La defensa de Öcalan confía en la solidaridad sin renunciar a otras vías

Ibrahim Bilmez, abogado de Abdullah Öcalan, confía en la solidaridad de los pueblos para obligar a Turquía a que libere al líder kurdo de 74 años, que cumple el 15 de febrero un cuarto de siglo aislado en la isla de Imrali. La defensa mantiene abiertas vías jurídicas, institucionales y diplomáticas para forzar un cambio en el trato inhumano y buscar una solución política.

Ibrahim Bilmez, abogado del líder kurdo Abdullah Öcalan, expuso ayer en Bilbo que van a recurrir a todas las vías jurídicas, institucionales y diplomáticas para lograr su libertad, ligada a la búsqueda de una solución política justa y democrática al conflicto que enfrenta a su pueblo con Turquía. El letrado incidió en la importancia de aumentar la solidaridad de los pueblos ante la dejación de responsabilidades por parte de instancias internacionales.

Bilmez, que confesó que para él es «un gran honor» ser el letrado de Öcalan, resumió algunos de los hitos de su labor de defensa desde que el 15 de febrero de 1999 fuera secuestrado en Kenia y trasladado a la prisión de Imrali, donde en la actualidad está recluido en régimen de aislamiento, al igual que otros tres presos que llevan en la isla desde 2015.

«En 25 años, hemos abierto cientos de casos y sumarios», recapituló el letrado que ha estado preso por su trabajo y contra el que se han abierto 15 sumarios por esta razón, siendo víctima además de intentos de linchamiento. «Para nosotros, el trabajo con un cliente como Öcalan es complicado, pero es un honor», confesó.

Bilmez destacó la relación estrecha entre la situación que soporta Öcalan y la del conflicto político, donde el Estado turco rebajó la represión en torno a 2015 a raíz del proceso de diálogo abierto por el Gobierno con el movimiento kurdo. «En Imrali, en la actualidad, se ignora la legalidad», denunció. Por ello, reclamó que aumente la solidaridad internacional con su causa para que su pueblo no esté solo.

Cada año, según se recoge en el informe de 2023 del bufete de Abogados Asrin Law (AHB), presentan un centenar de solicitudes para reunirse con él, a las que hay que sumar las 50 de su familia. En los últimos años, han sido completamente ignoradas. El pasado ejercicio, detallan, muchas de esas peticiones tuvieron relación con el terremoto de febrero, que afectó a los familiares de los prisioneros, y también tras los seísmos de diciembre, que soportó la propia isla de Imrali, que no se atendieron.

En la actualidad, las visitas de abogados están sujetas a prohibiciones de seis meses que nunca se fundamentan y que se renuevan tan pronto como expiran. Las de familiares se impiden mediante sanciones disciplinarias de tres meses impuestas por razones engañosas, como «pasearse durante las actividades deportivas». La defensa no tiene oportunidad de impugnarlas.

NO SE VAN A RENDIR

No cesan en su actividad de defensa. En setiembre de 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió a Turquía que permitiera a los presos el acceso sin restricciones a un abogado de su elección, pero esto no ha surtido efecto a pesar de la renovación de la petición en enero de 2023.

El mismo camino han tenido las solicitudes ante el Tribunal Constitucional turco en relación con el régimen de aislamiento, o las quejas ante la Unión de Colegios de Abogados de Turquía y el Consejo Superior de Jueces y Fiscales.

Tampoco ha tenido consecuencias el seguimiento por parte del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), que ha criticado en ocho ocasiones las condiciones de la prisión, pero sin resultado. Hace año y medio, explicó, se produjo la última visita a Imrali de la que se trasladó el informe preceptivo a Turquía, que al no respaldarlo no se puede publicar. Han demandado al CPT que invoque el artículo 10/2 y hagan una declaración relativa a las condiciones de esta prisión, que el defensor del líder kurdo definió como «laboratorio».

No pasó por alto la posición del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que no dio curso hasta 2021 a una sentencia de siete años antes del Tribunal de Estrasburgo que dictaminó que la cadena perpetua sin libertad condicional constituía tortura al negarle el derecho a la esperanza. El comité encargó a Turquía que garantizara la existencia de un mecanismo de revisión de condenas y que le informara del número de otros presos condenados a cadena perpetua no revisable. No ha actuado en ambos casos y el comité ha hecho caso omiso a las peticiones de seguimiento.

En ese escenario, insistió en que no van a renunciar a realizar su labor. «Hemos vuelto a renovar la petición al CPT para que vuelvan a visitar Imrali y tener noticias de lo que allí sucede», informó.