Colectivos vascos alertan a la ONU de los déficits con torturados y presos

El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas analiza por séptima vez al Estado español. En Ginebra hay representación vasca (Behatokia, Egiari Zor y Sare) que menciona en su informe algunos «focos de preocupación», como la falta de reconocimiento de la tortura o las trabas a la vía legal penitenciaria. Los casos de Xabier Atristain y de Iñigo Cabacas, dos apuntes específicos.

El Estado español se somete otra vez al «examen» del Comité contra la Tortura de la ONU. Es la séptima vez que pasa esta evaluación periódica en la que se analiza si Madrid cumple los requisitos de los tratados firmados y adopta las medidas correspondientes. Y en las sesiones que se celebran hoy y mañana en Ginebra hay representación vasca, puesto que Giza Eskubideen Behatokia, Egiari Zor y Sare han presentado un informe en el que reconocen «avances», pero citan también «focos de preocupación». La abogada Iratxe Urizar asistirá en representación de estos organismos.

En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, se alerta a la ONU sobre todo de dos cuestiones: la falta de reconocimiento y reparación a las víctimas de la tortura, por un lado, y los escollos al itinerario legal hacia la libertad de las personas presas, por otro.

En este segundo bloque hay un apunte para el revelador caso de Xabier Atristain. Y se añade una valoración del caso de Iñigo Cabacas, puesto que el comité ha reclamado información al Estado sobre su muerte y sobre la sentencia.

TORTURA SIN RECONOCIMIENTO

Por lo que respecta a la tortura, la aportación vasca empieza constatando que «desde 2015 no se han producido nuevos casos de tortura», lo que prueba que «fue una práctica íntimamente vinculada a las medidas y políticas antiterroristas». Sin embargo, trae a colación que los Gobiernos de Lakua e Iruñea han identificado «como mínimo 5.379 casos de tortura en ese contexto» y que esas personas «no se han visto acogidas institucionalmente en sus derechos de verdad, reconocimiento, justicia y garantías de no repetición».

Behatokia, Egiari Zor y Sare llaman la atención sobre un extremo: «Es imposible entender la inactividad de judicatura o de Fiscalía para interesarse por semejante estimación, ya sea para confrontarla por fraudulenta, ya sea para validarla y reabrir los casos. Lo que no se puede asumir es que nadie se dé por aludido». Explican que en estos casos opera «una doble losa de impunidad», puesto que los casos anteriores a 1977 quedan borrados por la Ley de Amnistía y los posteriores están chocando con «los plazos de prescripción», gracias a que estos delitos no son investigados ni están castigados con penas adecuadas. «Siguen pues sin completarse las demandas recogidas por el Comité en su anterior informe de observaciones finales», añaden.

La delegación vasca traslada al comité que la «impunidad» tiene como mayor exponente los indultos y ascensos a torturadores. Cita expresamente el caso de Arturo Espejo, implicado en el caso de Mikel Zabalza pero ascendido a general, y lo une a las constantes declaraciones apologéticas «que humillan o insultan a sus víctimas, generándoles una doble victimización». Acto seguido, tres ejemplos: las memorias de Antoni Asunción en las que implicaba al entonces ministro José Luis Corcuera en las cartas-bomba contra HB; las de José Barrionuevo autoinculpándose del secuestro del refugiado Joxe Mari Larretxea; y los elogios de Juan Alberto Belloch al general Enrique Rodríguez Galindo, condenado por secuestro y muertes.

En este bloque, inciden también en que «personas que anteriormente fueron sometidas a tortura, derivado de testimonios autoincriminatorios o que inculpaban a terceras personas, permanecen aún en prisión con condenas severas de cumplimiento íntegro».

«Las condenas de estas personas no son revisadas, por lo que siguen cumpliendo penas de cárcel fundadas sobre pruebas ilegales al haber sido obtenidas fruto de actos de tortura», incide el documento. Un informe de Behatokia, el órgano de juristas creado por el Foro Social Permanente, indicó en 2022 que al menos 95 personas padecían esta situación e instó a abordarla.

INSUFICIENCIA DE LAS LEYES VASCAS

Entre los aspectos positivos figuran las leyes de reconocimiento y reparación aprobadas por el Parlamento de Gasteiz en 2016 y el de Nafarroa en 2019 tras no pocas trabas político-judiciales. No obstante, las tres organizaciones vascas reiteran dos críticas.

La primera es que el establecimiento de la condición de víctima «no tiene ninguna virtualidad a la hora de impulsar un recorrido judicial penal». Es decir, estos procedimientos «establecen víctimas, pero no victimarios. Reconocen torturados, pero no persiguen a torturadores». Y recuerda a la ONU que fue el Constitucional español quien lo blindó, cercenando las leyes originales.

Junto a ello, cuestionan que «no se establece ninguna medida de reparación, a no ser que la tortura tuviera efectos en términos de discapacidad o secuelas físicas graves. Así, no ofrecen ninguna medida de reparación terapéutica, tratamiento médico de padecimientos físicos, rehabilitación sicológica-sicoterapéutica de trastornos síquicos, sicosomáticos y sicosociales, no otorga ayudas de corte social (para acceso al mercado laboral, vivienda, estudios...) o no tienen previsiones indemnizatorias, que sí operan para otras víctimas de daños semejantes». En consecuencia, concluye, siguen sin verificarse las observaciones finales anteriores de este Comité en referencia al artículo 12 de la Convención.

A modo de apostilla, el informe no olvida citar que «si bien el régimen de incomunicación no ha venido aplicándose, se mantiene en vigor y no se prevé su abolición».

PRESOS, POLÍTICA ORDINARIA

En lo que atañe a la situación de los presos, se comienza asumiendo que «no se pueden negar avances» como el fin del alejamiento, para matizar que «no es menos cierto que todavía existen cuestiones que no se ajustan a la Convención y se mantienen importantes escollos en los itinerarios de acceso a la libertad», de los que responsabiliza «al tribunal antiterrorista del que dependen, la Audiencia Nacional».

Behatokia, Egiari Zor y Sare informan aquí a la ONU de cuestiones como la reversión de terceros grados, en estos términos: «Las Juntas de Tratamiento de las prisiones vascas dependientes del Gobierno Vasco están informando favorablemente sobre su acceso a medidas de libertad y semilibertad en base a la propia conducta objetiva del preso, mientras que los juzgados y salas de la Audiencia Nacional, tribunal especial antiterrorista, están sosteniendo posiciones antagónicas para mantenerles injustamente en prisión. Este choque de interpretaciones no tiene perspectiva de solución».

Un detalle paralelo es la extensión de la denegación de permisos de salida por unos días, que recuerdan que se deniegan incluso a presos a punto de cumplir íntegramente sus penas. «Sin duda, actuaciones arbitrarias, desproporcionadas, contrarias a la ley y al principio de resocialización y arraigo de la persona presa», valoran estos colectivos. Junto a su impacto para las personas presas citan el efecto de «frustración» para sus familiares, «y las frustraciones no aportan a la consolidación de las garantías de no repetición».

Es aquí donde se aporta el caso muy ilustrativo de Xabier Atristain, a quien se mantuvo la condena e incluso ha sido devuelto a prisión varias veces después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara al Estado por vulnerar su derecho a defensa. Es uno de los casos sobre los que el Comité de la ONU ha solicitado información a Madrid. Para la delegación vasca, no solo hay una clara vulneración de sus derechos sino además un precedente peligroso para otras personas que también vieron impedida su defensa en la incomunicación y siguen cumpliendo penas de cárcel.

Como resumen de este bloque, las organizaciones vascas consideran que «la comunidad internacional debe facilitar la aplicación de una política penitenciaria de carácter ordinario», que no incluya «ni privilegios, ni discriminaciones» a estos presos y presas.

CABACAS, IMPUNE EN LA PRÁCTICA

También se informa al Comité contra la Tortura de la ONU sobre el caso de Iñigo Cabacas, puesto que es uno de los extremos que incluye en este séptimo examen periódico. Y lo hacen en la línea de reconocer que hubo una sentencia condenatoria, pero de alertar que no tuvo efectos.

«La sentencia, ahora firme, impone un relato muy contundente de hechos sobre irregularidades en el uso de las armas, registro de su empleo, desproporción en el uso de la fuerza, ocultación de pruebas y obstaculización de investigación», recuerda. En consecuencia, debería tener un desarrollo disciplinario, pero el Departamento de Seguridad lo ha eludido afirmando que cinco de los ertzainas encausados no pertenecen al cuerpo y que otro solo cumplió órdenes.