Estado de excepción en Ecuador tras la muerte del candidato Villavicencio

Guillermo Lasso decretó ayer el estado de excepción por al menos dos meses en Ecuador para «garantizar» la celebración de los comicios el próximo 20 de agosto, tras la muerte en atentado del diputado y candidato presidencial Fernando Villavicencio a la salida de un mitin en Quito. El país andino sufre, vinculada al narcotráfico, la peor crisis de seguridad de su historia.

El Gobierno de Guillermo Lasso y el Consejo Nacional Electoral no tienen intención de suspender o aplazar la primera vuelta de los comicios presidenciales previstos el 20 de agosto pese a la muerte a tiros de Fernando Villavicencio, uno de los principales candidatos. Para «garantizar la seguridad» en la campaña electoral y la jornada de votación se ha decretado el estado de excepción durante al menos 60 días. Al cierre de esta edición se desconocía la autoría del ataque, pero las autoridades señalaron al crimen organizado.

Ecuador seguía ayer conmocionado después de que Villavicencio, candidato de los movimientos Construye y Gente Buena, muriera tiroteado el miércoles por la noche a la salida de un mitin en un polideportivo de Quito. Aparecía segundo en la intención de voto con el 13,2%, por detrás de la abogada Luisa González (26,6%), única mujer en liza y afín al expresidente Rafael Correa, según la última encuesta difundida por Cedatos.

Villavicencio, periodista de 59 años y diputado hasta la disolución de la Asamblea Nacional en mayo para celebrar comicios anticipados, tenía protección policial después de que la semana pasada denunciara amenazas de muerte del líder de la mayor banda criminal del país, ligada al mexicano Cártel de Sinaloa, Los Choneros, que está detenido. Había arremetido contra las fuerzas de seguridad por «mirar hacia otro lado» ante el crimen organizado.

Era uno de los ocho aspirantes a la Presidencia de Ecuador, un país que fue durante décadas un relativo oasis de paz en Sudamérica pero golpeado en los últimos años por el narcotráfico.

«Las Fuerzas Armadas se encuentran actualmente movilizadas en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y elecciones libres y democráticas», señaló Lasso en un discurso difundido en YouTube. Y decretó tres días de luto nacional «para honrar la memoria de un patriota».

«Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral», agregó Lasso.

Las Fuerzas Armadas señalaron en un comunicado divulgado por la red social X, antes Twitter, que están «férreamente unidas para respaldar a la democracia y actuar de inmediato para combatir a quienes pretenden aterrorizar a la población, atentar contra la democracia y destruir la paz».

El ataque contra Villavicencio dejó, además, nueve heridos, incluida una candidata a la Asamblea Nacional. Según la Fiscalía, el presunto atacante fue abatido por el personal de seguridad.

Testigos relataron que Villavicencio recibió al menos 40 disparos, tres de ellos en la cabeza, tras ser «emboscado» en el exterior del polideportivo.

El diario “El Universo”, el principal del país, informó de que Villavicencio fue «asesinado al estilo sicariato y con tres tiros en la cabeza» y de que la Policía detonó un artefacto explosivo colocado en el lugar del atentado.

SEIS DETENIDOS «EXTRANJEROS»

No está clara la autoría del atentado, pero el Gobierno apunta a las bandas criminales que operan en Ecuador, y anunció la detención de seis personas -dos de ellas plenamente identificadas-, todas extranjeras, aunque no mencionó su nacionalidad.

Guillermo Lasso responsabilizó a miembros del «crimen organizado» y advirtió de que «les va a caer todo el peso de la ley». «Este crimen no va a quedar impune (…), el crimen organizado ha llegado muy lejos», advirtió Lasso, quien dice sostener una guerra contra el narcotráfico que ha generado que la tasa anual de homicidios casi se duplique en 2022 a 25 por cada 100.000 habitantes, y matanzas carcelarias que dejan más de 430 reclusos muertos desde 2021.

En un corto vídeo de origen desconocido, un grupo de hombres encapuchados y fuertemente armados se autoidentifica como la banda criminal Los Lobos -que trabaja para el también mexicano cártel Jalisco Nueva Generación- y se atribuye el crimen sin mencionar a Villavicencio. Pero en otra grabación posterior, hombres con el rostro descubierto y vestidos de blanco desmienten a los del primer vídeo, y su portavoz dice que pertenecen a la misma agrupación al tiempo que niega la autoría del crimen. «Ecuador, no se dejen engañar. Nosotros somos el GDO (grupo de delincuencia organizada) Los Lobos, no nos tapamos las caras, nadie habla por nosotros y sí cumplimos con la paz», dice un hombre. «Nosotros jamás hemos asesinado personas del Gobierno o civiles», añade.

ACÉRRIMO CRÍTICO DE CORREA

A pesar de declararse de «centroizquierda», este antiguo sindicalista era cercano al derechista Guillermo Lasso. Acérrimo crítico de Rafael Correa, como periodista, Villavicencio destapó una red de corrupción que salpicó al exmandatario, quien desde 2017 vive en Bélgica y fue condenado en ausencia a ocho años de prisión, acusado de haber recibido sobornos.

Después, ejerció como presidente de la comisión legislativa de Fiscalización, donde continuó denunciando casos de corrupción.

Se presentaba a las elecciones anunciando su oposición a las mafias y abogando por medidas a favor de reducir el desempleo.

Entre otras propuestas de campaña, quería la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la Amazonía.

Verónica Sarauz, su esposa, denunció en X que a su marido lo mataron «porque fue el único que se enfrentó a las mafias políticas y a los narcotraficantes en este país».

Condena general de países y organismos internacionales

La condena por la muerte a tiros del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue prácticamente unánime, tanto por parte de países como de organismos internacionales. El Gobierno de EEUU afirmó que supone un «ataque descarado» contra la democracia y el Estado de derecho en el país andino y expresó su disposición a colaborar en la investigación. China, por su parte, además de condenar lo sucedido, pidió que se mantenga la estabilidad en el país y que se celebren unas elecciones seguras. Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia coincidieron en mostrar su repudio, mientras que México cuestionó que detrás del ataque esté el Cártel de Sinaloa. La Unión Europea (UE), la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) lo calificaron de ataque contra las instituciones, pidieron defender la democracia ecuatoriana y expresaron su temor a que este ataque amenace las elecciones, respectivamente.GARA

El ELN niega un plan para matar al fiscal Barbosa

La negociación entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se vio sacudido el miércoles con la denuncia de la Fiscalía General de un supuesto plan de la guerrilla para acabar con la vida del fiscal general, Francisco Barbosa, en pleno cese al fuego bilateral, extremo negado ayer por el ELN.

La Fiscalía aseguró el martes tener información sobre guerrilleros que estarían entrenándose en Venezuela para atentar contra Barbosa.

El ELN negó un día después que haya elaborado un plan para matar al fiscal general y, en cambio, aseguró que es un intento de desestabilizar los diálogos de paz, iniciados en noviembre. «Es falsa la noticia que ha entregado el fiscal Barbosa. Con ella intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el Gobierno y el ELN», aseguró su delegación negociadora.

Según la denuncia del fiscal general, cinco cabecillas guerrilleros se habrían reunido en julio en el lado venezolano de la frontera para poner en marcha el operativo que tendría como objetivo a Barbosa, muy crítico con la política de diálogo con grupos armados que impulsa el presidente, Gustavo Petro.

La Cancillería de Venezuela expresó su «profunda preocupación ante las escandalosas informaciones (...) que intentan minar el proceso de paz» y aseguró que las autoridades harán una «exhaustiva y transparente investigación» sobre el presunto uso de su territorio con fines «terroristas».

La oposición, que ve con malos ojos un posible desarme del ELN para hacer política, pidió el fin de los diálogos. El próximo encuentro estaba previsto el 14 de agosto en Caracas.

El jefe negociador del Gobierno, Otty Patiño, aseguró que si resulta ser verdad, el ELN «estaría violando los más elementales principios del derecho internacional humanitario».

La guerrilla pidió «una reunión extraordinaria» del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del proceso de paz.GARA