El pacto PSOE-Junts encarrila la investidura y cierra la ley de amnistía

El acuerdo del PSOE y Junts allana la investidura de Pedro Sánchez y cierra el pacto sobre la futura ley de amnistía con la inclusión de casos de «lawfare». Ambas formaciones acuerdan buscar «un conjunto de pactos que contribuyan a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya» y establecen una mesa de negociación con mediadores internacionales.

Tras semanas de intensas negociaciones, finalmente ayer el PSOE y Junts per Catalunya cerraron el acuerdo político que garantiza el voto a favor de los siete diputados de la formación independentista a la investidura de Pedro Sánchez. Se trata de un acuerdo de «investidura y legislatura», afirmó Santos Cerdán en una comparecencia celebrada en Bruselas. Una afirmación que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont puntualizó horas más tarde también en la capital belga: la legislatura se condiciona «a los avances y no solo a los cumplimientos».

Con todo, el pacto entre PSOE y Junts da vía libre a la investidura de Sánchez, que se celebrará previsiblemente los próximos 15 y 16, el miércoles y jueves de la semana que viene. La ley de amnistía, núcleo del pacto y motivo de demora en su cierre definitivo, también será presentada y registrada la próxima semana a falta de que el resto de partidos que apoyarán la investidura revisen el documento, que necesitará superar el aval del Tribunal Constitucional tras el recurso que ya anunciaron PP y Vox.

Estabilidad, amnistía y reconocimiento nacional son los ejes del acuerdo anunciado ayer. Respecto a este último, el texto acordado entre ambas formaciones sitúa el origen del conflicto en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 contra el Estatut y recuerda que «desde 2015 se han ido repitiendo mayorías absolutas independentistas» en el Parlament, que desembocaron en una consulta popular (2014) y un referéndum (2017), seguido de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y «múltiples causas judiciales».

En el documento pactado entre Junts y ERC, ambas formaciones subrayan que, a pesar de «las profundas divergencias que han existido y que han dado lugar a un conflicto», la conclusión común es «que solo la política en democracia puede encauzar para buscar una solución, dado que, seis años después, la cuestión de fondo sigue sin resolverse. Así, las formaciones lideradas por Puigdemont y Sánchez apuestan por «la negociación y los acuerdos como método de resolución de conflictos» y acuerdan buscar «un conjunto de pactos que contribuyan a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya».

Para ello, el acuerdo pasa por un reconocimiento del conflicto político, sus orígenes y una mesa de negociación con la figura de un mediador, «que tendría la función de acompañar, verificar y realizar el seguimiento» de la negociación. Así, Puigdemont adelantó que los integrantes de este mecanismo ya están designados y afirmó que las negociaciones no se pueden desarrollar en el Estado español.

Las divergencias de ambas formaciones respecto a la solución del conflicto y a la interpretación política de lo ocurrido a partir 2017 son notorias, y así lo hacen saber en el documento, pero ambas partes señalan que mecanismos como el verificador internacional son una solución a sus «profundas discrepancias» y a las «desconfianzas mutuas».

De este modo, la primera reunión se llevará a cabo este mismo mes de noviembre y a esa mesa Junts llevará su propuesta para organizar un referéndum de autodeterminación «amparado en el artículo 92 de la Constitución» española, mientras que el PSOE defenderá «el amplio desarrollo del Estatut de 2006», así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya».

AMNISTÍA

Puigdemont explicó en Bruselas que la futura ley de amnistía ya acordada sostiene «la voluntad compartida de no dejar fuera a nadie que haya sufrido persecución por su participación de cualquier manera en el procés». La base será el acuerdo ya firmado al respecto por PSOE y ERC, en la que su alcance se extiende hasta 2012 y abarca todos los delitos de carácter político producidos en este periodo, en que además del referéndum del 1 de octubre de 2017 se registró la anterior consulta de noviembre de 2014.

Sin embargo, también se incluirían sumarios encuadrables como lawfare, uno de los extremos reivindicados por Puigdemont, en los que representantes independentistas han sido condenados o están imputados por otras acusaciones teóricamente extrapolíticas y que ha sido el punto que más problemas ha dado a la hora de cerrar el acuerdo. Interrogado sobre ello, Cerdán se limitó a contestar que «serán los jueces quienes valoren si cubre a unos o a otros».

UNA ETAPA «INÉDITA»

Puigdemont destacó en Bruselas que el acuerdo abre «una etapa inédita» a pesar de que quiso ser cauto y pidió «no levantar expectativas». El expresident catalán definió el acuerdo como «el marco en el que decidimos relacionarnos a partir de ahora» después de que «la convivencia» con el Estado español «se haya llegado a hacer insostenible».

En el fondo del acuerdo puso la defensa de «la voluntad del pueblo de Catalunya», expresada a través del Parlament, por lo que remarcó que defiende la legitimidad del referéndum del 1 de octubre, mientras que el PSOE hacía una mención en el texto a la ilegalidad del referéndum de 2017 y la de la DUI. No obstante, Cerdán señaló que el resultado positivo de esta negociación se quiere «devolver al cauce de la política las diferencias entre las administraciones españolas y catalanas».

Nada más anunciarse el acuerdo, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, celebró el pacto señalando que «la serenidad y la convivencia se han impuesto al ruido y al odio», mientras que ERC aseguró que «celebramos encontrarnos todos en la vía de la negociación».

El PP, por su parte, calificó el acuerdo de «vergonzante» y «humillante» y, posteriormente, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, hizo una declaración institucional para decir: «España ha perdido, los independentistas están ganando y el PSOE ha desaparecido».

El líder de Vox, Santiago Abascal, señaló que el pacto entre PSOE y Junts para la investidura de Sánchez supone el comienzo de un «periodo negro en la historia de España», ante el que su partido inicia una «resistencia civil que -augura- será larga».

Ademas del boicot judicial emprendido por el Consejo General del Poder Judicial, las tres asociaciones de fiscales del Estado español se sumaron a los jueces y expresaron su rechazo al acuerdo alcanzado al entender que ataca al sistema de separación de poderes.

Además, varios miles de personas se concentraron ayer ante la sede del PSOE en Ferraz en la séptima jornada de protestas contra los pactos con formaciones independentistas y la ley de amnistía. A la concentración se sumaron las personas que a las 19.00 horas se manifestaron ante la sede del Parlamento Europeo en el Paseo de la Castellana en Madrid para reclamar a Europa que frene la ley de amnistía.