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La anulación de la extra de funcionarios en Nafarroa acaba ante el Constitucional


La anulación de la paga extra a los funcionarios navarros de diciembre de 2012 tendrá que resolverse en el Constitucional después de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra decidiera poner una «cuestión de constitucionalidad» sobre la medida adoptada por UPN tras una iniciativa legal emprendida por LAB.

El núcleo de la cuestión es relativamente sencillo. Lo que el sindicato abertzale alegó es que la «extra» de setiembre es una compensación por los servicios prestados durante los últimos seis meses del año. En este sentido, LAB sostiene que la decisión de suprimirla se produjo el 14 de julio y que, por tanto, se les habría negado esa compensación por lo trabajado desde el 1 de junio hasta el 14 de julio, que es cuando entró en vigor la nueva ley. Por tanto, de lo que se trata es de que la norma nueva «incidió directa y retroactivamente sobre un derecho ya adquirido en dicha fecha». Es decir, habría atentado contra el principio de irretroactividad de la ley, que está consignado en el artículo 9.3 de la Constitución Española, puesto que constituye una restricción de unos derechos individuales.