Londres calla ante las pruebas de su guerra sucia en el norte de Irlanda

Resulta contradictorio, pero meses antes de la publicación de un informe que denuncia la impunidad de los informadores del Ejército británico en el norte de Irlanda, la Fiscalía ya había anunciado que no abrirá procesos contra los responsables, debido a la falta de pruebas y la no-colaboración del Estado británico.

El informe provisional de la operación Kenova, grupo independiente que investiga las actividades de los informadores infiltrados en el IRA durante los treinta años del conflicto armado, fue publicado ayer en el norte de Irlanda. Su actividad comenzó en 2016, tras salir a la luz que uno de los operativos del IRA era un agente británico llamado Stakeknife, al que se identificó como Freddie Scappaticci, aunque este extremo no ha sido confirmado por la investigación. Un espía del Ejército que, según apunta el informe, probablemente costó más vidas de las que salvó.

El documento establece que Stakeknife contribuyó a salvar no más de una decena de vidas, y concluye que las fuerzas de seguridad no evitaron algunos ataques para proteger a sus agentes infiltrados en el IRA. La operación Kenova vincula a Stakeknife con al menos catorce ejecuciones y quince secuestros.

El informe critica tanto al IRA como al Estado británico, e insta a ambos a pedir perdón a aquellos afectados por las acciones de los infiltrados. Minutos después de su publicación, la primera ministra republicana del Ejecutivo de Belfast, Michelle O’Neill, pedía perdón a las víctimas y a sus familiares. El Gobierno de Londres, mientras, guardaba silencio.

El abogado Kevin Winters, que representa a las familias de doce víctimas, dijo que el informe era «una acusación condenatoria» contra el Estado británico, que «decidió no intervenir y salvar vidas».

Siete años después y con un coste de 40 millones de libras, el autor del informe preliminar, el jefe de servicio de la Policía Norirlandesa, Jon Boutcher, confirmó lo que durante años había sospechado las familias: los servicios de seguridad británica decidían cuándo intervenir y cuándo no para salvar la vida de aquellos nacionalistas considerados sospechosos de colaborar con las fuerzas británicas.

Boutcher destacó muchos fallos de las fuerzas de seguridad y del Gobierno británico, pero reconoció que actuaron en un entorno extremadamente estresante y violento, aunque ello no justificaba que se cometieran ejecuciones que podrían y deberían haberse evitado. La razón era proteger la identidad de Stakeknife y el canal de información sobre las actividades del IRA, sin consideraciones éticas o morales. Boutcher aseveró que las afirmaciones de que Stakeknife salvó cientos de vidas eran «poco fiables y especulativas».

Sin embargo, las acciones del Estado británico, negando evidencias e información a las víctimas, siguen siendo uno de los mayores obstáculos para conocer la verdadero papel de sus fuerzas de seguridad en el conflicto. Incluso ahora, y a pesar de que Scappaticci falleció en 2023, Londres no ha dado permiso para confirmar la identidad de Stakeknife.

«La identidad de Stakeknife ha sido expuesta a Kenova, sujeta a una confidencialidad a la que sigo estando obligado y no puedo hacer público su nombre sin autorización oficial», afirmó Boutcher, para añadir que, en su opinión, esta postura «ya no era defendible» y que esperaba que «el Gobierno hubiera autorizado a Kenova a confirmar la identidad de Stakeknife en el informe final».

En el caso de IRA, el documento apunta que fueron los mandos de la organización armada republicana los que dieron el visto bueno a las acciones de su unidad de seguridad interna, de la que formaba parte Stakeknife, responsable de la tortura y muerte de aquellos que sospechaba que era colaboradores de los británicos.

«SIN EXCEPCIÓN»

La vicepresidenta del Sinn Féin y primera ministra del norte de Irlanda, Michelle O'Neill, primera ministra del norte de Irlanda pidió disculpas «por cada una de las pérdidas de vidas humanas, sin excepción». Mientras que el secretario para Irlanda del Norte, Chris Heaton-Harris, dijo que el informe contenía «varias acusaciones específicas y muy graves que siguen siendo objeto de examen por los tribunales», por lo cual «no sería correcto que el Gobierno hiciera ningún comentario».

Pese a las graves acusaciones del informe, el pasado diciembre la Fiscalía ya anunció su decision de no abrir procesos judiciales, al considerar que no había pruebas suficientes para respaldar una perspectiva realista de condenas contra las 32 personas investigadas: 16 antiguos miembros del IRA, 12 exmilitares, dos miembros de los servicios de seguridad británicos, un policía y un fiscal.