«Mientras unos estamos aquí reunidos presentando argumentos para el debate, otros están reunidos para otras cosas», apuntó ayer a la tarde el president, Artur Mas, en el transcurso de la presentación del Libro Blanco de la Transición Nacional. Una intervención que transcurrió en paralelo al Pleno extraordinario del Tribunal Constitucional (TC) y que acabó cinco minutos antes de la suspensión de la Ley de consultas y del Decreto de convocatoria del 9 de noviembre.

El president se salvó, por lo tanto, de tener que anunciar sus próximos pasos, pero consciente de que la suspensión estaba al caer, advirtió: «Veremos qué pasa, pero la Generalitat está preparada».

Como muestra de ello, Mas, señaló que «en tres días hemos convocado la consulta, hemos explicado un operativo perfectamente diseñado y hemos ofrecido toda la información para mantener un debate sereno y de calidad», en referencia al Libro Blanco presentado ayer, en el que se recogen los dieciocho informes del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN).

Según señalaron fuentes del Govern, el Ejecutivo catalán explicará hoy cuáles son los pasos que dará a partir de ahora, pero ayer Mas no quiso abrir ninguna grieta que permitiese nuevas interpretaciones, por lo que cabe entender que siguen en vigor las palabras que pronunció el pasado sábado, cuando señaló que una suspensión cautelar no paralizaría los preparativos de la consulta. Pero al margen de declaraciones más o menos claras y creíbles, la prueba del algodón llegará mañana, cuando habrá que ver si el Parlament continúa con su orden del día y vota la constitución de la comisión de control de la consulta, signo inequívoco de que la cita con las urnas sigue su curso.

Al margen de la suspensión, el president criticó con ironía la actitud del Estado; tanto la celeridad con la que se reunió el Tribunal Constitucional -«han roto la velocidad del sonido», aseguró-, como las sentencias políticas del Ejecutivo español: «¿Quién nos dice que es ilegal? ¿El Gobierno? Montesquieu en estado puro». Por último, Mas criticó con un punto de amargura que «ni preguntan ni dejan preguntar». «Lo que les da miedo es la respuesta, pero lo que les debería dar miedo es que no pueda haber respuesta», concluyó el president, que un día más, repitió -en balde- que no se trata de un referéndum «sino de una consulta no vinculante».

Tampoco hubo respuestas sorprendentes por parte del resto de actores políticos que, ante la previsibilidad de la decisión del TC, se limitaron a reproducir lo que ya habían advertido que dirían en días previos. Al margen del silencio de Unió y de ICV-EUiA -previamente habían criticado la urgencia del Gobierno y del TC-, el más intrascendente fue sin duda el coordinador general de CDC, Josep Rull, que consideró que la reunión de urgencia del Tribunal «pone en evidencia que no puede ser un buen árbitro» y sin emplazar al Govern a mantener la consulta, se limitó a sumarse a las convocatorias de la campaña `Ara es l'hora' para hoy.

La CUP también se sumó a estas concentraciones en los Ayuntamientos convocadas hoy por la campaña conjunta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, pero ayer ya quiso dejar claro que su apuesta es la desobediencia y la defensa de la cita del 9 de noviembre.

Lo hizo con concentraciones en numerosos municipios y en Barcelona, donde varios centenares de personas protestaron defendieron la convocatoria de la consulta frente a la Delegación del Gobierno.

Tampoco se salió del guión previsto ERC, que compareció antes de la reunión del Tribunal Constitucional, pero dando por hecha la suspensión. Su secretaria general, Marta Rovira, aseguró que «si tenemos que elegir entre obedecer el mandato democrático de la ciudadanía de Catalunya u obedecer una sentencia del Tribunal Constitucional o un proyecto sin contenido, que nadie tenga ninguna duda de que obedeceremos el mandato democrático de los catalanes».

Rovira defendió así la desobediencia al Tribunal Constitucional en el acto de presentación de la campaña «Vull ser lliure, vull un nou país» -«Quiero ser libre, quiero un nuevo país»-, con la que los republicanos defenderán la independencia en la consulta del 9 de noviembre.

En resumen, pese a cierto descoloque por la celeridad del Tribunal Constitucional, a nadie sorprendió ayer en Catalunya la suspensión cautelar de la consulta, lo cual no evitó cierta sensación de vértigo al comprobar que ahora empieza lo que el propio Artur Mas definió hace unos meses como «territorio desconocido».

El Govern tendrá que aclarar hoy a la mañana qué piensa hacer y si le entra alguna duda, miles de catalanes se lo recordarán por la tarde en las concentraciones frente a los Ayuntamientos, 889 de los cuales -de un total de 947- han aprobado ya mociones a favor de la consulta del próximo 9N. Beñat ZALDUA

El Tribunal Constitucional ni siquiera había convocado su reunión y la consulta todavía era perfectamente legal cuando la plataforma unionista Societat Civil Catalana (SCC) presentó ayer a la mañana una denuncia ante la Fiscalía de Barcelona para que investigue la cesión de datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Según esta entidad contraria a la consulta, los datos del Idescat -que provienen de los padrones municipales- solo se pueden utilizar para las estadísticas y no para establecer un censo de votantes para la consulta.

Los abogados de la entidad unionista actuaron así en contra de una orden de la conselleria de Governació, que el sábado requirió al instituto público la cesión de los datos de empadronamiento para poder convocar a los ciudadanos a la consulta.

De corta trayectoria, la plataforma unionista Societat Civil Catalana se ha caracterizado en todo momento por su oposición al proceso soberanista y a la consulta convocada para el próximo 9 de noviembre, y es responsable de la convocatoria unionista realizada para el próximo 12 de octubre en Barcelona. B. ZALDUA

CiUren kide den EAJk, Kataluniako prozesuarekiko aldea jarri du berriz ere. Andoni Ortuzar EBBko buruaren esanetan, Artur Masek ez du legezkoa ez den ezer egingo, eta Konstituzioa berritzeko aukeraren zain egotea komeni da, «Estatu eredua garajean sartuko delako azkenean», hurrengo legegintzaldian hain zuzen ere.

Onda Vasca irratian egindako elkarrizketan, horretarako atea irekitzen ari dela aurreikusi zuen Ortuzarrek: «Espainiako herri borondatea ere nahiko nazkatuta dabil. Hurrengo Diputatuen Kongresua zeharo ezberdina izango da eta Estatu espainoleko gobernagarritasuna beste oinarri batzuen gainean jarri behar dela aginduko du». Beraren ustez, dagoeneko nahiko garbi dago «Konstituzioa mugitzearen» inguruan «kontsentsu zabala» dagoela. «Aukera handi hau baliatu behar dugu, baita Europa mailan dagoena ere; Europan jendeak ez duelako ulertzen Eskozian egiten diren gauzak hegoaldean ezin izatea egin».

Ildo beretik, igandeko Alderdi Egunean esan zuena berretsi zuen Andoni Ortuzarrek; hau da, «gaur egun dugun subiranotasuna indarrean jartzen jakin behar dugu, oso garrantzitsua delako».

«Hau ez dut esaten geldirik izateko, edo ezeri galga jartzeko», zehaztu zuen jarraian. «Baina dugun subiranotasun maila hori subiranotasun handiagoa lortzeko baliatu behar dugu», esan zuen Euzkadi Buru Batzarreko presidenteak.

Bide horretan, PSE EAJren ondoan ikusten du Ortuzarrek, batez ere Patxi Lopezen agintaldiaren ondoren. «PSErentzat, Lopezentzat, Idoia Mendiaren taldearentzat, argigarria izan zen. Ohartu ziren latza dela gogor lan egitea, legeak egitea, eta gero 300 eta piko kilometrora dauden gizon batzuk etorri, helegitea aurkeztu eta auzitegi batek debekatzea», aipatu zuen. «Orduan, nor falta zaigu? Zein litzateke operazio honi sostengua emateko beharrezkoa den hirugarren hanka? Ezker abertzalea», erantzun zion bere buruari Ortuzarrek.

Estatu mailako irakurketa hau eginda, EBBko presidenteak nabarmendu du ez duela uste Artur Masek urrutiago joateko borondatea duenik. Espainiar legaltasuna onartuko duela uste du Ortuzarrek. «Ez dio bera epaitzeko inolako aitzakiarik emango», ziurtatu du. GARA