2013 ABEN. 12 El alcalde de Biarritz queda imputado por anular más de 120.000 euros en multas Tras haber sido interrogado en comisaría durante más de diez horas, el juez decidió imputar a Didier Borotra por «sustracción, desvío y destrucción de fondos públicos». Podría ser condenado a penas de cárcel. Arantxa MANTEROLA BIARRITZ Los datos proporcionados ayer por la fiscal Anne Kayanakis evidencian que en el Ayuntamiento de Biarritz existía un sistema particular para la gestión de las multas por infracciones de tráfico en base a criterios establecidos por el propio alcalde. La inspección abierta en abril de 2011 ha dejado al descubierto una cantidad inusual de multas invalidadas. En el periodo investigado -desde el 1 de enero de 2009 al 1 de junio de 2013 (las eventuales infracciones anteriores estarían prescritas)-, fueron anuladas 5.512 multas por un monto total de 120.542 euros. Además, la fiscal aseguró que la instrucción ha revelado la existencia de «instrucciones dadas a la Policía Municipal en el sentido de no establecer multas en infracciones como hablar por el teléfono móvil al volante, por no tener a mano el certificado del seguro o por excesos de velocidad». El hecho de que fuese el alcalde quien decidiera anularlas también constituye un delito, ya que es una competencia que corresponde al Ministerio Público y que se habría atribuido el primer edil ilegalmente. Tres cargos En relación a estos hechos, Didier Borotra ha sido imputado por los cargos de «sustracción, desvío y destrucción de fondos públicos por una persona depositaria de autoridad pública; por establecer medidas destinadas a evitar la aplicación de la ley por una persona depositaria de autoridad pública y, por último, por intromisión, es decir, por usurpación de la función de un oficial del Ministerio Público». En el caso de que fuera declarado culpable de esos cargos, las penas a las que sería condenado podrían llegar hasta 10 años de cárcel como máximo. El director de la Policía Municipal de Biarritz, Xavier Blaisot, ya fue imputado por los mismos cargos el 3 de diciembre. La fiscal Kayanakis explicó que estos hechos han podido ser constatados gracias a informaciones provenientes de ámbitos policiales y de otras fuentes. Añadió que la Fiscalía había dirigido al antiguo senador varios correos en 2002 y en 2008 para llamarle al orden que, por lo visto, no fueron atendidos.