Castigo global a la lucha en defensa de la tierra

Siete activistas fueron procesados por participar en una protesta pacífica contra el proyecto urbanístico de Aroztegia en Baztan. Esta semana se ha conocido que se les acusa de conformar una organización criminal y que la Fiscalía solicita 20 años de prisión y 58.000 euros de multa. Una petición absolutamente desproporcionada por rebelarse y protestar contra un pelotazo urbanístico que pretendía construir en Lekaroz, en un entorno rural, un hotel, un campo de golf y más de doscientas viviendas.

La criminalización de las movilizaciones en defensa de la tierra no es una estrategia novedosa. Ya la utilizaron en Alemania para justificar una redada contra Letzte Generation (Última generación) y en el Estado francés para intentar disolver el movimiento Soulèvements de la Terre (Levantamientos de la Tierra). Entonces, como ahora en Baztan, la acusación de formar una organización criminal fue la excusa para atacar a esas organizaciones ecologistas por haber realizado acciones de desobediencia civil. Lo cierto es que la necesidad de enfrentar el calentamiento global y la transición energética ha hecho que un buen número de proyectos se califiquen como medioambientales, cuando en realidad tienen más que ver con el lavado de imagen verde de las grandes corporaciones que con una verdadera estrategia ecológica. Y a falta de argumentos con los que defender esas inversiones, que se consideran ambientales pero que en realidad solo buscan colonizar nuevos espacios y explotar recursos vírgenes, los estados europeos han optado por criminalizar cualquier protesta, deslizándose peligrosamente hacia el autoritarismo.

En el actual contexto de crisis ecológica, la lucha por las materias primas y los recursos naturales se ha vuelto mucho más despiadada en todo el mundo. Si en Europa se criminaliza la resistencia, en el Sur global se llega a la eliminación física de los opositores. Global Witness contabilizó 177 activistas muertos en 2022, en un listado que encabezan Colombia, Brasil y México. Ni la transición energética ni la lucha contra el cambio climático se pueden construir desde la destrucción de la democracia y la criminalización de la sociedad civil.