La sociedad valora a las migrantes por su trabajo de cuidados, pero les paga peor

El barómetro de Ikuspegi sobre percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero en la CAV constata la visión utilitarista de la sociedad de la mujer migrante, que contribuye a mantener el actual sistema de cuidados en unas peores condiciones laborales.

Ikuspegi, el Observatorio Vasco de Inmigración, presentó ayer en Bilbo el estudio anual en el que analiza las actitudes y opiniones de la sociedad de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa hacia la población de origen extranjero. Se concluye que la inmigración no es percibida como un problema significativo, al contrario, la valoración de los últimos años no ha parado de mejorar. Destaca que se ha asentado un discurso funcional, reconociendo su contribución positiva al mercado laboral, especialmente el de las mujeres que sustentan el sistema de cuidados.

Julia Shershneva, directora de Ikuspegi, manifestó que «una vez desaparecida la emergencia social por la guerra de Ucrania, los datos muestran una imagen similar a la obtenida en 2021». Apuntó a que existe una percepción social asentada de la «sobredimensión» del efecto migratorio, ya que mientras la población de origen extranjero empadronada en la CAV ha crecido hasta el 12,4%, la impresión entre la ciudadanía encuestada es del 21,4%.

En general, según el estudio, la sociedad cada vez está más familiarizada con la llegada de extranjeros, aunque siguen asentados muchos estereotipos. Por ejemplo, cuando se pregunta sobre el origen que se cree que va a tener en caso de que la población inmigrante continúe creciendo, la mayoría se decanta por la magrebí (78,2%) seguida de la procedente de África subsahariana (62,5%) y Latinoamérica (62,3%). Esa sensación contrasta con la realidad de los datos objetivos, que indican que la mayoría son de origen latinoamericano.

En términos generales, la población percibe los «beneficios económicos y la funcionalidad laboral» de la llegada de extranjeros. De forma paralela, no la responsabiliza de la tasa de paro, el descenso del empleo o de la bajada de los sueldos, sino todo lo contrario.

Fijando la atención en las mujeres migrantes, las personas encuestadas en marzo pasado se muestran de acuerdo con la contribución social (75,7%) y económica muy importante (70.5%) de su trabajo, y de que, entre otras cosas, hacen posible una mejor conciliación familiar y laboral (74,9%). No obstante, a pesar de ser consciente de su significativa aportación, se percibe que sufren unas peores condiciones laborales (78,4%), en especial las musulmanas (74,6%). Un 72,2% cree, además, que sufren más violencia machista.

Tendencia «asimilacionista» En temas de integración social, existe una tendencia «asimilacionista», en la que se espera que sea la población migrante la que haga el esfuerzo de adaptación a las costumbres y tradiciones locales. Profundizando en la gestión de la diversidad, dos tercios creen que las personas inmigrantes deben abandonar aquellas partes de su religión o cultura que entren en conflicto con la legislación en vigor en la CAV (66,3%).

Ateniéndose a este último barómetro, casi siete de cada diez personas (68,5%) opinan que todos, independientemente de su origen, han de ser iguales y gozar del mismo acceso a servicios como la asistencia sanitaria, ayudas sociales o viviendas de protección. Frente a este planteamiento, un 29,2% de la población consultada estima que en el acceso a estos derechos deben tener «prioridad» los autóctonos frente a los extranjeros, cifra sensiblemente mayor a la observada en los últimos tres años.

Un aspecto positivo que se resalta es la mejora en la impresión del grado de integración. Comparando con datos de 2016, en 2023 los consultados perciben a las personas de todas las procedencias como más integradas en la sociedad, incluso aquellas consideradas cultural o simbólicamente más distantes.

En cuanto a los menores extranjeros no acompañados, la mayoría de los encuestados considera que las administraciones deben atenderles, pero con matices, ya que un 40,3% sostiene que hay que fijar un cupo, mientras que otro 30,4% es partidario de proporcionarles pisos o residencias tuteladas. Por último, otro 23% estima que habría que devolverlos a su país de origen.