Tortura impune

Gracias a una investigación llevada a cabo por periodistas del diario “La Vanguardia”, se ha sabido que en un atentado que tuvo lugar hace cuarenta años en el restaurante El Descanso, próximo a la base militar de Torrejón de Ardoz, hubo tres militares estadounidenses muertos, uno de ellos de gran importancia en la estructura de la OTAN.

Dichos muertos han sido ocultados hasta ahora debido a una decisión que tomaron la OTAN y las autoridades de los EEUU, que contaron con la complicidad de las españolas. Han sido necesarios 40 años para que sea conocida la verdad. O parte de ella.

Tengo sobradas razones para sospechar que las autoridades españolas hicieron otro tanto diez años más tarde, en 1994. Ocultaron que un importante mando de la Policía española, Antonio Santos Martínez, resultó muy gravemente herido en un atentado que ETA realizó en Córdoba.

Las razones por las que ocultaron el hecho me parecen claras. Poco después, se iba a celebrar el referéndum sobre la OTAN, y dicho policía iba a ser juzgado por torturas en el caso de Ana Ereño, conocida militante feminista y trabajadora de “Egin” que fue detenida el 28 de abril de 1982 cuando tenía 55 años.

Tras los diez días de incomunicación en dependencias policiales, Ereño presentaba numerosas contusiones, tumefacciones, equimosis y hematomas que fueron recogidas en los informes forenses, y la Audiencia de Bizkaia condenó a cinco agentes por torturas. Una condena que se volvió firme tras ser ratificada por el Supremo en enero de 1999.

Se indultó a dos de ellos y con los otros tres torturadores utilizaron todo tipo de subterfugios para evitar aplicar la pena, que conllevaba su inmediata expulsión del Cuerpo Nacional de Policía. A dos les concedieron la jubilación anticipada, y al tercero le aplicaron la pena con más de catorce años de retraso, cuando el agente ya estaba en condiciones de acceder normalmente a la jubilación.

Los dos agentes a quienes se concedió la jubilación anticipada fueron Antonio Santos, que era entonces jefe de una unidad especial de la Policía, y José Paz Casas quien, cuatro años después de que la sentencia fuera firme, seguía siendo secretario general de la Jefatura Superior de Policía de Galiza. Así lo denunció en el Congreso el entonces diputado del BNG Carlos Aymerich, en 2003. Cinco días después, lejos de ejecutar de una vez por todas la sentencia, lo que hicieron fue concederle la jubilación anticipada quince años antes de que alcanzara la edad reglamentaria.

Uno de los agentes condenados por torturar a Ana Ereño estuvo involucrado en la guerra sucia. Se trata de Leoncio Castro, gran amigo de Amedo (ambos son de Lugo), quien, según un artículo publicado por el diario “El Mundo” el 10 de octubre de 1995 era «el jefe de operaciones del GAL» en Nafarroa.

Leo Castro no fue, además, el único condenado por torturar a Ana Ereño que estuvo directamente implicado en la guerra sucia. También lo estuvo uno de los agentes indultados, Julio Hierro, quien fue asimismo condenado en el caso del secuestro de Segundo Marey, la primera acción de guerra sucia reivindicada usando las siglas GAL.

Hierro fue indultado en ambos casos, el de torturas y el de guerra sucia, y tras dejar la Policía fue durante muchos años jefe de seguridad en España de una de las grandes marcas de automóviles francesa, Peugeot. Significativamente, la seguridad de la principal marca francesa, Renault, estuvo a cargo del famoso torturador franquista José Antonio González Pacheco, «Billy el Niño».

Como se ve, en el caso de Ana Ereño, de cinco torturadores condenados en firme, dos recibieron el indulto gubernamental y a otros dos nunca se les aplicó la pena, ya que se les acordó la jubilación anticipada muchos años antes de la edad reglamentaria. Así, tan sólo aplicaron una de las condenas y además con catorce años de retraso. Y ha pasado tres cuartos de lo mismo en el resto de casos de tortura relacionados con el conflicto político que sufre Euskal Herria en los que ha habido condenas firmes.

Además, según demuestran cuatro sentencias judiciales referidas a dos casos de torturas y otros tantos de guerra sucia, sucedidos entre agosto de 1983 y febrero de 1984, guardias civiles y policías se dedicaron al mismo tiempo a torturar en cuarteles y comisarías españoles y a ejecutar acciones de guerra sucia que incluían también la tortura.

En lo que respecta a la Guardia Civil, Galindo y varios de sus hombres de máxima confianza en el cuartel de Intxaurrondo fueron condenados por la que se considera primera acción de los GAL, el secuestro en Baiona, en octubre de 1983, de los refugiados tolosarras Josean Lasa y Joxi Zabala. Ambos fueron después torturados, asesinados y enterrados en cal viva, y dos de los agentes condenados por ello, Enrique Dorado y Felipe Bayo, también lo fueron por torturar dos meses antes a Jokin Olano.

Por otra parte, la plana mayor de la Policía de Bilbo y algunos de sus agentes fueron condenados por secuestrar en Hendaia, en diciembre de 1983, al ciudadano francés Segundo Marey. Se trató de un error, ya que su objetivo era un refugiado que hubiese tenido el mismo horrible final que Lasa y Zabala. Fue la primera acción reivindicada usando las siglas GAL y uno de los condenados por ello, el jefe de la Brigada Regional de Información de Bizkaia, Julio Hierro, fue asimismo condenado por torturar dos meses después personalmente a José Ramón Quintana y Kepa Otero.

Por lo tanto, quedó judicialmente probado, en dos sentencias diferentes, que los hombres de Galindo secuestraron a Lasa y Zabala dos meses después de torturar a Jokin Olano. Y en otras dos sentencias, que Julio Hierro participó en el secuestro de Marey, al que sometieron a torturas hasta que se dieron cuenta que nada tenía que ver con ETA, dos meses antes de torturar a Otero y Quintana.

Además, bien raras han sido las ocasiones en que se han ejecutado realmente las sentencias cuando no ha habido indultos. He ahí otra flagrante prueba de la impunidad y los privilegios de que han gozado y siguen gozando los torturadores en el Estado español.