Medio año después de la anulación de la doctrina 197/2006 por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los jueces españoles vuelven a introducir una práctica similar pero que se ubica en otro punto del proceso penal: no en las redenciones durante la ejecución de condena, sino en el periodo inicial de prisión preventiva. Por tanto, sus efectos no resultan tan brutales como los de la llamada «doctrina Parot», pero sí pueden estirar las condenas de decenas de presos en plazos de uno o dos años. Y a efectos políticos, el giro conlleva toda una declaración de intenciones por parte de los tribunales españoles, que transmiten así el mensaje de que seguirán optando por la excepcionalidad.

En el recorrido se intuye una operación concertada por el Gobierno y las distintas instancias judiciales, con clara mayoría de derechas. La decisión del Pleno de la AN, firmada el 21 de abril, fija ahora el criterio para todos los casos, pero se suma a otros fallos recientes del Supremo y el Constitucional, así como a la reforma del Código Penal aprobada en 2010 que cerraba la puerta desde aquel momento al doble cómputo del tiempo de prisión preventiva.

El asunto es complejo técnicamente, por lo que conviene explicarlo a partir de un ejemplo. La situación resulta habitual en los presos vascos. Una persona es detenida y se le abren varios sumarios. Puede estar hasta cuatro años en situación de preventivo. En este plazo, los casos se van juzgando y en su caso condenando. Supongamos que fue encarcelado el 1 de enero de 2000 y recibe una condena el 1 de febrero de 2001 y otra el 1 de marzo de 2002. En esos trece meses entre el 1 de febrero de 2001 y el 1 de marzo de 2002 tiene una especie de doble estatus: está ya cumpliendo condena por un sumario pero figura como preventivo por el otro. La duda que surge es: ¿ese periodo de cárcel cubre solo la primera condena o también la segunda? O dicho de otra forma, ¿ese tiempo se descuenta de una sola condena, sin reducir por tanto la otra, o se descuenta del volumen acumulado con tope de cumplimiento de 30 años (40 para los delitos posteriores a 2003 tras la reforma Aznar)?

Hasta ahora regía una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 2008 que admitía el llamado doble cómputo de esta prisión preventiva. Por lo tanto, cuando la defensa lo solicitaba, lo habitual era que la fecha de excarcelación fuera revisada favorablemente para la persona presa, que habitualmente salía así a la calle unos meses, un año o dos años antes de lo establecido inicialmente por la autoridad penitenciaria.

Giro de 2008 a 2014

Por tanto, esa decisión del TC interpretaba a favor del derecho a la libertad el artículo correspondiente del Código Penal, que tenía una redacción abierta. Sin embargo, las mayorías derechistas del ámbito judicial y político no tardaron en maniobrar para evitarlo. Así, en la modificación del Código Penal realizada en 2010 se cambió la redacción de ese artículo de modo que el doble cómputo ya no resulta posible en lo sucesivo.

Ahora bien, ¿qué ocurre con los delitos anteriores, que son la inmensa mayoría de los casos? El dictamen del TC de 2008 ha seguido vigente hasta los últimos meses, en que se han producido todo tipo de interpretaciones por parte de las distintas instancias, e incluso fallos en sentidos diferentes firmados por un mismo tribunal.

En una coincidencia que no parece precisamente casual, en el pasado mes de febrero tanto el Tribunal Supremo (TS) como el TC, ambos controlados por las mayorías conservadoras, dictaminaron en contra del doble cómputo. Y este mes de abril ha sido el Pleno de lo Penal de la Audiencia Nacional, no sin debate, quien ha dictado una resolución en el mismo sentido, que supone la unificación de criterios sobre este asunto.

A partir de ahora, por tanto, entre la reforma del Código Penal de 2010, las últimas decisiones del TC y del TS y la posición decretada por la AN se ha conformado una nueva doctrina que anula la interpretación vigente desde hace seis años, en contra de la persona presa.

García Razkin seguirá preso

Así ha ocurrido ya, por ejemplo, con el preso de Hernani Sergio García Razkin, actualmente en Zuera (Zaragoza). Al denegársele el descuento para una de las condenas del periodo transcurrido en la cárcel entre el 7 de junio de 1993 (fecha de detención) y el 26 de julio de 1995 (sentencia firme), tendrá que continuar preso hasta la fecha prevista, que es el 28 de agosto de 2015. Si el fallo hubiera sido favorable, Sergio García Razkin habría quedado libre automáticamente al descontársele esos dos años.

Como se aprecia, en su esencia el asunto es muy similar al de la llamada «doctrina Parot»: ambos atañen a los casos de personas con más de una condena y se basan en manipular la acumulación del cómputo de tiempo en prisión, en el caso anulado por Europa reduciendo las redenciones y en este de ahora recortando el plazo pasado en prisión preventiva. Uno y otro, por tanto, comparten el mismo objetivo de estirar las condenas.

Obviamente, el impacto resulta diferente en cuanto al tiempo extra de prisión (en el caso de la doctrina 197/2006 el encarcelamiento se llegó a prolongar incluso seis años, algo que es imposible técnicamente con esta reforma). El veto al doble cómputo tampoco produce un retroceso a posteriori en la fecha de excarcelación, como ocurría con la doctrina que anuló Estrasburgo deparando graves efectos sicológicos a los presos y sus familias. Pero sí se evita que las liberaciones se adelanten a petición de las defensas y, por tanto, que las condenas se aligeren.