Familiares y víctimas reclaman a Lakua que reabra la investigación

El lunes se cumplen 34 años del atentado que en la madrugada del 20 de enero acabó con la vida de Liborio Arana, Manuel Santacoloma y del matrimonio formado por Pacífico Fika y Mari Paz Ariño, además de causar decenas de heridos. El ataque con una potente bomba contra el bar Aldana, frecuentado por clientela abertzale, fue reivindicado por Grupos Armados Españoles (GAE) y continúa impune.

El tiempo no ha cerrado las heridas y el recuerdo «a las víctimas inocentes de un ataque cargado de odio a lo vasco» sigue vivo. El Aldana era lugar de encuentro de abertzales de distinta adscripción y su propietaria, Garbiñe Zarate Camino, militante jelkide.

«Después del atentado y durante años», rememoraban ayer sus familiares, siguió recibiendo amenazas. La popular tabernera siempre pensó que procedían de conocidos ultraderechistas de la anteiglesia encartada.

Ayer, a escasos metros del lugar donde se ubicaba el viejo caserón, junto a la iglesia de San Bartolomé, comparecieron ante los medios de comunicación una veintena de familiares, muchos de ellos hijos y nietos, pero también víctimas como José Ángel González Arrieta, quien regentaba con su esposa el Aldana, con su hija Garbine; Mari Carmen Koteron Aretxabala y José Ignacio Etxebarria Santamaria. Se reunieron para rubricar una carta dirigida al secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, para que haga lo posible por el esclarecimiento de la autoría del atentado.

Creen los promotores de la iniciativa que la nueva etapa abierta en Euskal Herria a raíz del anuncio de cese de la actividad armada de ETA «permite abrir un futuro de reconciliación y perdón, pero desde el conocimiento de la verdad». Por ello, se dirigen a la Secretaría de Paz y Convivencia de Lakua, a quien piden que adopte las medidas que considere oportunas. En caso de estimar su demanda, le señalan la posibilidad de que solicite a la Ertzaintza que abra una investigación. Sin duda, el propio lehendakari Iñigo Urkullu, natural de Alonsotegi, será sensible al requerimiento de quienes fueron sus vecinos.

«El esclarecimiento del caso contribuiría a nuestra sanación como víctimas pues creemos, parafraseando a monseñor Juan María Uriarte, que las `víctimas reconciliadas' pueden jugar un `papel activo' que ayude a otras `víctimas bloqueadas' desde la restauración de la memoria», manifestó Iban Arana, nieto de uno de los fallecidos.

Más tarde, Goiuri Delgado, nieta de Garbiñe Zarate, leyó una de las reflexiones del obispo emérito donostiarra en su libro ``La Reconcilación'': «Se ha distorsionado la verdad de terribles atentados mortales con justificaciones absurdas y sectarias que no resisten una elemental mirada ética. También entre nosotros el déficit de verdad ha consistido a veces en que ciertas injusticias no han existido porque no existen jurídicamente y no existen jurídicamente porque no se quiere que existan».

«Enterrar los hechos del pasado en el olvido -continuó la joven-, lejos de favorecer la reconciliación, la hace imposible. Solo recordando se sana la memoria reprimida y se evita la reviviscencia de los conflictos». Más adelante, apostilló que «la reconciliación es frágil cuando no se asienta en el conocimiento y en el reconocimiento de toda la verdad a nuestro alcance. Sin vedad -reiteró- no puede haber paz y reconciliación».

Familiares y víctimas reconocieron que disponen de «pocos datos fehacientes». No fueron informados de los resultados de la investigación que el Gobierno Civil de Bizkaia y el entonces director general de la Policía española, José Sainz, anunciaron a través de una nota oficial, en la que dijeron que iban a «asumir la responsabilidad de adoptar cuantas medidas policiales y de actuación antiterrorista sean necesarias para apoyar las instituciones democráticas y aislar a los asesinos, que no dudan en emplear su violencia deliberada contra personas inocentes».

Sainz era conocido por haber sido en plena represión franquista, de 1970 a 1974, responsable de la Jefatura Superior de Policía de Bilbo, y también ocupó posteriormente la subdirección de Seguridad del Estado. Las investigaciones del atentado de Alonsotegi fueron encargadas al comisario José Amedo Fouce, quien destacaría poco tiempo después por su implicación en los GAL.

Tal fue la conmoción política por el ataque ultraderechista que hasta el propio Sainz acudió a la capital vizcaina, donde dijo que acciones como la reivindicada por GAE trataban de «impedir el normal desarrollo constitucional y la realización pacífica» de los primeros comicios a la Cámara de Gasteiz.

Desde la izquierda abertzale siempre han denunciado que el Gobierno español trató de desviar la atención sobre la autoría. «Desde el primer momento utilizaron la arma de la intoxicación informativa y la mentira para responsabilizar a ETA del atentado, para posteriormente nombrar a José Amedo, jefe de la Brigada de Información de Bilbao, responsable de la investigación», vienen repitiendo.

la comisaría de barakaldo

Tras las declaraciones de los responsables policiales españoles, un «manto de impunidad» cubrió al caso y solo la izquierda abertzale ha denunciado en estos 34 años que «el Estado y sus aparatos policiales no iban a mover un dedo para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables». También ha sido quien ha seguido movilizándose año tras año por encima de coyunturas políticas.

Ayer, en su comparecencia, víctimas y allegados apuntaron a que meses después del ataque con bomba, «desde fuentes cercanas a ámbitos judiciales, se conoció una pista que apuntaba a mandos intermedios de la comisaría de Policía de Barakaldo como autores materiales de la colocación de aquel artefacto en el que se habrían utilizado unos seis kilos de explosivo goma 2».

Iban Arana e Iker Delgado -en castellano e euskara, respectivamente- incidieron en que «varios años después, en el marco de los intentos de esclarecimiento de los atentados del GAL, fuentes policiales confidenciales y anónimas volvieron a situar en esa misma comisaría de Barakaldo a los autores del atentado». Las víctimas y sus descendientes creen que «nunca se dieron los pasos reales para el esclarecimiento de aquel acto terrorista y para la búsqueda de responsables».

En 1980, acababa de ser refrendado en referéndum el Estatuto de Gernika y hasta 1982 no comenzó su andadura la Ertzaintza. Es, a su juicio, la Policía autonómica la que debiera encargarse de la reapertura del caso, sea a instancia de la Secretaría de Paz y Convivencia, o de la propia Lehendakaritza.

«34 años después creemos que solo desde la verdad y la memoria es posible avanzar en una real reconciliación», reincidieron, conscientes de que el nuevo tiempo político también puede ayudar a aclarar este oscuro episodio de guerra sucia.