La ciudadanía quiere una sanidad pública a la altura

La percepción social en torno a la sanidad pública vasca no solo es mala, sino que en menos de una década ha pasado de ser el servicio público más valorado a ser el peor considerado por la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Son datos del Deustobarómetro, que tiene precisamente el valor de reflejar una serie significativa y sostenida en el tiempo. Si en el invierno de 2015 Osakidetza recibía una puntuación de 6,3 puntos sobre 10, ahora se queda en 4,4 puntos, bastante lejos del aprobado. Durante los dos últimos años, esa percepción se ha acentuado y acelerado, puesto que en el verano de 2022 la ciudadanía sí que aprobaba a Osakidetza. Durante este periodo la vivencia de las personas que han necesitado asistencia sanitaria ha sido deficiente, totalmente divergente con los discursos oficiales del Gobierno de Lakua.

Hasta la campaña electoral se ha insistido en negar esa realidad, se ha echado la culpa de todo a la pandemia y se ha regañado a quienes criticaban los problemas. La encuesta refleja que la ciudadanía se ha hartado de esa forma de actuar. En consecuencia, casi tres de cada cuatro personas encuestadas (el 72,4%) considera que el nuevo Ejecutivo de Imanol Pradales debería cambiar «mucho» (23,2%) o «bastante» (49,2%) las políticas de la época del lehendakari Urkullu. Se deberán revisar también los argumentos que se han utilizado para intentar combatir las críticas sensatas de la ciudadanía, porque han provocado un malestar que no es sencillo apaciguar.

Todo el mundo advierte de que, llegados a este punto, los problemas del sistema de salud público no se van a solucionar fácilmente. Revertir esa decadencia requiere de un proceso de debate intenso con todos los agentes implicados, obliga a establecer prioridades, lograr acuerdos potentes y acertar en fórmulas y plazos. El marco es la defensa de los servicios públicos en el contexto actual, no la concertación neoliberal de la salud. Ni la supervivencia de la red clientelar. Todo ello implica hacer partícipe a la ciudadanía de ese proceso, atendiendo sus demandas, rindiendo cuentas y explicando los problemas. Eso implica un ejercicio de honestidad y cooperación que puede servir para romper con la inercia negativa.