo del Mossad que investiga la última incursión israelí en Gaza abandona el servicio en protesta por la reforma judicial que pretende limitar la función fiscalizadora del Tribunal Supremo. En la semana 28 de protestas, 150.000 personas se concentran en Tel Aviv al grito de «Bibi, márchate y no vuelvas nunca más».

Cuando quedan exactamente dos semanas para que la Knésset (Parlamento israelí) termine su actividad para iniciar las vacaciones, el malestar de una parte de la población a causa de la reforma judicial que impulsa el Gobierno de extrema derecha de Benjamin Netanyahu no hace más que aumentar. La calle Kaplan de Tel Aviv volvió a reunir este sábado a unas 150.000 personas que acudieron por vigésimo octava semana consecutiva a expresar su rechazo al proyecto de ley que persigue socavar la independencia judicial y dar vía libre al Gobierno para aprobar decisiones políticas sin la supervisión del Tribunal Supremo.

El mismo sábado, mientras en distintos puntos del país miles de manifestantes agitaban banderas israelíes y gritaban «¡Bibi (Benjamin), márchate y no vuelvas nunca más!», éste era ingresado de urgencia en un centro hospitalario de Tel Aviv por un golpe de calor. Aunque su estado no revistió gravedad, pasó la noche en el hospital y fue dado de alta ayer, lo que impidió la celebración de la reunión que mantiene el Ejecutivo cada domingo.

Por si esto fuera poco, la salida del hospital del primer ministro coincidió con la renuncia del ex alto cargo del Mossad Nevo Erez a liderar el equipo que investiga la última operación contra la Jihad islámica en Gaza. Nevo Erez, según informó ayer el diario israelí “Haaretz”, suspenderá su servicio hasta que el Gobierno frene la reforma judicial, sumándose así al número creciente de reservistas que a lo largo de estos últimos meses han anunciado que no responderán a la llamada del Ejército.

RESERVISTAS

Desde que el Gobierno inició en enero los pasos para limitar el poder judicial, 200.000 exmilitares en la reserva han manifestado que no acudirán al servicio. Más de 900 pilotos, personal de las Fuerzas Aéreas y de la Inteligencia han anunciado que no responderán a la llamada del Ejército. «Bibi está afectado por casos de corrupción y con esta ley quiere evitar las condenas. Nosotros estamos al servicio del país, no del gobierno, y menos al servicio de una sola persona», explicaba a GARA este sábado un joven ex soldado miembro de una asociación de reservistas que ha renunciado a su servicio voluntario en el Ejército.

A las 18.00 en Tel Aviv la temperatura no bajaba de 32 grados. Mientras este hombre monta con sus compañeros reservistas un puesto para vender camisetas y gorras con consignas a favor de la democracia, expresa su intranquilidad por lo que está ocurriendo en Israel: «No acudiremos a defender nuestras fronteras si el país se convierte en una dictadura», advierte.

Un poco más arriba, Noya sostiene un retrato de la fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, la primera mujer que ocupa este cargo en la historia de Israel. «Este Gobierno ultra quiere apartarla para poner a un títere que haga la vista gorda con los casos de corrupción que afectan a Netanyahu», lamenta. Noya expresa su temor a que la reforma judicial deje desprotegido a un país que necesita «instituciones fuertes, independientes y supervisadas para poder funcionar». Argumenta que Israel es un país complejo que funciona gracias a un equilibrio de fuerzas internas basadas en una democracia real. Preguntada si tiene esperanzas de que el Gobierno recule, dice que «no demasiadas». Y añade que el peor escenario podría precipitar un enfrentamiento ciudadano parecido a una guerra civil.

El pasado lunes, el voto de los 64 diputados de la coalición de Gobierno en la Knésset posibilitó la aprobación en primera lectura del proyecto de ley que anula la doctrina de razonabilidad, que permite a los jueces anular decisiones del Gobierno si consideran que no son razonables. Un paso que desató protestas multitudinarias que llegaron hasta el aeropuerto de la capital. Quienes están a favor de la reforma creen que es necesaria para frenar las constantes interferencias de los jueces en asuntos del Gobierno.

Aunque los opositores a la reforma saben que son minoría, en un país de nueve millones de habitantes cuya mayor preocupación es la protección de sus fronteras y la seguridad interna, no es un tema menor el enfrentamiento que mantiene el Ejecutivo con miles de ciudadanos desde hace meses, la mayoría de ellos formados académicamente y con una evidente capacidad de movilización. A quince días para el cierre del Parlamento, nadie se atreve a vaticinar qué puede ocurrir.