Cólera sobre el asfalto y geopolítica alimentaria

Por segundo día consecutivo, los accesos a Baiona se convirtieron en un galimatías para muchos conductores. Sin embargo, los discursos del «derecho al trabajo» o las quejas «porque los sindicatos toman como rehenes a los ciudadanos» no se usan, esta vez, para poner sordina a los bloqueos en autopistas, a los que la Policía tampoco pone impedimentos. Hablemos del trasfondo político y la dimensión global de la justa cólera del campo.

La FDSEA y Jóvenes Agricultores 64 mantuvieron, por segundo día consecutivo, sus bloqueos en los accesos a Baiona, lo que se tradujo en una circulación caótica en el BAB (Biarritz-Angelu-Baiona).

Instalados con sus tractores en el puente Hubert Touya, sobre la autopista A63, los productores hicieron oir, entre paquetes de paja y volcados de neumáticos, su reclamación de que se les aligeren las tasas y también las normativas que, según explican, «ahogan la economía de nuestras explotaciones y no nos permiten vivir dignamente de nuestro trabajo». Los productores tomaron también la rotonda del Grand Basque, que distribuye el tráfico de vehículos que vienen de la A64 y acceden a la A63. Y obstruyeron el acceso de Baiona Norte, en las inmediaciones del centro comercial Ametzondo, lo que hizo que se reprodujeran los atascos, que unos urbanitas, que en general simpa- tizan con las demandas de «las gentes de campo», se tomaron con bastante paciencia.

Del Gers a Nueva Aquitania, la movilización que salió el martes de su enclave occitano, se extenderá en los próximos días, a entender de la FDSEA, a no menos de 85 de los 96 departamentos hexagonales.

El pulso no cederá, asegura el poderoso sindicato de explotadores agrarios, hasta que el Gobierno de Emmanuel Macron adopte medidas concretas que, según fuentes de Matignon, podrían llegar «antes del fin de semana».

Los productores reclaman distintas actuaciones, algunas de ellas en contradicción con los propósitos de Bruselas de alinear la agricultura con la transición ecológica. Es el caso de su exigencia de que el carburante que usan para sus maquinarias tenga bula fiscal.

De manera un tanto encriptada, los propietarios agrícolas apelan a «simplificar y no acumular normas sanitarias, medioambientales y administrativas», mientras echan pestes por la entrada de productos de «otros países a los que nos se aplican tantos controles».

Quieren, en definitiva, medidas de protección ante lo que consideran «una competencia desleal», pero no llegan a evocar la reimposición de unos aranceles que denostan cuando se trata de vender vino o quesos franceses a EEUU.

LA ULTRADERECHA SE PONE LAS BOTAS

Un discurso de «prioridad para la producción francesa» con el que, a tres meses de las elecciones europeas, la ultraderecha se mimetiza sin aparente dificultad.

Mientras la derecha, mayoritaria en el Senado gracias a su implantación en departamentos representativos de la «Francia que cultiva», compite a codazos para hacerse una fotografía en el agro en la que la presencia de representantes de otras ideologías, digamos más progresistas, no sería seguramente bien recibida.

De hecho, el «número dos» de Rassemblement National, el eurodiputado Jordan Bardella, no ha tenido problemas en zafarse de los mocasines y enfundarse las botas para encadenar no uno sino incluso dos posados con «los franceses que trabajan duro».

Así, el pasado fin de semana, acudió al encuentro de los agricultores, a pie de carretera, en Nueva Aquitania, acompañado de su colega de ejecutiva Edwige Diaz. Electa a la que, por hacer memoria, asociaciones, sindicatos y partidos vascos agriaron un acto en el Puente de Behobia con el que quería hacer apología contra la «migración ilegal».

Bardella desgranó su discurso antieuropeísta que obvia que el Estado francés es el socio que recibe más ayuda de la Política Agraria Común (PAC), con 9.000 millones de euros anuales. Luego se desplazó a Bretaña, para denunciar que «la UE está matando la pesca francesa con tratados de librecambio que favorecen la competencia desleal».

Aunque las formaciones de izquierda francesa mantienen una posición abiertamente crítica contra los tratados de libre comercio que «empobrecen a los agricultores tanto en los países de origen como en Europa», su discurso apenas se escucha estos días en los medios. Tampoco está demasiado presente el mensaje de los ecologistas que, en todo caso, por boca del exeurodiputado Jannick Jadot, han hecho constar que hay «una política de dos pesos, dos medidas», a la hora de tratar las protestas.

El senador parisino no acepta que se utilice a los ecologistas de «chivo expiatorio» y apela a la FDSEA a reflexionar sobre un modelo convertido en «una trampa que condena al endeudamiento y la venta a pérdidas a los pequeños agricultores mientras favorece a los gigantes de sector agroalimentario».

Empezando por el primer punto, el de las dos barras de medir. Es evidente que los militantes que protestan por la inacción ante el cambio climático o denuncian directamente los embalses de agua al servicio de la industria agrícola han visto cómo sus quejas daban lugar a cargas policiales, detenciones y procesos judiciales. Por contra, no ha habido hasta ahora ni una acción policial hostil ante los bloqueos de los agricultores que perturban la circulación en autopistas y carreteras. Solo cabe desear que se siga con esa «mano de terciopelo» en la gestión del orden público.

ACUERDO UNIÓN EUROPEA-NUEVA ZELANDA

Saltando de las carreteras a los despachos en que se decide «quién produce qué, dónde y a qué precio», es obvio que la política de acuerdos comerciales de Bruselas es un factor clave para entender el derrumbe de ingresos de los productores agrícolas, que se movilizan desde semanas atrás en Alemania, Bélgica u Holanda.

Mientras los precios para los agricultores locales se desploman, Bruselas ratificó el pasado noviembre el acuerdo UE-Nueva Zelanda (ALE), que llevará a esa misma Unión que preconiza un «Pacto Verde» a importar, a partir de primavera, miles y miles de toneladas de productos agrícolas y ganaderos que recorrerán 20.000 kilómetros antes de llegar a los mercados europeos.

Además de sortear los Acuerdos de París, ese acuerdo, que se suma a otros ya suscritos con anterioridad con Vietnam o Japón y a los que siguen su curso de negociación con los países de Mercosur, tendrá graves impactos sobre la biodiversidad en origen y sobre la soberanía alimentaria en origen y destino.

Tal y como resume ‘L’Humanité’, el acuerdo ALE-Nueva Zelanda prevé levantar los aranceles que pesan sobre productos agrícolas como los kiwis, las manzanas o las cebollas y contempla que «cada año lleguen 10.000 toneladas de carne de vacuno neozelandés y 38.000 de carne de ovino, además de 15.000 toneladas de mantequilla o 25.000 toneladas de quesos».

De seguirse el guión de estallidos precedentes, la cólera de los agricultores puede diluirse tras un anuncio de reformas y ayudas, que llegarán, seguro, tarde y no para todos. A menos que esta vez se ponga en el centro la reflexión urgente sobre un modelo que dilapida recursos, humanos y naturales, y que hace que cada vez haya menos alimentos producidos por agricultores.

En el Estado francés, cada dos día se suicida un agricultor, pasando a engrosar una estadística de 180 muertes anuales, a las que hay que sumar las causadas por los ritmos de trabajo y la avanzada edad que registra el sector.

ELB, sindicato mayoritario en Ipar Euskal Herria, y su referencia hexagonal, Confédération Paysanne, con ser solidarios con la ola de protestas de los agricultores en el Estado francés son críticos con el mensaje que preconiza «menos tasas y controles».

Partidarios de apoyar la transición ecológica en el medio agrícola sin que ello implique una carga insoportable para los productores, estos sindicatos hacen hincapié en que los recurrentes problemas sanitarios y las pérdidas ligadas a fenómenos climáticos extremos obligan a «repensar modelos» y piden un apoyo en firme a una agricultura «a escala humana y local, y respetuosa con el medioambiente».