El Salvador aprueba juzgar de forma colectiva a cientos de detenidos

La nueva legislación aprobada por el Congreso de El Salvador permitirá juzgar colectivamente hasta a cientos de detenidos en un solo juicio sin precisar pruebas individuales contra cada procesado, validará las confesiones de imputados como prueba y aumentará las penas máximas, en otro paso de la deriva represiva de un país bajo estado de excepción desde hace 16 meses.

Los presos encarcelados en El Salvador como presuntos pandilleros serán juzgados colectivamente, de modo que 900 detenidos puedan ser procesados en un solo juicio.

El Congreso de El Salvador -controlado, al igual que los tribunales, por el bukelismo- aprobó el miércoles la reforma de la ley contra el crimen organizado que ordena «la comparecencia de (varios) imputados en un solo proceso penal por su pertenencia a la misma estructura terrorista o al mismo grupo ilícito y que fueron capturados mientras rige el régimen de emergencia», impuesto a partir de marzo de 2022.

La acusación no precisará ya de pruebas contra cada procesado. El vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos, explicó que «gracias a esta disposición, el Ministerio Público no tendrá que presentar prueba individual contra pandilleros en procesos judiciales penales. Esto facilitará que la oficina del fiscal general y los tribunales procesen a los miembros de pandillas criminales».

MISMA PRUEBA PARA ACUSACIONES COLECTIVAS

Además, la Fiscalía podrá «utilizar las mismas pruebas en procesos judiciales contra un grupo perteneciente a pandillas cuando formen parte de una misma célula u operen en la misma área geográfica o hayan participado en el mismo hecho delictivo», añadió. De esta forma, los arrestados bajo el régimen de excepción que se consideren miembros de una misma clica (célula dentro de las pandillas) serán sometidos a un solo proceso penal con el fin de lograr sentencias rápidas.

Asimismo, la reforma facilita la introducción de las confesiones de imputados como pruebas, sin necesidad de testimonios.

Por otro lado, se permitirá el registro confidencial de adolescentes con fotografías, que no podrá ser utilizado para la certificación de antecedentes penales, entre otras medidas.

Esta «disposición transitoria» fue aprobada con el voto de 67 diputados aliados al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de un total de 84.

El Congreso también aumentó las penas para los líderes de las pandillas, que podrán ser condenados a un máximo de 60 años de prisión en vez de 45, ya que hasta ahora tanto los «autores mediatos» como los inmediatos recibían las mismas penas.

«Por años, los pandilleros creyeron estar sobre la Justicia, nadie los frenó, pero hoy nosotros te protegemos. Actualizamos la Ley Contra el Crimen Organizado para incrementar las penas a los líderes de pandillas hasta un tercio de la condena máxima por cada delito cometido», señaló un comunicado de la Asamblea Legislativa en Twitter.

El diputado opositor Jaime Guevara, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), criticó que con las reformas «no hay garantías de que no se procese a personas inocentes».

El Gobierno salvadoreño decretó en marzo del año pasado el estado de excepción que ha sido prorrogado en sucesivas ocasiones y ha facilitado la detención de más de 66.000 personas, encarceladas muchas de ellas en una nueva macroprisión en condiciones extremas de aislamiento y vigilancia.

El estado de excepción ha conllevado múltiples violaciones de derechos humanos, y las ONG de derechos humanos han identificado patrones de muertes por tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes al amparo de esta legislación.

La Procuraduría de Derechos Humanos ha registrado cerca de 8.000 denuncias, la mayoría por detenciones arbitrarias, pero también por abusos de las fuerzas de seguridad, e incluso 90 muertes de detenidos bajo custodia policial.