Leyes y medidas que dan pista libre para apisonar derechos

La Ley Antiterrorista se aplicaba a todo tipo de detenidos en 1981». Esa fue una de las principales conclusiones de la primera sesión del juicio por la muerte de 'El Nani', celebrada el 13 de abril de 1988. Fue el primer juicio que sentó en el banquillo a policías corruptos y torturadores del Estado español.

Santiago Corella ‘El Nani’, madrileño de 29 años, entró en la Dirección General de Seguridad de Madrid en noviembre de 1983 y nunca más se supo de él. Todo apunta a que fue torturado hasta la muerte. Sin embargo, los policías que lo torturaron declararían en el juicio que huyó mientras buscaban en un descampado las armas con las que supuestamente había cometido un atraco. Una película demasiadas veces vista en Euskal Herria, por desgracia. 'El Nani' fue detenido por la Brigada Especial de Policía, un cuerpo que, según se fue sabiendo a medida que transcurría el juicio, aplicaba sin miramientos la Ley Antiterrorista destinada a miembros de ETA o el GRAPO.

Según explicó en el juicio el comisario Francisco Javier Fernández Álvarez, la Ley Antiterrorista tenía como finalidad «reprimir delitos políticos, de terrorismo y comunes, siempre que sean cometidos por bandas armadas o personas relacionadas con ellas». Asimismo, recordó que su obligación era cumplir la ley y que con la Ley Antiterrorista «quedan suprimidos determinados derechos».

Y con el mismo espíritu que impulsó la Ley Antiterrorista, los presos políticos vascos han sido siempre moneda de cambio de quien ha querido avivar el camino de la resolución y de quien ha querido bloquearlo, según los tiempos políticos y los protagonistas de cada etapa.

INTERIOR DESMIENTE AL PNV

El 13 de abril de 1992, el Ministerio del Interior del Gobierno español salía al paso de unas especulaciones levantadas por el diputado del PNV Iñaki Anasagasti sobre la posible excarcelación de algún «preso significativo» de ETA y otro centenar dentro de la política gubernamental hacia el Colectivo de Presos Políticos Vascos. Voces del PNV del Parlamento de Gasteiz reiteraban las declaraciones de Anasagasti y celebraban «las políticas de reinserción».

Desde Madrid lamentaron «la frivolidad con que algunos representantes políticos hablan, sin atenerse a la verdad» y llamaron «a la prudencia y a la responsabilidad», al tiempo que pidieron que «no se entre en una carrera de especulaciones que solo conducen a polémicas estériles». El Partido Popular y los sindicatos policiales reiteraron que no eran partidarios de la reinserción y apostaron por la «solución policial sostenida».

Según subrayaba 'Egin', lo que no habían dicho los representantes del PNV era que «la inmensa mayoría de los presos habían salido por cumplimiento de condena».

MANIFESTACIÓN POR LA LIBERTAD DE IDIGORAS

El 13 de abril 1996, miles de personas se manifestaron en Iruñea para pedir la libertad de Jon Idigoras. La manifestación evocó asimismo a los cientos de presos políticos vascos y quiso recordar también a los miembros de Solidarios con Itoitz que habían sido encarcelados a raíz del sabotaje a las obras del pantano.

Frente a la cárcel de Iruñea, el portavoz de HB Floren Aoiz leyó un comunicado muy significativo que ayuda a entender la política represiva del Estado español, conducida en el tiempo por medidas de excepción y leyes opresoras. «Alguien debiera pararse a pensar que en las prisiones cada vez hay más presos políticos, y cada vez por actuaciones más diversas. Hay presos por defender la libertad de este pueblo con las armas en la mano, hay insumisos al Ejército español, hay gente acusada de hacer frente a la Policía española en la calle, hay gente como Jon [Idigoras] encarcelada por expresar sus ideas políticas, y ahora también hay gente en la cárcel por frenar una obra irracional y dañina».

EPPK: «UTILIZAN AL COLECTIVO COMO REHÉN POLÍTICO»

Y otro 13 de abril, en este caso del año 2012, GARA publicaba una amplia entrevista con la nueva interlocución del Colectivo de Presos y Presas Políticos Vascos (EPPK). Durante la entrevista, el Colectivo ofrecía claves que ayudan a entender cómo en cada ciclo político los presos políticos han sido utilizados por los gobiernos como pieza de presión.

Era abril de 2012. Meses antes, en setiembre de 2011, el Colectivo se había adherido al Acuerdo de Gernika, alineándose con decenas de fuerzas políticas, sindicales y sociales vascas para impulsar un escenario de paz y soluciones en Euskal Herria. Y en octubre de 2011, ETA había anunciado el cese definitivo de su actividad armada. En ese contexto, en la citada entrevista EPPK saludaba la activación de fuerzas en Euskal Herria y se declaraba dispuesto a volcar «todo el capital del Colectivo en esa dirección».

En una reflexión sobre el proceso que vivía Euskal Herria, EPPK subrayaba la utilización una vez más del Colectivo. «Nos hemos dado cuenta perfectamente de que quienes han identificado el conflicto con el final de ETA se encuentran irritados, que están enfadados y, aún más, asustados con los pasos adelante dados por la izquierda abertzale y por la lucha de liberación. Parece que esto les lleva a querer torpedear el proceso y la nueva era del modo que sea. Y para todos esos que aparecen como enemigos de la resolución, parece que no hay mejor pieza de caza que nosotros, los presos políticos vascos, para lograr ese objetivo. Castigándonos a nosotros, les gustaría castigar a la ciudadanía vasca y, a ser posible, hacer descarrilar el proceso».

En una mirada hacia atrás, EPPK recordaba el peso del colectivo en las distintas mesas de negociación. «No es ningún secreto que en los anteriores procesos de diálogo o negociación los gobiernos ponían el tema de los presos encima de la mesa para no afrontar las raíces del conflicto político. Ahora está ocurriendo todo lo contrario: obstaculizando el tema de los presos están intentando ponerle freno al proceso».

«Más que nunca, utilizan al Colectivo como rehén político, nos quieren usar como moneda de cambio, para escenificar una victoria», reiteraba.

La política carcelaria responde «a una estrategia de opresión», recordaba el Colectivo, al tiempo que subrayaba que «corresponde a los estados desactivar esa estructura opresora. Desactivar todas las medidas de excepción y respetar los derechos que nos corresponden a los presos traería por sí mismo un cambio evidente. En la medida en que en esta fase hemos hecho una apuesta por afrontar el conflicto desde una perspectiva democrática, es imprescindible también que la política carcelaria se ajuste a eso. Tenemos que hacerles ver que lo que ha sido una herramienta de guerra es inaceptable ya de aquí en adelante. Pero saben que hasta el paso más pequeño que den alimentaría el proceso e impulsaría el nuevo escenario, ¡ese es la quid de la cuestión!».