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Se agrava en Chile el estado de los presos mapuches en huelga de hambre y sed

Diecisiete presos políticos mapuches en la cárcel de Angol fueron un paso más allá en su protesta al sumar el rechazo a ingerir líquidos a la huelga de hambre que mantienen desde hace más de 100 días para exigir el fin de su dispersión y la restitución de sus derechos. A esta protesta se han adherido los 19 comuneros mapuche encarcelados en Temuco. Los huelguistas, cuyo estado se agrava, responsabilizan al Gobierno y a la Gendarmería de su situación.

Imagen de archivo de una protesta de familiares de comuneros mapuches en Temuco. (Mario QUILODRÁN | AFP)

La restitución del módulo especial en el que estén reagrupados todos los presos políticos mapuches en la cárcel de Angol y la vuelta a esta prisión de los seis comuneros que fueron dispersados a otros puntos de Chile el 7 de mayo son las principales demandas del colectivo que mantiene una huelga de hambre desde hace más de 100 días y de sed desde el pasado lunes. A los 17 presos de Angol, cuyo estado se agrava por momentos -Joaquín Millanao Queipul ha sido hospitalizado y Juan Pinchulef se encuentra en la enfermería de la cárcel- ante la indiferencia del Gobierno de Gabriel Boric y de la Gendarmería, se sumaron el 18 de agosto los 19 mapuches recluidos en el módulo de comuneros de Temuco, 8 de los cuales dejaron también de ingerir líquidos desde el inicio.

El origen de esta huelga de hambre y sed -a la que los presos políticos mapuches han recurrido casi anualmente en los últimos años en defensa de sus derechos- fue un montaje de la Gendarmería, según denuncian los comuneros. La Policía les acusó de intentar secuestrar a varios carceleros, lo que los reclusos mapuches niegan aunque sí hubo algunos incidentes, y utilizó esa acusación para eliminar el módulo en el que estaban reagrupados y enviar a seis de ellos a Rancagua, Concepción y Puerto Montt, aunque luego fueron llevados en Temuco, en la Araucanía y cuyas condiciones son más restrictivas.

Por eso, los huelguistas demandan la reapertura de ese módulo especial, donde recibían visitas tres veces por semana y en el que poder mantener su cohesión como pueblo y su vínculo con la machi Isabel Puel, su autoridad espiritual y de salud, un derecho amparado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce la diversidad cultural y los derechos colectivos de los pueblos originarios en un acuerdo de 1989 al que Chile se adhirió.

El lonko Víctor Queipul acusó a la Gendarmería y al Ejecutivo chileno de desoír las demandas de los comuneros, pese a comprometerse a resolver el conflicto. «Los derechos que reclaman no son beneficios ni privilegios», señaló, sino garantías internacionales que les corresponden como prisioneros pertenecientes a un pueblo y cultura anteriores a los Estados colonialistas.

El werken de los presos políticos mapuche de Angol, Rodrigo Curipán, aseguró que no ha existido un acercamiento por parte del Gobierno e informó de la negativa de los comuneros a ser hospitalizados.

Los familiares, que mantienen una vigilia frente al centro penitenciario de Angol, han asegurado que su estado de salud es «grave».

En estos meses ha habido numerosas protestas y los presos han difundido varios comunicados. En el último, los comuneros de Temuco responsabilizan de lo que pueda ocurrir al Gobierno chileno y a la Gendarmería.



El Gobierno ultima la reforma de su Ley Antiterrorista

La ministra de Interior de Chile, Carolina Tohá, anunció que el Gobierno presentará el proyecto que busca reformar la Ley Antiterrorista ante el Congreso a finales de esta semana, según la agencia ATON. El proyecto se viene trabajando desde el verano, ya ha cumplido el calendario de consultas con los poderes del Estado y se está presentando a las distintas bancadas. Tohá aseguró que esta iniciativa legislativa «tiene un cronograma que se va a cumplir, independiente de los atentados», en referencia a los últimos episodios de violencia en la región del Biobío. Entre los cambios planteados se contempla, según el diario “La Tercera”, la creación de una nueva categoría de delitos «de favorecimiento de la asociación terrorista», para que pueda sancionarse a quien cometa, por ejemplo, extorsión o lavado de activos con el fin de favorecer la actividad de una asociación «terrorista». GARA