Aliados de Israel reducen la protección de los palestinos pese al fallo de la CIJ

Israel hizo oídos sordos a la decisión de la CIJ para evitar un genocidio en Gaza manteniendo las matanzas, a la vez que varios de sus aliados ignoraron el llamamiento de la Corte a proteger a la población cortando la financiación de la Unrwa en medio de la catástrofe humanitaria, debido a la acusación israelí de que la agencia colabora con Hamas.

Después de que el viernes el más alto tribunal de la ONU, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pidiera a Israel que impidiera cualquier posible acto de genocidio en Gaza -aunque no pidió un alto el fuego-, el Estado sionista desafió la demanda vinculante de la Corte y continuó con las matanzas de palestinos que lleva perpetrando hace casi cuatro meses.

En las últimas horas, a la vez que la Corte hacía pública su decisión, el Ejército israelí mató a otras 174 personas e hirió a 310, sobre todo en la localidad de Jan Yunis, que las tropas israelíes mantienen cercada. Bombardeos aéreos precedieron al asalto de la 98 división de la Brigada de Comandos, y los ataques también provocaron decenas de víctimas en Geneina, al este de Rafah, y en los barrios de Sabra y Zaitun, en Ciudad de Gaza, en Deir al Balah, en el centro de la Franja, y en el campo de refugiados de Nuseirat.

El asedio a Jan Yunis ha forzado otra huida masiva de palestinos hacia Rafah, donde ya se hacina la mitad de la población de la Franja en condiciones muy precarias.

En este asedio, los hospitales de Nasser y Al-Amal y la sede de la Media Luna Roja Palestina están siendo algunos de los blancos de los ataques con bombardeos diarios que «ponen en peligro la seguridad del personal médico, los heridos, los pacientes y aproximadamente 7.000 personas desplazadas», señaló la Media Luna Roja.

Médicos Sin Fronteras alertó de que los servicios médicos vitales también han colapsado en el Hospital Nasser y «ya no hay hospitales en Gaza que puedan brindar tratamiento en caso de grandes flujos de heridos de guerra».

El Ministerio de Sanidad señaló que al menos 150 personas han muerto en cinco días de asedio al Nasser.

El número de palestinos muertos desde el 7 de octubre ya supera los 33.000, con al menos 26.257 víctimas mortales registradas, unos 7.000 cuerpos sin recuperar y 64.797 heridos. Los supervivientes se enfrentan al hambre y a la falta de tratamientos médicos.

Si Israel ha desafiado los llamamientos de la CIJ para proteger a la población civil, sus aliados han hecho otro tanto recortando aún más la protección de los palestinos cuando resulta indispensable para sobrevivir.

UNRWA, EN EL PUNTO DE MIRA

Gran Bretaña, Italia, Canadá, Australia, Finlandia y Países Bajos siguieron los pasos de EEUU, que anunció el viernes que suspendía la ayuda a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (Unrwa), un organismo clave en la ayuda humanitaria.

Israel acusó a la agencia de colaborar con Hamas en el ataque del 7 de octubre, pero hacía años que la había puesto a len el punto de mira, no solo de sus acusaciones, sino de sus bombardeos, y ha matado al menos a 151 de sus trabajadores, el mayor número de muertos en la historia de Naciones Unidas en un conflicto.

Israel acusa a la organización de «perpetuar el conflicto palestino-israelí» por mantener que los refugiados palestinos tienen el derecho de regresar a su tierra.

Los países que tomaron la medida dudan en pedir un alto el fuego o rechazan hablar de crímenes de guerra y adoptar medidas contra Israel después de decenas de miles de muertos -casi la mitad niños- en un territorio completamente arrasado, ataques a hospitales y una hambruna extendiéndose, pero no necesitaron más que la acusación israelí para cortar la financiación a Unrwa en plena catástrofe humanitaria.

Sin llegar a detallar los hechos de los que acusa a la agencia, el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, afirmó que Unrwa «ya no tiene no futuro en la Franja de Gaza y que el Gobierno israelí se asegurará de que «no será parte» de la solución después de la «guerra».

Katz insistió en su intención de detener todas las actividades de la agencia, a la que reprochó ser «el brazo civil de Hamas en Gaza», una acusación parecida a la que Israel ha extendido al secretario general de la ONU, los gobiernos español y belga o cualquiera que cuestione las masacres.

El ministro no ocultó su satisfacción por la medida de siete de sus aliados y llamó a que «más naciones se unan».

La propia Unrwa despidió a varios de sus empleados y anunció una investigación sobre las acusaciones.

Hamas negó que la agencia colabore en sus acciones y pidió a Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales que no cedan ante las amenazas y los chantajes, acusando a Israel de querer privar a los habitantes de Gaza de toda ayuda internacional.

También el ministro de Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina, Hussein al-Sheij, pidió a los países que han retirado su apoyo a Unrwa que revoquen inmediatamente su decisión. .

La irritación de Israel con Unrwa aumentó esta semana, cuando denunció una «violación flagrante de las reglas fundamentales de la guerra» por los disparos de dos tanques israelíes contra uno de sus refugios en Jan Yunis, que mataron a 13 personas y dejaron al menos 56 heridas, 21 de ellas en estado crítico.

JUSTIFICACIONES

Gran Bretaña se mostró «consternada» por las acusaciones israelíes y Finlandia pidió una «profunda investigación». «Estamos comprometidos a proporcionar ayuda humanitaria a la población palestina, protegiendo la seguridad de Israel», se justificó Antonio Tajani, ministro de Exteriores italiano, que acusó a Hamas de «ser las nuevas SS, la nueva Gestapo».

Su homóloga australiana, Penny Wong, se declaró «profundamente preocupada», mientras que el ministro canadiense de Desarrollo Internacional, Ahmed Hussen, pidió una «acción inmediata» por parte de la institución de la ONU. El Gobierno canadiense ya se había alineado con Israel al mostrar la víspera su rechazo a la premisa del caso presentado ante la CIJ por Sudáfrica contra Israel por genocidio.

En cambio, Irlanda y Noruega ratificaron que mantienen su apoyo financiero a la agencia.

Con más de 30.000 empleados -13.000 en más de 300 instalaciones en Gaza- y financiada casi exclusivamente con contribuciones voluntarias de los Estados, Unrwa es la mayor organización de la Franja al margen del Gobierno gazatí y ha sido un actor esencial para millones de palestinos desde 1949, tras la expulsión de cientos de miles de palestinos de sus tierras. El mandato de la agencia es proporcionar asistencia humanitaria y protección a los refugiados palestinos «a la espera de una solución justa y duradera a su situación».

Más de 700.000 palestinos fueron expulsados o huyeron de sus tierras entre abril y agosto de 1948, cuando se creó Israel. Estas personas, así como sus descendientes, tienen la condición de refugiados y Unrwa es el único garante por defecto de su estatus internacional. Opera en los territorios palestinos pero también en Líbano, Jordania y Siria. Unos 5,9 millones de personas están registrados por Unrwa y pueden beneficiarse de servicios que incluyen educación, atención médica, servicios sociales, infraestructura de campamentos, microfinanzas y ayuda de emergencia.

En total hay unos sesenta campos de refugiados gestionados por la agencia de la ONU y más de 540.000 niños estudian en sus escuelas.

En la Franja de Gaza, donde la situación humanitaria ya era crítica antes del 7 de octubre, cuenta con ocho campos y alrededor de 1,7 millones de refugiados, la abrumadora mayoría de la población.

En 2018, EEUU cortó la ayuda financiera anual de 300 millones de dólares pero la reanudó a partir de 2021. Los principales donantes son, por orden, EEUU, Alemania, la UE, Suecia y Noruega.

Denuncian la complicidad de empresas vascas

A convocatoria de la dinámica Palestinarekin Elkartasuna, miles de personas expresaron en una marcha entre Ordizia y Beasain su apoyo a la resistencia palestina y denunciaron la complicidad de gobiernos y empresas occidentales con Israel. El lugar de la movilización en Goierri se escogió para censurar «la responsabilidad» de CAF, con sede en Beasain, en «la ocupación y colonización de tierras palestinas», y para exigir a la dirección de la empresa vasca de ferrocarriles que se retire del proyecto de tren ligero de Jerusalén, que supone la «confiscación de propiedades palestinas, expulsión de palestinos y palestinas de barrios de Jerusalén y facilita la expansión de colonos», remarcando que «la ofensiva sionista no puede subsistir sin el apoyo y la complicidad de los estados occidentales y de empresas como CAF». Los manifestantes añadieron que otras empresas vascas también tienen una responsabilidad directa en la colonización de Palestina, como M Torres, Sener, ITP Aero o la empresa armera Sapa. «El ‘modelo empresarial vasco’, tan alabado por los partidos e instituciones vascas, prima los beneficios económicos sobre cualquier otro», denunciaron.GARA