Hong Kong se precipita dentro de la gran cibermuralla china

La eliminación de la canción de protesta ‘Glory to Hong Kong’, compuesta por un músico bajo un seudónimo en agosto de 2019, de las plataformas de streaming plantea preocupaciones sobre la libre circulación de información y la libertad de expresión en la excolonia británica. La Corte de Apelaciones aceptó a principios de mayo la petición del Gobierno de Hong Kong de prohibirla.

La eliminación de la canción de protesta ‘Glory to Hong Kong’ de las plataformas de streaming, como Apple Music o Spotify, tras una orden judicial ha levantado una gran preocupación no sólo en el ámbito de los derechos humanos sino también en el mundo empresarial. El equipo que editó la canción recibió una notificación de Emubands, un servicio de distribución digital, sobre la eliminación debido a la orden judicial de Hong Kong en la que se indicaba que ésta ya no está disponible incluso usando VPN, lo que indica que la eliminación es global. .

La Corte de Apelaciones de Hong Kong emitió una orden judicial a principios de mes en que prohíbe la reproducción, distribución y exhibición de la canción ya que ésta, según las autoridades judiciales de la región administrativa especial, tiene la intención de incitar al independentismo o insultar el himno nacional chino.

La canción, que fue la más buscada como «himno nacional de Hong Kong» en Google, fue reproducida por error en eventos deportivos en lugar del himno chino, lo que llevó al gobierno a actuar legalmente para prohibirla.

“Glory to Hong Kong” fue compuesta por un músico bajo seudónimo en agosto de 2019 y se convirtió en el himno no oficial de las protestas en favor de una democracia al estilo occidental. El himno contiene la frase «liberar Hong Kong, revolución de nuestro tiempo», un lema de protesta que ya fue prohibido en 2020, en plena pandemia. Tanto el gobierno local controlado por Pekín, como ahora las autoridades judiciales aseguran que la música tiene claras connotaciones separatistas y subversivas del orden establecido.

El periodista, académico y activista en favor de los derechos humanos de Hong Kong, Patrick ‘Kar-wai’ Poon, denuncia que «la sentencia en sí no incluyó ningún elemento sobre la protección de la libertad de expresión y solo abordó la cuestión de la seguridad nacional». Este experto legal exiliado en Tokio se pregunta si «la seguridad nacional puede ser socavada por una canción. Solo puedo decir que eso es ridículo», remata.

Poon confirma que «la mayoría de las versiones de la canción han sido eliminadas de la mayoría de las plataformas. Por ejemplo, solo queda una versión en Apple Music cuando accedo desde Japón», relata. «Todos deberíamos pedir a la comunidad internacional que desafíe las problemáticas leyes de seguridad nacional en Hong Kong ya que no se trata de la seguridad nacional sino de la flagrante represión de la libertad de expresión por parte de este régimen autoritario», denuncia el académico que actualmente imparte conferencias y debates en universidades niponas.

POSIBLES RESTRICCIONES

Según el activista, «el próximo paso que podría tomar el Gobierno de Hong Kong sería imponer más restricciones a la libertad en línea, limitando más contenido que el régimen considere desafiante para su Gobierno, en nombre de la ‘seguridad nacional’». Cuando en 1997 Hong Kong fue devuelto a China tras más de 150 años de control británico estableciéndose la fórmula de «un país, dos sistemas» como base en la que se sostenía la relación de la ex colonia británica con Pekín.

El Gobierno chino se comprometió, al menos durante 50 años, a respetar principios básicos como la libertad de reunión y de expresión. Casi tres años después de la aprobación de la primera ley de seguridad, el pasado marzo se aprobó una segunda ley mucho más dura que la de junio de 2020. En esta nueva legislación se introducen 39 delitos divididos en cinco categorías y penas de hasta cadena perpetua por actos de «traición, insurrección, incitación a amotinarse a miembros de las fuerzas armadas chinas y la connivencia con fuerzas externas para dañar la infraestructura pública».

Los juicios se pueden celebrar a puerta cerrada y la policía tiene el derecho de detener a sospechosos hasta dos semanas sin cargos. Así pues, el ejecutivo local dispone de mucho más poder para sofocar la disidencia política y tener los instrumentos adecuados para poder juzgar y, eventualmente, condenar a aquellos que se opongan a las directrices de las instituciones chinas.