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INFORME DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN

La comisión para víctimas del Estado pide difusión de sus testimonios

La comisión de reconocimiento de víctimas del Estado pide la máxima difusión del informe presentado ayer en el Parlamento de Gasteiz, para dar visibilidad a testimonios espeluznantes que ya son oficiales y que solo la «anestesia» reinante impide que sean un escándalo político.

Juana Balmaseda, presidente de la Comisión, y Jon Mirenda Landa. (Jaizki FONTANEDA | FOKU)

«Que estos casos oficiales por ley de muertes, lesiones y gravísimas torturas no sean un escándalo es algo que nos inquieta. Y es así porque hay una anestesia que se rompe dando a conocer los testimonios de las víctimas». «Víctimas que, además, muchas veces han contado lo sufrido a esta comisión después de habérselo callado incluso ante sus familias durante años». De esta forma se expresaron con claridad ayer los miembros de la comisión de reconocimiento de las víctimas del Estado ante el Parlamento y por ello pidieron la máxima difusión del informe presentado.

La denominada oficialmente Comisión de Valoración para el Reconocimiento y Reparación de las Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos presentó en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Gasteiz su “Tercer Informe anual de la Comisión de Valoración para el reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999”, correspondiente al periodo julio 2022 - junio 2023.

Y tras unas denominaciones tan burocráticas, aparece un equipo de personas empáticas con las víctimas de la violencia del Estado, padecida tanto de elementos policiales y oficiales como parapoliciales, y un informe que reconoce a 66 de estas víctimas que ofrece testimonios desgarradores.

Al mismo tiempo, proponen una serie de mejoras legales y administrativas para que su trabajo no acabe atascándose y para ofrecer una mejor reparación de estas víctimas. Tanto de los testimonios como de las trabas sufridas ha ido informando GARA en los últimos días. Además, en la noticia de NAIZ está disponible el informe íntegro.

COMPARECENCIA Y PETICIONES

La presidenta de la Comisión, Juana Balmaseda, que es experta en la materia, y Jon Mirena Landa, miembro de la misma y jurista especializado, comparecieron ante la comisión parlamentaria, mientras que otros miembros de la misma la siguieron desde una sala anexa. El informe se había distribuido con anterioridad entre los parlamentarios, aunque la portavoz del PSE, Miren Gallastegui, apuntó que hubiera sido mejor tenerlo todavía con mayor antelación, puesto que es «un informe magro, sin tonterías».

Fue Jon Mirena Landa quien en su última intervención declaró su inquietud por que los testimonios que se ofrecen en el informe, que están comprobados y oficializados, no produzcan un escándalo. Pero lo llamativo es que tampoco la mayoría de parlamentarias y parlamentarios que ya lo conocían mostraron especial consternación por lo leído, que, recordemos, incluye relatos espeluznantes de torturas, incluso con un punto de vista de género tantas veces obviado.

También se recoge en el informe, y Juana Balmaseda lo expuso de forma expresa ante la comisión, el dolor añadido que sintieron las familias de Joxi Zabala y Joxean Lasa por -tras el secuestro, tortura y muerte de los jóvenes- ver cómo la Policía española y la Guardia Civil cargaron en el aeropuerto de Hondarribia, y después la Ertzaintza apaleó a familiares y allegados en el cementerio de Tolosa. Los representantes parlamentarios de los partidos que entonces y ahora mandan en los cuerpos policiales no sintieron tampoco la necesidad de decir nada.

Los integrantes de la Comisión de Verificación, además de pedir la máxima difusión de sus informes, solicitaron más medios para hacer su trabajo y la apertura de nuevos plazos, puesto que su labor está haciendo que más víctimas confíen en ellos.

También ven necesario revisar de manera urgente las indemnizaciones previstas en la ley, puesto que hay casos de enorme sufrimiento que, sin embargo, no pueden ser indemnizadas o dan lugar a unas «indemnizaciones irrisorias» que pueden resultar contraproducentes.

Junto a ello, dieron cuenta de los problemas que encuentran para acceder a determinados archivos militares y otros de los tribunales. Y no pasaron por alto los intentos de sabotaje y boicot padecidos a través de la presentación de requerimientos artificiales por miembros de las FSE, familiares y sectores afines.

TURNO DE GRUPOS

El turno de grupos comenzó por Iñigo Martínez, de Elkarrekin Podemos-IU, puesto que la representante de Vox estaba en otra Comisión y ninguno de los otros cuatro miembros del PP parece que podían sustituir a Carmelo Barrio, que estaba en la Ponencia de Educación. Después, cuando volvió para la segunda ronda, Barrio dijo que había seguido las intervenciones pero su único comentario fue que «analizaremos el informe y las propuestas con total rigor».

Iñigo Martínez agradeció a la Comisión su trabajo, su mirada pro-víctima, recordó el acto que tendrá lugar hoy mismo en el Kursaal de Donostia, donde se procederá al reconocimiento de las 66 víctimas recogidas en este informe, y apostó por la significación de los lugares en los que se produjeron estas vulneraciones de derechos y por el fin de los agravios con otras víctimas.

Miren Gallastegui, del PSE, al igual que Iñigo Iturrate, del PNV, defendió el trabajo de la Comisión, incluso a pesar de las adversidades, aunque al mismo tiempo se felicitaron por el cumplimiento de algunas de las peticiones realizadas hace un año. Sobre todo, el jeltzale Iturrate fue especialmente vehemente en defender el compromiso con estas víctimas del Gobierno de Lakua y del Instituto Gogora.

Desde EH Bildu, Julen Arzuaga no solo apoyó el trabajo de la Comisión, sino que quiso «agradecer y felicitar» su labor y les pidió que sigan. Resaltó la empatía mostrada por sus integrantes con las víctimas, a muchas de las cuales han puesto voz recogiendo sus testimonios en el informe, lo que ha contribuido a superar la desconfianza con la que algunas veían esta ley. También destacó la perspectiva de género adoptada. Pero se preguntó también cómo puede haber torturados sin torturadores.

¿PASO A LA VÍA PENAL?

Arzuaga recordó que la nueva legislación estatal y autonómica de memoria recoge la posibilidad de llevar algunos de estos casos por la vía penal, al entenderse que la Ley de Amnistía no puede aplicarse ante la gravedad de lo ocurrido. Puso el ejemplo de uno de los reconocidos en el Informe, Josu Mugica, muerto en una balacera policial en Madrid en la que estuvo implicado, según propia confesión, el chivato Mikel Lejarza, El Lobo, que entrevistado en Radio Euskadi recientemente aseguró que lo volvería a hacer.

Desde la Comisión, Jon Mirena Landa apuntó que dar ese segundo paso de ir a la vía penal no les corresponde a ellos, pero se felicitó por que al menos pueden ofrecer un primer paso a esas familias, que es rescatar la «verdad» de lo que les hicieron.

Los cuatro grupos anunciaron su apoyo a las peticiones de la comisión, aunque coincidieron en que la reforma legal ya no será posible en esta legislatura. En todo caso, Julen Arzuaga sí sugirió a la Comisión que podría ir especificando las reformas que pedirían, lo que podría servir para arrancar cuanto antes en la próxima legislatura, ya que la «autoridad» que se han ganado podría evitar discusiones entre los grupos.

Landa señaló que no quisieran entrometerse en los ritmos y decisiones del Parlamento, pero que están abiertos a hacer las aportaciones que se les pidan.