Suiza cuestiona la investigación de García-Castellón por el caso Tsunami

La Oficina Federal de Justicia de Suiza envió en diciembre una misiva al juez del “caso Tsunami Democràtic”, Manuel García-Castellón, en la que da cuenta de su negativa a localizar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, porque entiende que debe decidir antes si hay un carácter político en la petición, al igual que hizo en 2020.

Las autoridades de Suiza han cuestionado de nuevo la investigación por «terrorismo» del “caso Tsunami Democràtic”. La Oficina Federal de Justicia, que depende del Ministerio de Justicia suizo, se ha negado a colaborar con el juez de la Audiencia Nacional española Manuel García-Castellón, que le había pedido, mediante una comisión rogatoria, que localizara a Marta Rovira y facilitara información sobre una cuenta bancaria que supuestamente financió las acciones de Tsunami Democràtic.

La respuesta de las autoridades suizas, que adelantó ayer “El País”, supone un nuvo revés a la instrucción realizada hasta ahora por el magistrado. En su carta, con fecha del 22 de diciembre y remitida al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Ncional, las autoridades judiciales helvéticas expresan sus dudas sobre la proporcionalidad de la diligencia solicitada por el juez y le recuerdan que es similar a la que ya cursó en 2019, también en la causa de Tsunami Democràtic, y que le fue denegada.

De hecho, detallan las autoridades suizas, la única diferencia respecto a la petición de 2019 es que ahora solicita la localización de Rovira, a quien García-Castellón investiga por un delito de «terrorismo» por la organización de las protestas de Tsunami Democràtic en una causa que también implica al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Antes de tramitar la solicitud cursada por la Justicia española, la Oficina Federal alerta de que debe verificar si esta tiene carácter «político», lo que, recuerda, de acuerdo con la legislación del país sobre asistencia mutua en materia penal, les impediría cooperar con la Audiencia Nacional.

En concreto, la Oficina Federal de Justicia exige saber los motivos por los que el tribunal especial español solicita el paradero de Rovira mediante asistencia judicial, teniendo en cuenta que es una cuestión que puede averiguarse con mecanismos más sencillos de cooperación policial, y admite que no entiende cuál es la finalidad de la diligencia encargada por García-Castellón.

Respecto a la solicitud de información sobre la cuenta bancaria suiza que García-Castellón sospecha sirvió para financiar las protestas de Tsunami, las autoridades helvéticas piden aclarar por qué se solicitan sus movimientos hasta junio del año 2020, cuando las protestas de Tsunami en el aeropuerto tuvieron lugar en octubre de 2019.

En la carta, las autoridades suizas apuntan también que han sabido por la prensa que en el Estado español se está preparando una ley de amnistía contra algunos independentistas, por lo que pide al Ministerio y a la Audiencia Nacional que les amplíen la información al respecto.

En 2020, Suiza rechazó la comisión rogatoria remitida por García-Castellón, por los delitos de «organización criminal» y «terrorismo», argumentando que la legislación de su país considera inadmisibles las solicitudes de asistencia en actos con un «carácter político preponderante».

«DEBE RESPONDER»

La portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, señaló que García-Castellón debe responder a la petición de información de Suiza sobre las consecuencias que tendría la ley de amnistía.

Por su parte, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, aseguró que «es una evidencia» que no ha habido «terrorismo» en el caso de Tsunami. «Desde diversos estamentos judiciales se convertían en persecución política investigaciones que ya tenían este punto de partida: no querían aclarar nada, sino perseguir políticamente».