Zabalza aboga por el fin del «periodo histórico» de negación de la tortura

La comisión creada para el reconocimiento de las víctimas de violencia policial en virtud de la ley navarra ha recibido hasta la fecha 41 solicitudes, que se han admitido y se están estudiando, según dio a conocer ayer su presidente, Martín Zabalza, al presentar en el Parlamento la memoria de esta entidad.

El presidente de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de Víctimas por actos de motivación política de Nafarroa, Martín Zabalza, informó ayer al Parlamento de los trabajos de la entidad, una intervención en la que aprovechó para defender el fin de «un periódico histórico de negacionismo».

«Los dictámenes de la comisión y las posteriores resoluciones administrativas de reconocimiento de víctimas de motivación política crean en nuestra comunidad un novedoso espacio de reconocimiento institucional superador de un periodo histórico de negacionismo de vulneraciones manifiestas de normas internacionales de derechos humanos», manifestó Zabalza, ex secretario de Organización de la UGT en el herrialde.

Enmarcó, además, este trabajo en el esfuerzo por allanar la convivencia en un «escenario posconflicto tras superar prácticamente un siglo de confrontación violenta».

Zabalza, que preside la Comisión creada como consecuencia de la aprobación de la ley para reconocer a víctimas de violencia del Estado, detalló que hasta ahora han recibido 41 solicitudes de declaración de víctima.

De esas 41 peticiones, diez se refieren a personas fallecidas, otras diez son reclamaciones para el reconocimiento de haber sido víctimas de torturas y otras 18 hacen referencia a víctimas de otras acciones violentas que han sufrido daños físicos y/o psicológicos.

Zabalza destacó que todas las solicitudes que se han presentado han sido admitidas y que actualmente se están tramitando. Se trata de expedientes a los que se debe garantizar su confidencialidad. En cualquier caso, avanzó que próximamente se irán resolviendo los expedientes. En la CAV, el proceso va más avanzado; en la tercera edición se han admitido 66 casos.

En cada proceso, se realiza una entrevista a todos y cada uno de los solicitantes, que es grabada en vídeo. Posteriormente, se elabora un informe que se envía al pleno de la Comisión, formada por cargos del Gobierno navarro y profesionales con trayectoria reconocida. Finalmente, este informe se entrega el director general de Memoria y Convivencia del Ejecutivo navarro y presidente de la comisión. Ninguno de los expedientes ha culminado todo el proceso.

Zabalza, en su intervención, recordó que en cumplimiento de esta ley, se encargó al IVAC un informe sobre la tortura en Nafarroa, que acreditó más de un millar de casos. También remarcó que informes de la ONU establecen que la tortura fue «más que esporádica, pero no sistemática».

«HAY QUE REPARAR»

Inma Jurío (PSN) destacó que «por primera vez en 80 años estamos en una época sin violencia» y valoró que «hemos sido capaces de avanzar pese a que algunos quieren mantener viva a una banda terrorista que desapareció». Junto a ello, añadió que «por parte del Estado se produjeron también vulneraciones de derechos humanos que hay que reparar y condenar».

Jurío recordó que el PSN se abstuvo en la votación de la ley, «pero consideramos que tenemos una deuda con unas víctimas».

Para Arantza Izurdiaga (EH Bildu), la comparecencia resultó positiva porque muestra que «la comisión ha comenzado a funcionar, a pesar de los obstáculos de la derecha». A diferencia de Jurío, lamentó que no pueda apuntar a los autores de la torturas por la limitación del Constitucional.

Izurdiaga destacó que en Nafarroa se ha producido un vuelco en la visibilización de la tortura tras años negándola: «Nadie lo puede negar hoy, fue una práctica habitual».

También se felicitaron por los avances Geroa Bai, que valoró que el camino se inició en la legislatura de Uxue Barkos, y Contigo Zurekin, que subrayó que es una labor necesaria.

En sentido contrario se pronunció UPN, para quien el reconocimiento de las víctimas es competencia del Estado, así como el PP, que consideró que la Comisión no ofrece garantías jurídicas.