Una treintena de agentes se suman a la huelga del 30N con un acuerdo

Una treintena de agentes políticos, sindicales y sociales se han sumado a la huelga feminista del 30N firmando un acuerdo social en defensa de un sistema público comunitario de cuidados. Las firmantes lo tienen claro: el marco actual es «insostenible» y los cambios han de ser estructurales, pero también hay situaciones «precarias y colapsadas» que exigen soluciones urgentes.

Decenas de mujeres de todas las edades y condiciones se reunieron ayer en Hernani para mostrar su adhesión a la huelga feminista del 30N, enumerar las razones y requerimientos por los que se plantarán y presentar el acuerdo social pactado entre una treintena de agentes sociales, sindicales y políticos de Euskal Herria. Un acuerdo que pone el acento en la necesidad de un nuevo sistema de cuidados público-comunitario, ya que el actual marco es «insostenible».

«En los últimos 20 años desde las instituciones vascas se han privatizado sistemáticamente todos los servicios de cuidados posibles, para ponerlos a disposición de las empresas amigas y sacar de ellos millones de beneficios a costa de las trabajadoras», denunciaron, y matizaron que, aunque utilicen términos como «comunidad», se están implantando políticas «que ponen en el centro a la familia heteropatriarcal para evitar el desarrollo de estos servicios. De nuevo, las tareas de cuidados recaen sobre las mujeres, y a menudo sobre las mujeres migradas y racializadas».

LA VIDA EN EL CENTRO

Se trata de un sistema que prioriza «el capital por encima de nuestras vidas», por lo que las firmantes abogan por darle la vuelta a la tortilla y apostar por el derecho colectivo al cuidado, es decir, «por el derecho de todas las personas de ofrecer y recibir cuidado durante toda la vida, con libertad y compromiso». Plantean transformar la actual organización social, lo que, entienden, implicaría pensar en dos planos: por un lado, responder a las necesidades urgentes (situaciones más precarias y colapsadas) y, por otro, plantear cambios estructurales a largo plazo.

Entre las reivindicaciones inmediatas, proponen reconocer como derecho y garantizar la universalidad de unos «cuidados dignos», terminar con la privatización y reforzar el sistema público, derogar la Ley de Extranjería y regularizar a las trabajadoras de cuidados, asegurar salarios dignos y mejorar las condiciones laborales, crear redes de apoyo para cuidadoras y garantizar tiempos de cuidado, interpelar a los hombres para que se responsabilicen de estos trabajos, fomentar la agroecología e intervenir en el mercado inmobiliario para garantizar el derecho a la vivienda, entre otros.

Con la mira puesta a largo plazo, consideran que desarrollar un sistema público-comunitario de cuidados «requiere un gran cambio cultural que hay que abordar transversalmente» y remarcan la necesidad de trabajar en el concepto de «cultura del cuidado» para concienciar a la ciudadanía. Plantean, entre otros, la necesidad de reconocer distintos tipos de familias, de promover la coeducación y desarrollar un modelo de educación basado en el cuidado, terminar con «la división sexual y racista del trabajo», construir nuevos modelos de gobernanza popular, promover la soberanía alimentaria y transformar el diseño de los espacios, el uso del tiempo y el urbanismo con propuestas como las viviendas comunitarias.

Las firmantes aseguran que estas reivindicaciones son fundamentales para llegar a una sociedad donde el cuidado sea entendido como «una necesidad y un derecho colectivo a lo largo de toda la vida», y exigen «responsabilidad y compromiso» a los responsables políticos, porque, aseguran, «esta situación es insostenible y sus responsables tienen nombres y apellidos».

«El 30N vamos a hacer huelga en Euskal Herria. Nos estamos organizando pueblo a pueblo, asamblea por asamblea, definiendo el sistema público de cuidados y politizando nuestras vidas. Este es un proceso para poner las vidas de todas en el centro, y a eso vamos», aseguraron.