TTIP, UE y EUA: Golpe transnacional contra la soberanía popular

A lo largo de julio se celebró en Bruselas la sexta ronda de negociación en torno al Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés), bajo el mismo aura de opacidad que ha caracterizado este proceso desde que la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos de América (EUA) lo pusieran en marcha en junio de 2013. Esta propuesta plantea para 2015 un nuevo marco de regulación de las relaciones comerciales y de inversión a ambos lados del Atlántico. Para ello, se pondrían en marcha básicamente cuatro iniciativas (armonización normativa, nueva arquitectura política y jurídica entre empresas e instituciones públicas, rebaja de aranceles, marco favorable a la privatización de servicios) que, de aprobarse, alterarían profundamente las reglas de juego básicas del estado social y de derecho europeo.

En este sentido, cada vez son más las voces que alertan sobre las graves consecuencias que se derivarían del TTIP, agudizando de manera exponencial el conflicto entre capital y vida en contra del bienestar de las grandes mayorías y de los derechos de la naturaleza, y a favor de los intereses de las grandes empresas transnacionales (ETN).

Empresas transnacionales: hegemonía y competencia. Una de las características de nuestra realidad actual es el papel protagónico de las ETN como actor internacional, acumulando un poder económico sin precedentes que se convierte también en poder político y jurídico, dentro de una estrategia de lograr la hegemonía global para sus negocios, llegando incluso a alterar las reglas básicas de juego del estado social y de derecho. En este sentido, han logrado la implementación parcial de un nuevo Derecho Corporativo Global, plasmado en una maraña de contratos, convenios, tratados y normas de comercio e inversiones -multilaterales, regionales y/o estatales- que se sitúan por encima de la legislación internacional y de las prerrogativas de las instituciones públicas. Así, sus normas son imperativas, ejecutables y exigibles en tribunales arbitrales cuyos laudos tienen la máxima eficacia y en los cuáles, contra todo principio democrático, se equipara a gobiernos con las ETN.

Esta tendencia hacia la acumulación de poder por parte de las ETN se acrecienta con la crisis, en un contexto además de recrudecimiento de la competencia geopolítica entre estados y las ETN. Así, se constata cómo el eje económico mundial va trasladándose paulatinamente del océano Atlántico al Pacífico, limitando la relevancia estratégica de EUA y la UE. En este sentido, nuevos países alcanzan cotas significativas de peso político y económico (BRICS) posicionando nuevas ETN en el tablero mundial, en una espiral de competencia por mercados y materias primas.

Este contexto es clave para entender el TTIP, ya que nos permite vislumbrar cómo las ETN europeas y estadounidenses presionan a sus gobiernos para mantener su posición global a través de la construcción de un gran mercado sin trabas UE-EUA. Estas dinámicas sitúan al TTIP en un proceso más amplio que lo vincula con otros grandes acuerdos en negociación, como el Pacto de Competitividad o el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA), que reman en la misma dirección. No es de extrañar, por tanto, que el 90% de quienes participan en las negociaciones del TTIP sean directa o indirectamente representantes de las ETN.

Arquitectura a favor de las ETN en un mercado sin trabas. El TTIP, por lo que se conoce hasta el momento, parece basarse en cuatro grandes apuestas:

1.-Convergencia regulatoria: El TTIP pone el acento en la necesidad de armonizar los marcos regulatorios de EUA y UE, de manera que se elimine toda traba a los negocios. Para ello se crea una estructura bipartita estable de negociación, influenciada por los lobbies de las ETN, que podrá tanto demandar cambios en las legislaciones actuales como vetar posibles futuras reglas que lesionen las posibilidades de inversión. De esta manera, la toma de decisiones políticas se aleja de la ciudadanía e incluso se privatiza, con lo que es lógico pensar que, si se prima la búsqueda del beneficio, se favorezca una convergencia a la baja, esto es, aquella en la que las normativas más exigentes en derechos se vayan haciendo más laxas. En esta perspectiva, la UE ya ha solicitado incluir en el acuerdo la derogación de la normativa bancaria de EUA -que plantea un mayor control del sistema bancario por parte del Estado-, a lo que por el momento el Gobierno norteamericano se ha negado; a su vez, los EUA pretenden incluir en el TTIP el conjunto de la normativa laboral, ambiental, social y fiscal europea, de tal manera que nos podríamos encontrar con un modelo similar al de EUA: un mercado laboral desregulado (EUA ni siquiera ha firmado seis de los ocho convenios de la OIT), una aprobación definitiva del cultivo y consumo de transgénicos, la apertura al fracking, la derogación de la normativa REACH sobre uso de productos químicos tóxicos, el uso de datos en clave de seguridad nacional, la generalización de patentes de genéricos, la limitación de la contratación pública que afecta a los circuitos cortos de producción y a la soberanía alimentaria, la banalización de la reducción de las emisiones de CO2 o la reducción fiscal para atraer inversión son solo algunos de los ejemplos de lo que podría alterar el TTIP.

2.- Nuevo marco jurídico de las relaciones estado-empresas: El TTIP plantea que los tribunales arbitrales del Derecho Corporativo Global sean los que rijan las relaciones entre instituciones públicas y ETN de UE y EUA, con el objetivo de que se garantice seguridad jurídica a sus negocios frente a las políticas públicas y a los derechos humanos. Esta medida, sumada a la convergencia regulatoria antes señalada y a los diabólicos principios de trato nacional y nación más favorecida, amputa las capacidades de los estados para defender el interés general, que incluso pueden ser denunciados si alguna normativa o propuesta de normativa lesiona o pudiera llegar a lesionar los intereses de las ETN. Así, los mínimos democráticos de nuestra ya de por sí democracia de baja intensidad se difuminan, en base a esta estructura jurídica paralela y privatizada, donde el Derecho Corporativo Global se superpone al resto.

3.- Rebaja de aranceles: El TTIP también propone una reducción de aranceles que, aunque ya son de por sí bajos (en torno al 4%), pudieran afectar a sectores específicos. Especial interés tendría, por ejemplo, en la agricultura. Así, si se abrieran los mercados europeos a los alimentos y materias primas de EUA; si además se hiciera bajo una convergencia regulatoria a la baja en términos de normativa sanitaria, ambiental o de las denominaciones de origen, y si encima las ETN pudieran denunciar a las instituciones públicas que regulen frente a su derecho a acceder a los mercados, nos podríamos encontrar con una serie de consecuencias muy negativas no solo para las economías campesinas, sino también para ciertas empresas y productos actualmente consolidados. Así, en el caso vasco, ¿no podría el TTIP poner en peligro también el txakolí, el vino de la Rioja Alavesa, o el queso Idiazabal, por poner solo unos ejemplos? Por supuesto que sí.

4.- Marco para la privatización de servicios: El TTIP no excluye de la negociación a los servicios públicos, y existe por tanto la posibilidad de que también sean incluidos. En todo caso, y sin hacer una mención explícita de los mismos, se favorecen las presiones para su privatización mediante el establecimiento de las estructuras de convergencia regulatoria y de Derecho Corporativo antes señaladas.

En definitiva, el TTIP alteraría profundamente las reglas de juego que hemos conocido en Europa, generando una estructura político-jurídica que entroniza definitivamente el ánimo de lucro como principio fuerte y a las ETN como agente político prioritario, marginando los principios básicos de la soberanía popular y arrinconando el marco internacional de derechos humanos. Ello, en última instancia, tendría funestas consecuencias para las grandes mayorías sociales y para la naturaleza, dentro de un conflicto capital-vida que ayudaría a escorar radicalmente. Por ello, creemos urgente que las fuerzas políticas y sociales primen la lucha contra el TTIP como prioridad estratégica.

(*) Coordinador de Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación internacional y Profesor de la UPV/ehu, respectivamente