«La extradición de Assange abriría una peligrosa vía al totalitarismo»

Aitor Martínez (Cádiz, 1981) es el abogado principal del equipo jurídico de Julian Assange. Doctor en Derecho Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid y profesor de Derecho Humanitario es también autor de la querella por crímenes de lesa humanidad contra los responsables de la represión en Paraguay durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

Aitor Martínez no esconde su preocupación por una eventual extradición del fundador de WikiLeaks a EEUU. Pese a las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Joe Biden, de considerar la retirada de los 17 cargos contra Julian Assange, su abogado principal prefiere no entrar en esperanzas ficticias sobre un comentario que otro de los letrados del periodista encarcelado, Barry Pollack, ha calificado como «alentador». Por el momento, Martínez prefiere ceñirse a unos hechos que no indican que EEUU vaya a renunciar a su extradición. La decisión está en manos de la Justicia británica y se conocerá el 20 de mayo. «Si es entregado a EEUU se abriría una peligrosa vía hacia el totalitarismo», asegura.

Los jueces británicos han aplazado hasta el 20 de mayo la posible extradición de Julian Assange a EEUU. ¿Qué riesgos entraña su entrega?

El Tribunal Superior de Justicia, la High Court, ha resuelto admitir tres de los puntos de apelación presentados por la defensa. El primero, en base al artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que recoge el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa. El segundo, por la posibilidad de que por su condición de extranjero en EEUU no se le reconozca la protección de la Primera Enmienda. Y el tercer punto de la apelación es el relativo a que si Assange es extraditado puede violarse el ‘principio de especialidad’, una garantía que rige en estos procesos para que una persona extraditada solo pueda ser juzgada por los hechos y delitos que han propiciado su extradición. De esta forma evitamos que en EEUU pudieran imputarle nuevos cargos en función de la Ley de Espionaje, que contempla incluso la pena de muerte. El Tribunal ha dado de plazo hasta el 16 de abril para que EEUU presente garantías diplomáticas a estos tres puntos. Si no aporta los requisitos requeridos abrirá un juicio sobre su fondo, pero si los presenta celebrará una nueva vista el 20 de mayo para dilucidar el contenido de esas aportaciones.

¿Consideran que han ganado esta primera batalla?

Esperábamos que el Tribunal admitiera a trámite todos los puntos de apelación, o al menos la mayoría de ellos sin discusión, ya que hablamos de una causa fundamental para la libertad de prensa en el mundo. Sin embargo, ha solicitado a EEUU que aporte un conjunto de garantías diplomáticas que no han sido aportadas nunca en estos cinco últimos años. Es más, es una petición judicial que carece de virtualidad, toda vez que la esencia de esta causa, la persecución de un periodista bajo leyes de espionaje, no puede ser solventada por la entrega de un conjunto vago e impreciso de garantías diplomáticas. De hecho, desde la defensa ya hemos acreditado que cuando EEUU pierde una extradición con países europeos, por ejemplo, por cuestionamientos a su sistema penitenciario u otros elementos que no cumplen con los estándares europeos, es usual que aporte garantías diplomáticas. Sin embargo, es recurrente que cuando el extraditable se encuentra en suelo norteamericano se violen esas garantías. Además, las garantías diplomáticas las otorga el Poder Ejecutivo, pero no son vinculantes para una corte de justicia. Por lo tanto, ninguna garantía diplomática ofrecida por el Gobierno de EEUU cubre lo que resuelve posteriormente un tribunal, que evidentemente podría dejar desamparado a Julian Assange sin aplicarle la Primera Enmienda o reformulando cargos contra él que pudieran agravar más la potencial pena de 175 años de cárcel e incluso la pena de muerte. Es más, las garantías diplomáticas que ofrezca la Administración Biden no obligarán a cumplirlas al Ejecutivo que surja de las siguientes elecciones, por lo que la situación de Assange quedaría al más absoluto arbitrio del nuevo Gobierno.

¿Cree que la decisión de la Corte marcará un precedente para la libertad de prensa?

Esta extradición no es una causa que afecte a Julian Assange o a la agencia de noticias WikiLeaks. Afecta a todo el periodismo libre del mundo. Puede asentar un peligrosísimo precedente ya que en caso de salir adelante la extradición bajo la Ley de Espionaje, cualquier periodista que publique información veraz sobre crímenes de guerra como los publicados por WikiLeaks podría ser perseguido extraterritorialmente por EEUU. Si Assange es entregado, la independencia del periodismo para informar sobre las desviaciones y abusos de los gobernantes y el derecho de los ciudadanos a una información veraz quedarán dañados. Esto, evidentemente, es abrir una peligrosa vía hacia el totalitarismo.

Usted ha denunciado que si Assange es extraditado no tendrá un juicio justo. ¿En qué basa su desconfianza?

Contra Julian Assange pesan 18 cargos, 17 de los cuales se enmarcan en la Ley de Espionaje de 1917, una norma aprobada en EEUU en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Es ahí donde reside la motivación política de los cargos. El ‘delito’ de Assange y WikiLeaks fue diseñar un sistema de cortafuegos para que cualquier denunciante de una vulneración de derechos humanos o un crimen de guerra pudiera remitir información contrastada sin que nadie, ni siquiera la propia organización, conociera su identidad para protegerles de eventuales represalias. Así elaboró sus publicaciones sobre escándalos en Islandia, la corrupción bancaria en Suiza, las agresiones medioambientales en Costa de Marfil, la censura a Internet en China o las ejecuciones extrajudiciales en Kenia. Ninguno de estos países desató persecución alguna contra WikiLeaks. Solo EEUU inició un proceso de esta naturaleza, equiparando a Julian Assange a un espía.

EEUU dice que estas informaciones pusieron en riesgo la vida de decenas de agentes en zonas de conflicto.

Es una afirmación absolutamente falsa. De hecho, el Departamento de Justicia norteamericano trata de camuflar que el trasfondo de la persecución es la publicación de verdades incómodas para EEUU. Una fue la acreditación de miles de asesinatos de civiles, de torturas sistemáticas y detenciones arbitrarias con graves daños para miles de personas. Y esos crímenes siguen impunes en EEUU. Ningún militar norteamericano ha sido condenado por los delitos que cometieron y que WikiLeaks difundió. Se ha solicitado que aporten nombres y datos concretos sobre los daños causados por las publicaciones de WikiLeaks y no han podido hacerlo porque simplemente no existen. Recuerde el vídeo “Collateral Murder”, donde se ve a militares estadounidenses entre risas disparando a civiles desarmados en un barrio de Bagdad desde un helicóptero y matando entre otros a dos periodistas de la agencia Reuters. Aunque EEUU dijo que aquello fue un encontronazo militar con la insurgencia iraquí, el vídeo acreditó que esa versión de los hechos era falsa, que aquello fue un crimen de guerra y nadie ha sido condenado por ello. Sin embargo, el periodista que cumplió con su deber es acusado de espionaje y se enfrenta a una potencial pena de 175 de años de cárcel.

¿Cree que es una venganza de la CIA?

Sí. Agentes y exagentes, algunos con nombre y apellidos, aseguran que el caso contra Julian Assange está impulsado desde el establishment de inteligencia estadounidense. En cambio, es evidente que al Departamento de Justicia todo esto le genera problemas porque agrede de manera clara a la Primera Enmienda y mancha la imagen de EEUU en el mundo.

Entonces, ¿por qué mantienen los cargos?

Porque la estructura de la inteligencia quiere vengarse de él no solo por haber desnudado la crueldad de sus operaciones con los Iraq War Logs o los Afghan War Diaries. O por haber expuesto abiertamente las técnicas de tortura de Guantánamo y su intromisión en la privacidad de teléfonos, televisiones, y demás dispositivos de los ciudadanos con publicaciones como Vault 7. Como relataron algunos de estos agentes y exagentes, Assange no supone ninguna amenaza para la seguridad de EEUU. Joe Biden acaba de declarar que está considerando la posibilidad de retirar los cargos pero no podemos valorar la importancia de este comentario porque, por el momento, todo sigue inalterable. El día 20 de mayo lo sabremos.

Assange no pudo estar presente en el juicio por razones de salud. ¿Mantenerle recluido en un centro de máxima seguridad como Belmarsh es un riesgo añadido?

Es evidente que su salud está muy mermada, tanto psíquica como físicamente. De hecho, los médicos han acreditado que podría morir en prisión o incluso suicidarse. El relator de la ONU contra la Tortura le visitó en prisión junto a dos médicos especializados y concluyó en su informe final que sufre un proceso de tortura reiterada desde hace más de una década. Su estado actual es tan delicado que la jueza Vanessa Baraitser denegó su entrega a EEUU por este motivo, aunque después la Corte de Justicia inglesa revirtió el fallo tras la presentación de unas garantías vagas e imprecisas por EEUU. Hemos puesto todo lo relativo a su estado de salud en manos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿Qué opciones quedarían en caso de perder la apelación?

Esperamos que la Justicia británica valore en su justa medida un caso que puede asentar un peligrosísimo precedente para la libertad de prensa en el mundo. Por lo tanto, los jueces deberían ser conscientes de que se enfrentan a un proceso histórico que afecta a toda la comunidad internacional. Si terminan acordando su entrega, nos quedaría el recurso de acudir a la Corte Europea de Derechos Humanos. En ese caso, presentaríamos una demanda ante el Tribunal de Estrasburgo y una medida cautelar para impedir que Reino Unido proceda a su extradición hasta que se resuelva el fondo de esa demanda.