El alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, quiere que Lakua retire la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a las personas que llevan menos de diez años empadronadas en la CAV. «La RGI no debe ser para los que acaban de llegar o para los que directamente vienen a cobrarla», destacó el regidor, que ayer presentó una propuesta de modificación de los criterios de acceso a la RGI. Esta batería de medidas, anunciada hace unos días por la parlamentaria del PP Laura Garrido, será remitida en las próximas semanas a la Cámara autonómica.

En una rueda de prensa ofrecida ayer en el Casa Consistorial, Maroto, que el pasado mes de julio afirmó que «algunas nacionalidades -en alusión a las personas migrantes procedentes de Marruecos y Argelia- vienen principalmente a vivir de las ayudas sociales y no tienen intención de trabajar o integrarse», matizó que su partido no pide que los perceptores deban estar empadronados durante diez años de manera «ininterrumpida», «pero sí un total de diez años durante los que se ha estado empadronado».

A este respecto, avanzó que esta medida, que incrementa en siete años el requisito actual, sería aplicable a las personas que llevan más de tres años empadronadas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. «El criterio de los diez años de padrón es razonable y está sometido a que podamos estudiar situaciones concretas, porque contemplamos la posibilidad de que haya situaciones intermedias en las que se pueda sustituir un año de padrón por un año de cotización», detalló.

También apostó por dejar sin prestación social a las personas en situación irregular. «Alguien que está fuera del sistema no puede aprovecharse de él. Por ejemplo, una persona en situación de irregular, una vez que accede a la RGI, tiene un sueldo vitalicio permanente, porque no hay un proceso de inserción laboral para un irregular»,sostuvo el primer edil, que no mencionó las medidas de control establecidas por Lanbide ni ofre- ció una alternativa para las personas que no han podido regularizar su situación.

«La definición de RGI es: `estás en el sistema hasta que el propio sistema consigue incorporate al mercado laboral'. Y todas las personas en situación irregular que tienen acceso a esta prestación rechazan cualquier contrato que les permita salir de la RGI. Porque todas las personas en situación irregular que superan el plazo de tres años de padrón consiguen un sueldo vitalicio, muy superior a la pensión que cobran muchas personas que han trabajado cuarenta años», reiteró ante los medios.

Acreditar la vida laboral

Además, hizo hincapié en la necesidad de vetar el acceso a la RGI a las personas que no puedan acreditar vida laboral o no hayan cotizado a la Seguridad Social, lo que cierra las puertas de la RGI a amas de casa y a jóvenes que no hayan podido acceder al mercado laboral. A su parecer, esta ayuda económica «debe ser para quien ha contribuido a la sociedad con un trabajo previo. Es un abuso que haya perceptores en edad de trabajar que, sin embargo, no hayan trabajado nunca». Según explicó, las únicas personas que quedarían excluidas de cumplir con este supuesto serían aquellas que se encuentran en «situaciones especiales, como discapacidad, enfermedad crónica y enfermedad mental».

Asimismo, propuso denegar o extinguir las RGI a las personas que hayan sido condenadas por delitos graves, entre los que citó aquellos que atentan contra la vida al integridad de las personas, la libertad sexual, violencia machista y tráfico de drogas. Y defendió modificar el tratamiento del patrimonio para «no generar desigualdades con la aplicación de la normativa». «Es una situación injusta que haya personas a las que se les deniegue la ayuda por tener un patrimonio cuando de ese patrimonio no se desprende una mejor capacidad económica que quien no lo tiene o se desconoce si lo tiene en otro país», añadió.

«Me pongo en la piel de la persona que va a la ventanilla de Lanbide y le dicen que no tiene una ayuda porque tiene una huerta en el pueblo, y al lado hay otra persona que a lo mejor no habla ni castellano, entrega la carpeta y se la dan, y a veces de por vida», afirmó el regidor en clara referencia a la población migrante.

A estos se dirige la sexta propuesta de Maroto, que considera que que la RGI no debe destinarse para enviar remesas al extranjero, «sino para atender las necesidades básicas de las personas que viven aquí». «El envió de remesas al extranjero derivadas de la RGI cobrada en nuestro país debe ser una causa de extinción definitiva del cobro de dichas ayudas. Nuestro sistema de cobertura no debe servir para el sostenimiento de las familias en el país de origen», manifestó sin aportar ningún dato que acredite el envío de divisas a otros estados.

Por último, pretende que los perceptores de ayudas sociales en edad de trabajar realicen trabajos en beneficio de la comunidad. Una idea que ya recoge la normativa vigente. «Busca garantizar que quien recibe RGI en edad de trabajar y cuenta con condiciones para ello, pueda realizar trabajos que reviertan en benéfico de la sociedad, que contribuye al sostenimiento de ese sistema de ayuda y devuelva así con su esfuerzo el sacrificio que hacer el resto de la sociedad», subrayó el alcalde, que advirtió de que no se incluirán trabajos que la administración haga de forma habitual con personal propio. «No se trata de de sustituir a nadie», sentenció.

Xenofobia y populismo

A su juicio, estas propuestas, que tienen por objeto «mejorar la realidad» y evitar supuestos «abusos y fraudes», no responden a una política populista. «Resolver un tema que preocupa a la ciudadanía no es populismo. Se trata de abordar un tema que genera una preocupación y que debe ocupar a quienes se dicen representantes de los ciudadanos», señaló tras insistir en que, en su opinión, hay un «problema en la normativa. Hay personas que cumplen la normativa y acceden a las ayudas sociales porque les dicen en Melilla `vete a allí que accedes rápido'. Pero el problema no es de las personas que vienen con el objetivo de acceder a las ayudas. El problema es de la norma, que lo permite».

Maroto, que no citó las fuentes de la afirmación sobre Melilla, no quiso valorar la repercusión de sus palabras, que han generado una brecha en la ciudadanía gasteiztarra. «No se puede negar la realidad. No se pueden negar los datos. Porque la mejor manera de cambiar las cosas es tener un diagnóstico acertado de lo que falla. Y lo peor que está pasando en Euskadi con las ayudas sociales, es que hay una mayoría política que dicen que no hay que cambiar nada y llaman racista al que pone sobre la mesa esta situación», señaló tras advertir de que hay más «extranjeros que nacionales cobrando RGI».

Estas palabras pusieron de manifiesto la animadversión del alcalde por las personas procedentes del Magreb, contra los que ha lanzado sus proclamas durante este verano. Unas polémicas declaraciones contra las que ha interpuesto una denuncia SOS Racismo y el PSE, que ha complementado la querella.

A este repecho, cabe recordar que el fiscal general del País Vasco, Juan Calparsoro, analiza si las palabras de Maroto puedan ser constitutivas de un delito tipificado en el artículo 510.2 del Código Penal. Este supuesto se aplica a la difusión de «informaciones falsas o que no corresponden a la realidad, dirigidas a generar una situación de discriminación a unos colectivos por su origen nacional».