Denuncia penal contra Bullrich por reprimir la marcha por los jubilados

El exsecretario de Derechos Humanos durante el Gobierno de Alberto Fernández y actual presidente de la Red Federal de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, presentó ayer una denuncia penal contra la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, quien la víspera defendió la actuación policial al reprimir el miércoles la marcha celebrada en Buenos Aires en apoyo a los jubilados, que se saldó con 124 detenidos y 46 heridos. Una veintena de los heridos eran periodistas, entre ellos el reportero gráfico Pablo Grillo, de 35 años, que continúa grave tras recibir el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza.

La denuncia por los delitos de privación de la libertad, apremios ilegales y abuso de autoridad también alcanza al ministro de Seguridad de Buenos Aires, Horacio Giménez.

En la movilización participaron sindicatos, organizaciones sociales e hinchas de fútbol, en solidaridad con los jubilados que cada miércoles reclaman ante el Congreso una actualización en sus pensiones, cuyo nivel es paupérrimo. Las fuerzas de seguridad federales y la Policía de la capital argentina se emplearon con mucha dureza contra los manifestantes para dispersarlos al inicio de la protesta.

Pietragalla plantea en su denuncia que de los registros en medios de comunicación y redes sociales, así también como de los informes de las detenciones policiales, «no surge ningún desmán, violencia o posible delito iniciado por las personas que fueron a manifestarse». «Hasta que las fuerzas de seguridad comenzaron a reprimir -sin motivo-, la manifestación transcurría sin ningún tipo de violencia», afirma la denuncia, en la que se asevera que fueron las fuerzas de seguridad las que «comenzaron con una serie de provocaciones y avance contra los manifestantes, provocando ellos mismos -claramente con una orden del mando civil-, la enorme violencia».

«ADECUADO»

Bullrich afirmó el jueves que el operativo fue «adecuado» y que «se tomó la decisión de comenzar a dispersar a los violentos desde el primer momento» porque los manifestantes, a los que acusó de «buscar la desestabilización total y absoluta» del Gobierno, «tenían armas blancas y de fuego y estaban preparados para generar violencia». «Los que generan violencia van a tener como respuesta la represión del Estado», subrayó.

La jueza Karina Andrade liberó a 114 de los 124 detenidos en la madrugada del jueves, argumentando que la información recibida sobre las detenciones era «imprecisa», sin «detalles» sobre la hora, el lugar y el «delito específico» que supuestamente cometieron.

Reporteros gráficos protestaron el jueves ante al Congreso alzando sus cámaras para exigir la renuncia de Bullrich. «Tenemos que exigirle al Estado nacional que garantice el derecho a la protesta y la libertad de expresión», dijeron.