Mitos sobre el proceso de paz

Primero. En La Habana están entregando el país. Se teje en algunos círculos la idea de que el Gobierno se ha plegado a la llamada «revolución por contrato». Esto es, que con el fin de obtener una paz a cualquier precio, la estrategia es entregar a las FARC las instituciones fundamentales del Estado y echar por la borda la tradición democrática de Colombia. Nada más alejado de la realidad.

Las conversaciones se han venido ciñendo estrictamente a los puntos pactados en el Acuerdo General de La Habana el 26 de agosto de 2012: Desarrollo rural, participación política y ciudadana, el problema de las drogas, la desmovilización y la dejación de armas, víctimas, esto es, mecanismos de justicia transicional y, por fin, refrendación y garantías.

Ambas partes encontraron que estos puntos son eficientes y suficientes para poner fin el conflicto y abrir, sin armas, una etapa amplia de transformaciones con garantías plenas para el movimiento que surja de las FARC y entre en la política.

El Gobierno no tiene previsto cambiar la agenda, ni ha aceptado interpretaciones de las FARC que logren ese propósito. No hay que confundir las intervenciones habituales de las FARC a través de las cuales dan a conocer las más disímiles posiciones políticas, con lo que ocurre en la mesa de conversaciones. Las primeras servirán para nutrir la plataforma política de las FARC si dan el paso de la terminación del conflicto y escogen el camino de luchar por sus ideas dentro de un marco de garantías.

Lo pactado hasta ahora en los dos primeros puntos de la Agenda, si bien contiene puntos trascendentales para una reforma rural integral y para una nueva apertura democrática, está inscrito fielmente en el ideario del estado social de derecho.

Lo pactado implica reformas, incluso reformas constitucionales, pero nada de ello corresponde a devaneos ni concesiones que desvirtúen la esencia de la democracia.

Segundo. Viene una reducción de las Fuerzas Armadas y un recorte de su estatus como consecuencia de la terminación del conflicto. Totalmente falso. La estructura y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas fue específicamente excluido de las conversaciones.

Tercero. La reforma rural integral afecta la propiedad privada. Se convinieron una serie de transformaciones de la realidad rural de Colombia con equidad y democracia, pensado en beneficiar al pequeño productor. Los acuerdos buscan que el mayor número de habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente puedan acceder a ella, mediante la creación de un Fondo de Tierras para la Paz, acompañado de planes en vivienda, agua potable, asistencia técnica, capacitación, educación, adecuación de tierras, infraestructura y recuperación de suelos. Es un cambio histórico, un renacimiento del campo colombiano, que puede darse en el escenario del fin del conflicto. Todo esto se hará con pleno respeto por la propiedad privada y el Estado de Derecho. Los propietarios legales nada tienen que temer. Sobre algunas versiones recientes relacionadas con la supuesta afectación de tierras aledañas a centros poblados, hemos aclarado con toda precisión este desaguisado. En la legislación actual existe la extinción judicial del dominio contra adquirientes ilegales. Lo pactado solo busca agilizar los trámites que hasta ahora han sido muy lentos. No se ha modificado la idea central de que la extinción judicial del dominio se ocupa solo de bienes ilegales.

Cuarto. Las conversaciones son clandestinas, de espaldas al país. La experiencia mundial y colombiana indica que para que estas conversaciones fructifiquen es necesaria una dosis de confidencialidad. Negociar por los micrófonos es la mejor forma de frustrar el proceso. Pero tal como está acordado por ambas partes, un acuerdo final debe ser sometido a refrendación de toda la ciudadanía, previo un período de discusión abierta y profunda. Nada se hará a espaldas del país. Es cada colombiano el que decide en la intimidad de su conciencia. No obstante, sin eliminar ese principio básico, se ha brindado información adecuada. El jefe de la delegación del Gobierno ha realizado 23 intervenciones desde la instalación de la mesa de conversaciones. Ambas partes publicaron sendos informes bastante completos sobre los dos puntos acordados. La delegación del Gobierno ha asistido a más de 50 foros de la más diversa naturaleza. En desarrollo de la Agenda se han celebrado foros amplios y pluralistas sobre tres puntos de la Agenda.

Quinto. Habrá impunidad para los responsables de crímenes contra la humanidad. El Marco Jurídico para la Paz contempla los límites generales de una estrategia integral de justicia transicional que necesariamente tendrá que enmarcarse en las obligaciones internacionales del Estado colombiano. La integralidad se refiere por un lado a lograr una aplicación coherente de una serie de distintas medidas judiciales y extrajudiciales para la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; y de otro, a permitir la reintegración sostenible de los excombatientes a la vida civil. El tratamiento jurídico de quienes hayan participado en graves violaciones a los derechos humanos en la fase de transición depende de su disposición a reconocer su responsabilidad, hacer frente a sus víctimas y participar activamente en la reconstrucción de la verdad y la reparación de las víctimas.

En contextos como el colombiano en donde se requiere hacer frente a un legado de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, una estrategia seria de lucha contra la impunidad supone reconocer los límites del proceso penal y multiplicar los esfuerzos a través de distintos tipos de mecanismos.

Más allá del número de procesos penales y los años de privación de la libertad, la verdadera lucha contra la impunidad se concentra en develar qué fue lo que sucedió y por qué; reconocer a las víctimas y repararlas integralmente; y atribuir responsabilidad a los máximos responsables de los crímenes internacionales, a través de mecanismos públicos, de fácil acceso, con decisiones prontas y claras, que le permitan a las víctimas y a la sociedad volver a confiar en las instituciones.

La justicia transicional no es un acto de resignación y de concesiones a los victimarios, más bien es una oportunidad para hacer frente de manera definitiva a un legado de gravísimas violaciones a los derechos humanos y arraigar por fin el Estado de derecho en todo el territorio nacional.

Conclusión. Bienvenida la crítica. Como se dijo, serán los colombianos los que decidan el rumbo. Pero, entre tanto, es necesario un esfuerzo leal para que la discusión se base en hechos ciertos y no en mitos y leyendas propalados en contra de la realidad.

(*) Jefe de la delegación del Gobierno colombiano en las conversaciones de La Habana