Aumentan un 38% en Nafarroa los casos atendidos por SOS Racismo

El número de denuncias recogidas por la Oficina de Atención y Denuncias de SOS Racismo en Nafarroa en 2024 alcanzó las 208, lo que supone un aumento del 38% en los casos atendidos por esta organización con respecto al año anterior.

Este es uno de los datos que figuran en el Informe Anual sobre el Racismo en Nafarroa de 2024, que la citada ONG hizo público ayer y que recoge, además, que las vulneraciones por parte de la Administración pública se incrementaron del 68% en 2023 al 76% en 2024.

El estudio fue presentado por Marta de Castro, Beatriz Villahizán y Agustín Cuevas, quien destacó que el informe pone de relieve «la persistencia de la discriminación racial en distintos ámbitos», hasta el punto de que muestra «un patrón sistémico de vulneraciones de derechos contra personas migradas y racializadas», como sería el caso del «antigitanismo, que sigue vigente».

El informe alerta sobre «la precarización de la vida de muchas familias migrantes, algunas con menores, que han llegado a situaciones extremas como el sinhogarismo». Además, recoge el impacto de «las necropolíticas migratorias» sobre centenares de jóvenes que migran solos y que son condenados a la exclusión y la incertidumbre jurídica. Y documenta «las condiciones laborales precarias que afrontan los obreros migrantes en la construcción del Tren Alta Velocidad», por ejemplo.

Asimismo, constata «la dificultad de acceso al padrón y a procedimientos de regularización, lo que perpetúa la exclusión social y laboral», según destacó Cuevas.

Al hacer mención a datos más concretos, se refirió a que se ha detectado un aumento «significativo» en el porcentaje de personas atendidas en situación administrativa irregular, que ha pasado del 41% de 2023 al 53% en 2024, «lo que refleja un agravamiento de las barreras institucionales para la regularización de derechos».

Cuevas insistió en que los casos registrados en la oficina de SOS Racismo «no reflejan la totalidad del problema», ya que «existe una gran cantidad de situaciones de racismo y xenofobia no llegan a ser denunciadas debido a la continua inacción, falta de reconocimiento y reparación de esas situaciones de discriminación, lo que genera la desconfianza en las instituciones», y subrayó que «la infradenuncia oculta una realidad aún más alarmante y refuerza la impuni- dad de las estructuras racistas». Destacó Cuevas que la Ley de Extranjería es «una de las mayores herramientas legales de discriminación».

VULNERACIONES DETECTADAS

El informe de SOS Racismo recopila diversos tipos de vulneraciones a partir de los relatos de quienes han acudido a su oficina. De Castro explicó que se ha detectado «arbitrariedad en el acceso a las ayudas» a causa de una falta de coordinación de las instituciones implicadas y «un cese de la guarda» que genera desprotección en menores migrantes.

También citó casos de denegación del reconocimiento de la dependencia, barreras a la hora de abrir cuentas bancarias, impedir el acceso a locales de ocio y, aunque existe una instrucción para facilitar el empadronamiento, «se registran retrasos en la respuesta a la petición».

Otros casos tienen que ver con la discriminación en el acceso a la vivienda, la brecha digital, «la vigilancia excesiva» a las personas racializadas, la falta de asesoramiento a la hora de realizar trámites administrativos e incluso los problemas para conseguir cita, los casos de facturación tras su paso por urgencias hospitalarias y la precariedad en el empleo.

Y otras vulneraciones están relacionadas con la existencia de «una segregación racial educativa especialmente preocupante en Pamplona y Comarca», y con el «alarmante» aumento de los discursos de odio.

MEDIDAS PROPUESTAS

Desde SOS Racismo se plantea una serie de medidas concretas para combatir esta situacón que fueron desgranadas por Villahizán. Consisten, en primer lugar, en «garantizar el reconocimiento de todas las personas migradas y racializadas como sujetos de derechos, sin importar su situación administrativa, y eliminar las barreras normativas que impiden su acceso a derechos fundamentales».

También insta al Gobierno español a «realizar cambios normativos, como el apoyo a la iniciativa legislativa popular Regularización Ya, la universalización del acceso a la sanidad y la homologación de títulos».

Demanda, asimismo, «implementar protocolos efectivos para prevenir, detectar y reparar la discriminación racial dentro de la Administración, garantizando canales de denuncia seguros y una vigilancia activa de los casos».

Además, SOS Racismo plantea «la eliminación de los controles policiales basados en el perfil étnico y la colaboración institucional en expulsiones, poniendo fin a las ‘citas trampa’» y propone «integrar la perspectiva antirracista en la elaboración y vigilancia de leyes y planes», y exhorta a «fortalecer la autoorganización del tejido social».