Un «e-mail» prueba que UPN presionó para evitar una de las denuncias a Santamaría

Julio Sucunza, director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Iruñea, intentó que se retirara una de las varias denuncias contra Simón Santamaría que han derivado en la imputación del jefe de la Policía Municipal de Iruñea por siete delitos diferentes. En concreto, el correo de Sucunza hace referencia a la decisión arbitraria que tomó Santamaría para prohibir una asamblea de trabajadores.

Sucunza, cargo político designado por UPN, reaccionó días después de que el sindicato policial SPPME acudiera a la Policía Foral relatando cómo Santamaría irrumpió en una sala momentos antes de que se celebrara una asamblea de trabajadores y decidió prohibir la reunión, alegando que existía un escrito del área de RRHH que, posteriormente, reconoció que no tenía en su poder. A través del correo, el responsable dice que la retirada de esa denuncia por un delito contra los derechos de los trabajadores sería una solución «buena para todos» y, a renglón seguido, añade que «quizás, mejor para vosotros». También aclara que aquello no suponía ninguna «concesión».

En su misiva, este cargo político se muestra muy preocupado por la denuncia (a la que luego seguirían otras dos, en las que se relatan casos de mobbing bastante más graves) y, en particular, por el hecho de que la acción legal se dirija contra el jefe de la Policía Municipal. En este sentido, Sucunza prefiere que se le culpe a él de lo ocurrido.

No obstante, la denuncia que Sucunza quiere evitar va más allá de la mera denegación de la asamblea. Momentos después de que Santamaría impidiera la reunión, uno de los responsables del sindicato fue requerido por un inspector (su número de placa es el 239 y también ha sido imputado) quien le notificó que les habían denunciado por haber celebrado una protesta en la calle y «perturbar levemente la convivencia ciudadana mediante actos que inciden en la tranquilidad».

Los próximos 27 y 28, la juez ha citado a declarar a Santamaría, dos inspectores y un comisario por las denuncias presentadas por el SPPME de las que se desprenden delitos de amenazas y coacciones, entre otros.