Protestan en Barakaldo contra los desahucios en el aniversario de la muerte de Amaia Egaña

Once años después de la trágica muerte de Amaia Egaña, colectivos sociales y sindicatos denuncian que 2.225 familias de Barakaldo han sido desahuciadas desde entonces, 198 en los últimos doce meses.

El centro asesor de la mujer Argitan, la plataforma contra la precariedad y la pobreza Berri-Otxoak y los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, CGT y CNT se concentraron ayer ante el Palacio de Justicia de Barakaldo para recordar y homenajear a Amaia Egaña, que se quitó la vida el 9 de noviembre de 2012 cuando iba a ser desahuciada de su vivienda.

Las organizaciones sociales y sindicales denunciaron que pasados once años los desahucios siguen vigentes al igual que la falta de una alternativa habitacional para las familias barakaldesas afectadas. Un total de 2.225 familias, según sus datos, han sufrido en la localidad el desahucio de su vivienda a lo largo de estos once años, 198 en los últimos doce meses.

«El 89% de ellas, de una vivienda en alquiler; algunas incluso de la habitación en la que residen, así de grave es problema del acceso a una vivienda en el municipio», detallaron.

En vista de esta situación, demandan la aplicación del protocolo frente a los desahucios que fue acordado en 2013 tras la muerte de Amaia Egaña y renovado en febrero de 2019 por el Gobierno de Lakua, Eudel y el Consejo General del Poder Judicial. Este acuerdo establece que los servicios sociales deben dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente que garantice una alternativa habitacional a todas las personas y familias afectadas por un desahucio.

Además, ante la realidad de incrementos de precios de alquileres e hipotecas, las organizaciones sociales y sindicales barakaldesas exigen el acatamiento institucional de las resoluciones del Defensor del Pueblo-Ararteko, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Se trata de disposiciones legales que obligan a garantizar una vivienda a las familias afectadas por un desahucio, y más cuando tienen menores a cargo.

Asimismo, instaron al equipo de gobierno PNV-PSE a «dar marcha atrás a su política de recortes en el acceso a las ayudas de emergencia e incrementar la partida presupuestaria destinada a las ayudas económicas municipales para frenar el riesgo de desahucio y mantener el plazo de solicitudes abierto durante los 12 meses del año, tal como lo regula la ley, pues el pasado 7 de noviembre se cerró dicho plazo hasta, como mínimo, cuatro meses».

Del mismo modo, exigen a las administraciones públicas que apuesten por el alquiler social y por la dotación de un parque de viviendas municipales «para el realojo inmediato de las familias afectadas por el desahucio de su residencia habitual».