«Grupos (terroristas) que defienden modelos de sociedad sostenible»

La memoria de la Fiscalía de la Audiencia Nacional incluye novedades destacables, por el paso represivo que pueden suponer, en el apartado dedicado al «Ecologismo radical», que incluye dentro del repaso que da a las posibles amenazas de «terrorismo nacional», en contraposición al «terrorismo internacional».

En el apartado en el que se evalúa el «estado actual de la amenaza», señala que los colectivos ecologistas, como en el resto del mundo, «han incrementado notablemente su actividad, tanto cuantitativa como cualitativamente». Añade que han pasado de la «desobediencia civil no violenta» a «realizar acciones de mayor calado», como las realizadas en diferentes museos. Según el Ministerio Fiscal, estas acciones «ya no tienen tanta aceptación y beneplácito en el conjunto de la ciudadanía».

Lo grave llega cuando señala directamente a Extinction Rebellion «y sus grupos satélites» y a Futuro Vegetal como grupos responsables de las acciones.

Y el chiste, si se permite, viene cuando concluye: «Es previsible que las acciones continúen, incluso se incrementen al incorporarse cada día más jóvenes a estos grupos que defienden modelos de sociedad sostenible».

31 ECOLOGISTAS DETENIDOS FRENTE A 14 ULTRAS DE EXTREMA DERECHA

La memoria de la Fiscalía también da números. Sobre el supuesto «ecologismo radical», explica que en 2022 hubo 31 detenidos, una cifra que contrasta con la referida a la extrema derecha, que acabó el año con solo 14 detenidos.

La relación de acciones que la Fiscalía de la AN achaca a este «ecologismo radical» también habla por sí sola: once concentraciones ilegales -algunas con obstrucción o cortes de vía pública-, dos delitos contra el patrimonio, nueve acciones de daños públicos o privados -dos de ellos con obstrucción- y una publicación reivindicando daños privados.

QUEJA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

La organización Amnistía Internacional criticó recientemente la inclusión de grupos ecologistas bajo el epígrafe «Terrorismo Nacional», reclamando a la Fiscalía «que considere el carácter pacífico de las actividades de estas organizaciones y reconozca que sus acciones están amparadas por el derecho a la libertad de reunión pacífica».

«La desobediencia civil pacífica forma parte de la libertad de expresión y debe ser protegida por todas las instituciones del Estado, incluido el Ministerio Fiscal. Presentar cargos de terrorismo contra participantes en acciones de protestas pacíficas es una limitación indebida de la libertad de expresión y reunión, y puede tener un efecto disuasorio, lo que supone una clara amenaza al derecho de protesta en nuestro país», señaló el portavoz de la ONG, Daniel Canales.