EH bildu logra dificultar la deslocalización por ley

Se celebró ayer en el Parlamento de Gasteiz un maratón de aprobación de leyes. Además de la de Educación, de la que se da cuenta en las páginas anteriores, destacan la de Empleo presentada por Idoia Mendia y una propuesta de EH Bildu para dificultar la deslocalización de empresas con ayudas públicas.

1•A QUIENES ESTÁN A LA IZQUIERDA DEL GOBIERNO NO LES GUSTA LA LEY DE EMPLEO

Con los únicos votos de PNV y PSE a favor de la Ley de Empleo, el Parlamento arrancó ayer un pleno en el que se aprobaron seis leyes, en un movimiento inédito en la historia de la Cámara.

En la presentación de la ley, Idoia Mendia destacó que esta primera Ley de Empleo adopta la perspectiva del «trabajo digno» en todas las políticas públicas que se diseñen en adelante, además de incorporar el derecho subjetivo a la orientación y activación laboral, la ventanilla única y el historial laboral único, un modelo de gobernanza compartida y un papel «esencial» de los Ayuntamientos.

La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo aseguró que «todas las personas, paradas y ocupadas, tendrán garantizado el acompañamiento de Lanbide para acceder a un empleo o a uno mejor que el que tengan». Y que «Lanbide les ofrecerá un diagnóstico personal y un plan de formación, orientación y activación laboral atendiendo a sus circunstancias».

Una de las novedades de esta ley es la transformación de la figura jurídica de Lanbide, que pasa a ser Ente Público de Derecho Privado, un movimiento que ha sido criticado por los grupos de izquierda. Mendia ha negado que esto suponga una privatización del servicio. Ha añadido este modelo busca que «Lanbide funcione».

Este argumento no convence a EH Bildu, cuya parlamentaria Pazis García sostuvo que el cambio de figura jurídica de Lanbide «debilita su carácter público y los principios de control público y transparencia». También lamentó que la nueva ley no da «ningún paso adelante para remediar la injusta exclusión de las cooperativas del Consejo de Administración de Lanbide». Y se preguntó «por qué aquí no es posible lo que sí ha sido posible en Nafarroa Pues porque aquí PNV y PSE le dan a Confebask la llave de ese Consejo».

Subrayó que EH Bildu votó en contra de la Ley de Empleo porque «su contenido y su tramitación son decepcionantes». La parlamentaria soberanista reprochó a PNV y PSE que «no han buscado el mayor consenso posible, y el resultado es una ley que no responde a las expectativas». García advirtió de que la Ley de Empleo va a ser en realidad una ley de políticas activas de empleo, ya que las pasivas siguen sin ser transferidas por el Estado. En consecuencia, «no a va posibilitar el desarrollo de una política integral de empleo».

Jon Hernández, de Elkarrekin Podemos-IU, también criticó las prisas y la falta de voluntad de los partidos del Gobierno para negociar y acordar la ley, y tampoco comparte el cambio de naturaleza jurídica de Lanbide, que definió como «un atajo ante la evidencia de que no se ha hecho de Lanbide un servicio público de empleo eficaz y potente hasta la fecha porque no ha sido una prioridad para quienes han gobernado Euskadi». Pese a todo, el grupo morado optó finalmente por la abstención, aunque considera «insuficiencia» la nueva norma.

También se abstuvieron el PP y Ciudadanos. EH Bildu votó en contra. Solo la apoyaron PNV y PSE.

2•AUTORIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS SIN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La segunda norma aprobada en este pleno fue la Ley de la Autoridad Vasca de Protección de Datos, un texto que adapta la legislación autonómica sobre esta materia a la normativa europea y estatal, y en la que se contemplan medidas para reforzar las políticas de protección de datos. Esta vez el tándem PNV-PSE contó con el apoyo del PP y Cs. De nuevo, EH Bildu votó en contra y Elkarrekin Podemos-IU se abstuvo.

La ley reconoce el derecho de la Autoridad a ejercer las potestades de investigación, realizando inspecciones periódicas o circunstanciales, de oficio o a instancia de las personas afectadas, y en relación con cualesquiera tratamientos sometidos a su competencia. Además, se faculta a este organismo para poder desarrollar planes de auditoría.

Desde las filas de EH Bildu, Lore Martínez criticó que la ley no incluye «ni una sola mención» a la inteligencia artificial, sobre la que subrayó que está suponiendo «una tremenda revolución», por lo que lamentó que la norma aprobado ayer sea ya una ley «obsoleta».

3•MODIFICACIÓN DE LA LEY DE SUELO Y URBANISMO

A iniciativa de una proposición de PNV y PSE y a instancia del Ayuntamiento de Gasteiz, asumida por Eudel, se aprobó también una modificación de la Ley de Suelo y Urbanismo, destinada teóricamente a clarificar los plazos de suspensión de licencias y autorizaciones urbanísticas para evitar, de esa forma, «efectos perversos».

PNV, PSE y EP-IU votaron a favor. EH Bildu se abstuvo porque no ve mal ampliar los plazos, pero teme recursos judiciales por cambiar las reglas a mitad del partido.

4•REORDENAR EL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS

Una cuarta ley aprobada ayer en el Parlamento fue la de la del Instituto Vasco de Finanzas (IVF), una norma que regula y reordena las funciones de este instrumento financiero creado en 2007.

Contó con el respaldo de los grupos que apoyan al Gobierno, PNV y PSE, y de Elkarrekin Podemos-IU y el voto en contra del PP, Cs y Vox. EH Bildu se abstuvo lamentando que se haya desaprovechado una oportunidad para poner las bases para la creación de un banco público y tener más «herramientas de Estado».

5•DEVOLVER LAS AYUDAS PÚBLICAS SI LA EMPRESA SE MARCHA

La proposición de ley de EH Bildu para que las empresas que se marchen de la CAV tras haber recibido ayudas públicas tengan que devolverlas se aprobó de forma conjunta con la ley de subvenciones. Votaron en contra PP, Cs y Vox.

La ley aprobada recoge que «la declaración de deslocalización empresarial supondrá la obligación para la empresa de proceder al reintegro de las cantidades percibidas en los ocho años anteriores a esta, junto con el interés de demora correspondiente desde el momento de la recepción de cada una de ellas hasta la fecha de dicha declaración». Así figura en la norma Reguladora del Régimen de Subvenciones, presentada por el Gobierno de Lakua, y que durante su tramitación parlamentaria se unificó con la proposición de ley sobre medidas para combatir la deslocalización empresarial que registró EH Bildu.

Además, estas empresas y sus socios tendrán prohibido «obtener ayudas otorgadas por las entidades del sector público de la CAV durante un período de ocho años a partir de la fecha de la declaración».

Un reglamento que deberá redactar el Gobierno fijará una cantidad mínima de subvención para que la empresa tenga la obligación de proceder a esa devolución.

Se entiende que se habrá producido un caso de deslocalización cuando se produzca el cese o reducción significativa de la actividad de una empresa en la CAV, perdiendo la mitad de la plantilla, y que simultáneamente o tres años antes o después desarrolle la misma actividad en otra comunidad autónoma. Será el Gobierno de Lakua quien haga la «declaración de la deslocalización empresarial».

Estas medidas para dificultar la deslocalización de empresas que reciban subvenciones públicas se adoptó en la última ley que puso fin al maratón legislativo que se celebró ayer en el Parlamento de Gasteiz. Votaron a favor tanto EH Bildu, autor de la proposición de ley, como PNV y PSE, cuyo Gobierno llevó a la Cámara el proyecto de Ley de Subvenciones. Se sumó al apoyo Elkarrekin Podemos-IU. Se opuso la derecha española en todos sus extremos: PP, Vox y Ciudadanos.

El debate entre quienes apoyaban la aprobación de la ley se produjo en términos de cordialidad y agradecimiento mutuo. Más agrios fueron desde la derecha rojigualda. Desde Cs acusaron a los proponentes de ignorantes y casi de comunistas, mientras que el PP avanzaba recursos por su ilegalidad tanto en el ámbito estatal como el europeo.

La ley establece además que Lakua no concederá subvenciones a las personas o entidades que hayan incumplido la Ley de Igualdad y las leyes de protección al medio ambiente mientras no satisfagan la sanción y no introduzcan medidas correctoras.

También estarán vetadas las empresas que deban tener un plan de igualdad y no lo hayan hecho, las compañías con más de 50 trabajadores que no hayan desplegado medidas contra el acoso sexual y aquellas que incumplen las medidas encaminadas a erradicar la morosidad al no pagar en plazo a sus proveedores.