Que Sudáfrica fuerce a Israel a someterse a un juicio por genocidio es una batalla relevante

El jueves y el viernes de esta próxima semana se celebrará en La Haya la vista preliminar de la demanda de Sudáfrica a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que adopte medidas cautelares que impidan que Israel siga cometiendo actos de genocidio e incitación al genocidio contra la población palestina. La principal medida sería el cese del asedio a Gaza, en el que han muerto ya más de 22.000 palestinos, la mayoría civiles y casi la mitad de ellos menores de edad.

Hay otra investigación en marcha contra Israel en la Corte Penal Internacional (CPI) por violar las normas humanitarias internacionales. A diario salen noticias sobre bombardeos de corredores en Gaza o torturas como las de la prisión Ktzi'ot en el desierto del Negev. La CIJ no tiene jurisdicción sobre otros crímenes del Gobierno de Benjamin Netanyahu a los que el mundo está asistiendo, pero sí debe determinar si un estado está violando la Convención para la Prevención y el Castigo de los Crímenes de Genocidio.

La primera decisión que tome la Corte -que en base a casos previos puede ser en unas pocas semanas o meses- condicionará el devenir de la lucha entre las fuerzas ocupantes israelíes y el pueblo palestino.

Por supuesto, teniendo en cuenta la bestialidad de las operaciones del Ejercito israelí en estos tres meses, ese periodo será fatal para miles de palestinos que morirán o serán heridos, detenidos y expulsados de sus tierras. El veredicto sobre el genocidio puede tardar años, pero que se acepte la legitimidad de Sudáfrica para interponer la demanda y que se den por buenas las medidas cautelares es crucial. A medio plazo, puede equilibrar la contienda, aunque en el plano militar la desproporción siga siendo abismal.

CONTRA EL EXTERMINIO Y LA COMPLICIDAD

En el combate de legitimidades morales, no hay un país que pueda hacer frente al sionismo como lo está haciendo Sudáfrica. Es el pueblo de Mandela el que da nombre y marca los contornos del Apartheid como crimen de lesa humanidad. El Gobierno de Cyril Ramaphosa ha denunciado a Israel en nombre del principio «erga omnes», según el cual todos los estados tienen la obligación de velar por los tratados comunes, aunque no sean parte directa del conflicto. Esto es importante de cara al futuro.

La decisión de llevar a Israel ante la CIJ es arriesgada. Se debe probar que Israel está violando la Convención, donde se define genocidio como una serie de actos «cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso». Entre esos actos están la «matanza de miembros del grupo; atentar gravemente contra su integridad física o mental» o el «sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial». Sudáfrica también acusa a Tel Aviv de incitar al genocidio. Todo ello parece evidente, pero se ha de probar.

Un fallo contrario a la defensa de los derechos humanos de la población palestina facilitaría a Tel Aviv continuar con sus políticas de segregación, exterminio y expansión. Por contra, aceptar la demanda de Sudáfrica no terminaría con el programa sionista, pero dificultaría el apoyo incondicional de EEUU y abriría la puerta a sanciones internacionales. Pondría en duda la impunidad de los criminales. Decantaría a la comunidad judía. Alentaría al liderazgo político palestino. Impulsaría una salida negociada.

Es necio pensar que un tribunal pueda solucionar el genocidio de Palestina, pero el cinismo tampoco aporta nada. Sudáfrica ha hecho lo que podía y debía hacer, por principios éticos y por un cálculo de eficacia. Es lo mínimo que se puede exigir en este momento histórico a quienes apoyan la causa palestina: que cada cual haga en su ámbito lo que esté en su mano, con coherencia moral y eficiencia política.