No hay que ser jurista para ver el patrón del «lawfare»

La coincidencia en el día de ayer de diferentes situaciones relacionadas con el Estado de derecho y los poderes judiciales en el Estado español sugiere un análisis crítico al respecto. En primer lugar, el presidente español, Pedro Sánchez, se amparó en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para no declarar como testigo en una causa contra su pareja. Begoña Gómez está siendo investigada por tráfico de influencias y corrupción, a pesar de no haber hasta el momento indicios que justifiquen esa causa. Sánchez evitó así la imagen que buscaban el juez Juan Carlos Peinado y las acusaciones vinculadas a la ultraderecha, con Vox a la cabeza. Más tarde, presentó una querella por un delito de prevaricación contra Peinado, porque este forzó la declaración verbal a sabiendas de que no podía hacerlo. Siendo un delito difícil de probar, este sería un caso paradigmático. Este paso es coherente con la denuncia de «lawfare» hecha por Sánchez.

Mientras esto ocurría, en el Consejo General del Poder Judicial los nuevos 20 vocales que tomaron la semana pasada su cargo como consecuencia del acuerdo entre el PSOE y el PP no lograban elegir a su presidente para los próximos cinco años, tras tener su mandato caducado durante más de cinco años. El reparto bipartidista del CGPJ desembocó en un bloqueo que intentarán deshacer hoy, eligiendo entre los magistrados del Tribunal Supremo Pilar Teso y Pablo Lucas. Repartirse así el poder con la derecha cuando era tu turno y te tocaba reformar el sistema es un suicidio político que facilita nuevos casos de «lawfare», persecución y prevaricación.

Ayer se supo también que el Ejecutivo español ha reconocido que el president de la Generalitat, Lluís Companys, fusilado por el régimen franquista, «padeció persecución por razones políticas e ideológicas», y ha declarado «ilegal e ilegítimo» el consejo de guerra sumarísimo que lo juzgó y la sentencia que lo condenó a muerte. Este reconocimiento es parte de los acuerdos con los independentistas catalanes y de la agenda que apuntaló la investidura de Pedro Sánchez.

No hay que ser jurista para ver el patrón del «lawfare». Si no se combate ese sistema, se acaba siendo víctima de él.