Compromiso para promover alternativas a una justicia «excesivamente punitiva»

El Ejecutivo de Lakua, el Gobierno de Nafarroa y la Generalitat de Catalunya han mostrado su compromiso con una justicia más restaurativa y con la «prevención de la judicialización de los conflictos a través de las prácticas restaurativas comunitarias». Las titulares de Justicia suscribieron una declaración en un acto celebrado en Donostia.

Los Gobiernos de Lakua, Nafarroa y Catalunya suscribieron ayer una declaración en la que se comprometen a transitar de una justicia «excesivamente punitiva» a un modelo «más restaurativo». Las consejeras de Justicia de Lakua, Nerea Melgosa; Nafarroa, Amparo López Antelo; y Catalunya, Gemma Ubasart, firmaron el texto en un acto celebrado en el campus de Donostia de la UPV/EHU, en el que también participaron la directora del Instituto Vasco de Criminología (IVAC), Gemma Varona, impulsora del encuentro, y el secretario general de la Universidad, Aitor Zubimendi.

A través de esta iniciativa las tres administraciones se definen como «pioneras» en la implantación de políticas públicas respaldadas por los estándares internacionales en justicia restaurativa. «Hacer justicia hoy pasa por prestar atención a las necesidades de las víctimas y al objetivo de la reinserción de los responsables del delito», señala la declaración, que remarca que este concepto sirve para el ámbito penal, pero también puede aplicarse a otras áreas en las que se pueden producir daños o conflictos.

El documento, según concreta, aporta un «nuevo enfoque» mediante el que «se devuelve el papel protagonista a las personas implicadas» sin perjuicio del «carácter garante de los operadores jurídicos».

El «efecto reparador» en la víctima es de «alto valor personal» y, además, tiene un «impacto positivo en el conjunto de la sociedad», que «no se da» en el procedimiento penal ordinario en el que las partes enfrentadas tienen «poco margen para abrir un proceso de reparación y, en cambio, predomina el conflicto y sus efectos negativos», agrega.

JUDICIALIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS

«La judicialización del conflicto sitúa a las partes en un escenario de confrontación» y, en términos generales, la sentencia judicial «no tiene un efecto positivo en el trauma de la víctima ni reconduce el comportamiento errático del victimario», por lo que las «expectativas de las partes y del conjunto de la sociedad no quedan, en general, satisfechas», indica el texto.

También aboga por facilitar la participación de la ciudadanía en la justicia «propiciando respuestas restaurativas que permitan articular los principios de voluntariedad, solidaridad, reparación, responsabilización y pacificación, sin perder un enfoque interdependiente en relación con los derechos humanos de las víctimas y de las personas investigadas o condenadas».

PREVENCIÓN DE LA JUDICIALIZACIÓN

Las tres administraciones han acordado trabajar para cultivar los valores y principios de la justicia restaurativa para generar un cambio cultural y sistémico en el ámbito judicial. Asimismo, se comprometen a potenciar servicios estables y a «impulsar el fomento de la prevención de la judicialización de los conflictos a través de las prácticas restaurativas comunitarias».

Al acto de la firma le sucedió la apertura del curso académico del Instituto Vasco de Criminología, cuya conferencia inaugural corrió a cargo del profesor emérito de la Universidad de Lovaina Ivo Aertsen, fundador del European Forum for Restorative Justice, organización no gubernamental fundada en 2000 bajo el nombre de Foro Europeo para la Mediación de Víctimas-Delincuentes y Justicia Restaurativa, quien ha sido nombrado miembro de honor del IVAC.