Nuevas perspectivas tras el agotamiento del modelo colonial

Puerto Rico conmemora este año el 125 aniversario de la invasión estadounidense en 1898. El final de cuatro siglos de colonialismo español no trajo la soberanía, sino el inicio de una complicada relación subordinada a EEUU. El carácter colonial de su estatus ha quedado en evidencia y los partidarios de la soberanía y la independencia afrontan ilusionados y con fuerza el ciclo electoral que llega en 2024.

Un memorial tallado en piedra recuerda en el pueblo de Guánica, al sur de Puerto Rico, el desembarco de las tropas estadounidenses en julio de 1898. Es una bahía muy cerrada, con una larga historia, pero un presente marcado por la emigración: el municipio ha perdido un 29% de la población en una década. En total, más de medio millón de puertorriqueños se han marchado a EEUU desde 2010.

El contraste a Guánica lo encontramos, por un fin de semana, en el cercano San Germán, «el pueblo de las lomas». Miles de personas se reúnen para festejar la Campechada, un festival de cultura puertorriqueña con decenas de debates y actividades culturales. El evento recuerda este año a Lola Rodríguez de Tió, la revolucionaria que luchó contra España (fue desterrada a Venezuela y Cuba) y escribió “La Borinqueña”. Suena el himno nacional, y con las primeras letras el público se emociona. Es la letra original que, alejada de la edulcorada versión oficial (“Cuando a sus playas llegó Colón / exclamó lleno de admiración: / Esta es la linda tierra / que busco yo”), habla de lucha, de machetes, de mujeres indómitas, que mira a Cuba. Aunque fuera escrita contra el poder español, los revolucionarios boricuas llevan más de un siglo cantándolo contra el imperialismo estadounidense.

CAMBIO DE CICLO.

Si bien es cierto que el independentismo ha sido minoritario históricamente en las elecciones de Puerto Rico, no lo es menos que la identidad boricua es poliédrica. Las banderas puertorriqueñas lucen por todos los rincones del país; mientras que la enseña estadounidense apenas se limita a los edificios oficiales. La grave crisis financiera y sociopolítica de los últimos años ha empujado a las nuevas generaciones a la calle a protestar contra el Gobierno y contra los partidos tradicionales que han gestionado la isla durante más de 50 años.

En 2019, las protestas ciudadanas consiguieron echar al gobernador, Ricardo Rosselló. Al año siguiente, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) conseguía quebrar el bipartidismo imperante en la isla con un 14% de los votos, y el Partido Independentista (PIP) también sobrepasaba el 13%. Ahora, ambos movimientos se han coaligado con el objetivo de ganar: «Entre los dos sacamos el 28%; el gobernador tuvo un 32%. Estoy convencido de que el país está preparado para un cambio de gobernanza y para hacer historia», asegura el líder independentista Juan Dalmau, candidato a gobernador en 2024. Mientras, Ana Rivera Lassen, portavoz de MVC y candidata a comisionada residente para representar al país en Washington, asegura que «voy a buscar un verdadero proceso de descolonización».

Lo cierto es que hace ya tiempo que se constató el carácter colonial del estatus del Puerto Rico. Tras más de medio siglo de colonialismo directo y represión total contra el independentismo, en 1953 nacía el Estado Libre Asociado, para sacar a Puerto Rico de la lista de países a descolonizar de la ONU. En estos 70 años, la isla se rige por las leyes de un Congreso que los puertorriqueños no votan, al no ser un estado federal de EEUU. La grave crisis financiera y política de los últimos años ha hecho más evidentes que nunca los problemas que suponen esta falta de soberanía.

«LA JUNTA».

En 2016, una deuda (70.000 millones de dólares) mucho peor que la de Grecia obligó a Puerto Rico a entrar en quiebra. Desde entonces, la Junta de Control Fiscal que impuso el Congreso de EEUU tiene un poder absoluto de veto ante cualquier decisión del Ejecutivo de Puerto Rico. El huracán María de 2017 no solo arrasó la isla; a la imagen de Donald Trump lanzando rollos de WC como si fueran balones de baloncesto mientras mentía sobre las cifras de víctimas (más de 4.500 muertos, 92.000 millones de pérdidas), se le añadió el bloqueo de su Administración a enviar los fondos federales en ayudas que el propio Congreso había aprobado por valor de 20.000 millones de dólares.

Más recientemente, varias sentencias de la Corte Suprema de EEUU han incidido en el carácter colonial de Puerto Rico, negando, por ejemplo, que los residentes en la isla tengan el mismo derecho a recibir las ayudas federales que sí están disponibles para los ciudadanos que viven en EEUU. Trump se jactaba de no haber enviado un dólar a Puerto Rico, y sí reclamaba fondos para Texas y Florida (estados en los que sí se vota para elegir presidente).

«Millonario. Paga tus impuestos», se lee en inglés varias pintadas en la capital San Juan. Uno de los supuestos estímulos económicos tras la quiebra ha sido la creación de normas especiales para que los multimillonarios se trasladen a Puerto Rico sin pagar impuestos. El resultado ha sido que han dejado de pagar lo que les correspondería en su estado de origen, pero muchos de ellos tampoco han terminado por trasladarse por completo a la isla. Lo que sí ha provocado ha sido una presión inmobiliaria que impide a muchos puertorriqueños mantener sus casas. Mientras tanto, la Junta de Control Fiscal sigue vetando lo que considere oportuno de las decisiones del Gobierno de Puerto Rico.

«Es un nuevo modelo antidemocrático, que demuestra quién manda y que somos un régimen antidemocrático. Hay que decirlo, da igual cuál es su aspiración, sea la estadidad, la libre asociación o la independencia, la gente que manda realmente en Puerto Rico no ha sido electa por los puertorriqueños y puertorriqueñas», denuncia Dalmau.

En algunas elecciones se ha preguntado sobre el estatus, y la opción de la estadidad (integrarse por completo en EEUU como un estado más), ha resultado ganadora en alguna ocasión. La paradoja es que, incluso en ese ámbito, Puerto Rico no es soberano; la capacidad legal de decidir si la isla se convierte en un estado más pasa por Washington, y el Congreso estadounidense ha dejado claro en más de una ocasión que esa opción tiene las puertas cerradas.

Esta legislatura sí ha habido dos iniciativas para intentar resolver el conflicto colonial. Hace menos de un año, la Cámara de Representantes votó a favor de abolir el estatus territorial de Puerto Rico y celebrar un referéndum vinculante sobre la relación de la isla con Estados Unidos. El proyecto de ley para «acabar con el estatus colonial» combinaba dos propuestas anteriores opuestas entre sí: una que planteaba que la isla se convirtiera en el estado 51 de EEUU y la “Ley de Autodeterminación de Puerto Rico” impulsada por demócratas progresistas como Alexandria Ocasio-Cortez. El proyecto nunca llegó al Senado, y tampoco lo hará en lo que queda de legislatura.