El Estado español expresó ayer sus discrepancias sobre el informe que el Relator sobre la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No-Repetición de la ONU, Pablo de Greiff, dio a conocer durante la 27 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Ante la afirmación del Relator de que la Ley de Amnistía aprobada en 1977 no hace más que «seguir negando el acceso a la justicia, impedir cualquier tipo de investigación y obstaculizar el derecho a la verdad», la Embajadora Representante del Estado español Ana María Menéndez defendió la adopción de dicha ley, expresando que «la calificación peyorativa que el Relator otorga a la interpretación que el poder judicial ha dado en España al principio de legalidad y a la Ley de Amnistía es errónea. Los jueces aplican los principios de legalidad y retroactividad de la ley penal con pleno conocimiento de que solo a través del olvido y el perdón era posible la reconciliación».

«No estamos ante una ley de punto y final otorgada por la dictadura para perdonarse a sí misma, sino que es una ley adoptada por los partidos democráticamente elegidos», subrayó defendiendo las medidas tomadas durante la transición. «El proceso de transición culminó en el logro insigne en la consolidación de la democracia. Creemos que dicha consolidación supone una garantía de no-repetición, sin duda el pilar más importante del mandato del Relatos para las generaciones futuras».

Sin embargo, no dio detalles sobre cuáles son los pasos que dará el Gobierno actual para asegurar el reconocimiento de todas las víctimas de desapariciones forzadas, ya que quedan muchas personas que siguen buscando a sus seres queridos.

El Relator recordó, por otro lado, que «los temas relacionados con la Verdad, Justicia, Reparación y las Garantías de No-Repetición no son asunto de las políticas partidistas o programas políticos particulares sino de principios y derechos generales que conciernen a todos. De ahí la importancia de ubicar en el centro de la cuestión la noción de Derechos Humanos, es decir, los derechos de todas las personas, independientemente de su bando o afiliación política» a la par que aseguraba que «España puede hacer mucho más, especialmente respecto a la verdad y justicia».

Las demandas presentadas

Menéndez no hizo mención a esta última afirmación, pero sí respondió a una acusación realizada en una aparición anterior del Relator: «es inexacto afirmar que los jueces españoles se limitan a archivar las demandas de las víctimas que solicitan noticias sobre el paradero de sus seres queridos. Hemos proporcionado al Relator distintas decisiones judiciales que ofrecen la vía contenciosa administrativa para proceder, por ello no puede afirmase que se limiten a archivar la causa».

Por último, la embajadora española ante la ONU realizó una reflexión sobre la distancia entre instituciones y víctimas mencionada por el Relator: «Olvida que una parte significativa de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura no comparten la apreciación con las asociaciones de víctimas con las que el Relator ha tenido contacto. Esa otra parte de victimas, que el Relator ha olvidado, son las que consideran que el mayor triunfo frente a la violaciones de Derechos Humanos padecidas lo constituyen la consolidación de la democracia y las garantías de no-repetición».