Ante Bateragune, una voz compartida

Quienes firmamos este artículo lo hacemos plenamente conscientes de lo que ello supone, siendo como somos dos personas que provenimos de culturas políticas bien diferentes -Partido Nacionalista Vasco e izquierda abertzale-, y durante años, en muchas ocasiones, encontradas.

Nuestra pretensión en las líneas que siguen no es resolver nuestras históricas diferencias a cerca del principio ético (ETA, violencia, paz, reconciliación), del principio democrático (un Pueblo: uno o tres ámbitos de decisión) o del modelo social que defendemos. No somos tan pretenciosos, pero no queremos que nadie utilice este argumento para calificar o descalificar lo que aquí decimos.

Sabemos que se trata tan solo de una modesta contribución. De una contribución, eso sí, que pretende dar un paso en el camino que debemos hacer en este país para lograr la paz y la normalización política. Pero ya se sabe que hasta el camino más largo comienza con el primer paso.

Un paso que, ubicado en tiempos interesantes -Escocia, Catalunya...-, pretendemos aporte esperanza e ilusión a tanta gente que, como nosotros dos, cree que el Pueblo Vasco existe y que por tanto tiene el derecho a elegir libre y democráticamente su futuro, y anhela que además de sentir, podamos decir e incluso hacer cosas juntos.

El proceso Bateragune se inscribe en la lógica de un diseño político que toma cuerpo a finales de los 90 y que se materializa en el Pacto Antiterrorista suscrito por el PP y el PSOE en el año 2000. Los poderes del Estado -por supuesto, el judicial- responden a la razón de Estado: persecución penal del diálogo, nueva Ley de Partidos e ilegalizaciones -alterando las mayorías de este país-, régimen penitenciario de excepción y pronunciamientos judiciales con un evidente impulso político.

Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez ingresaron en prisión hace cinco años. Como es lógico, nuestra relación personal con ellos es diversa, pero en ambos casos suficiente para poder afirmar que nos consta de manera directa su voluntad innegable, esfuerzo generoso y labor relevante para cerrar la larga etapa de violencia en Euskal Herria.

Se les imputó un delito de integración en organización terrorista por formar parte de un órgano denominado «Bateragune» que, supuestamente, era la estructura ejecutora de las órdenes políticas de ETA. Dos años después, la Audiencia Nacional reconoció que no se había probado que formaran parte e integraran el citado órgano. A pesar de todo, se les condenó.

La base de la condena fue meramente indiciaria, sustentada en documentos incautados en operaciones policiales. Esos mismos documentos se utilizaron en las demandas para la ilegalización de Bildu y Sortu, y el Tribunal Constitucional no los consideró suficientes para entender que esas organizaciones eran un mero instrumento de ETA. Mucho menos debieron serlo para fundamentar una condena a importantes penas privativas de libertad por delitos de terrorismo.

Si el Tribunal hubiera atendido a lo ocurrido desde octubre de 2009, la conclusión habría sido muy otra. El devenir ha evidenciado que la actividad política desplegada por estas personas tuvo, a pesar de su detención, una proyección que condicionó decisivamente los acontecimientos posteriores, posibilitando la resolución adoptada por ETA en octubre de 2011.

La tramitación de los recursos de casación y amparo dejó numerosos votos particulares contra la condena, suscritos por magistrados que consideraban que la Audiencia Nacional vulneró el derecho a un tribunal imparcial de los condenados o que no había prueba de cargo suficiente acreditativa de que actuaban conforme a los designios de ETA. Resaltamos el de la vicepresidenta del TC, Adela Asúa, que califica de «preocupantes» las sentencias de la AN y el TS, y rechaza su «voluntarismo argumental», señalando que las coincidencias con ETA «lo son respecto de la consecución de unos objetivos políticos», pero no «para favorecer el uso de los medios violentos e ilícitos para su consecución».

Estamos ante una clara y patente confrontación entre la verdad de lo acaecido y la verdad judicial. Los tribunales han creado su propio relato sobre esos cercanos acontecimientos y lo han hecho al margen de hallazgos externos que permitan sustentarlo y en clara divergencia con la percepción que de los mismos tiene la mayoría de la sociedad vasca.

El Derecho Penal del enemigo inspira estas condenas, así como el propio régimen legal penitenciario al que se encuentran ahora sometidos. Se les aplican los nuevos requisitos y condiciones de la Ley Orgánica 7/2003, aprobada a instancias del Gobierno Aznar con la finalidad de bloquear los regímenes de semilibertad y libertad. Sin embargo, la literalidad de esa norma excepcional no permite su utilización en este caso, ni tampoco para otros muchos presos vascos, por razones sobre las que no podemos ahora extendernos.

Reclamar la libertad de Arnaldo, Rafa, Sonia, Miren y Arkaitz es posicionarse a favor de la libertad de personas encarceladas por la defensa de sus ideas políticas, que nunca fueron delictivas aunque coincidieran con los objetivos políticos de ETA.

Con este posicionamiento compartido queremos contribuir a acercar en el tiempo hechos y pronunciamientos futuros que, junto a la necesaria revisión crítica de nuestros respectivos pasados, posibilite entendimientos y acuerdos que configuren una sólida base de respeto y compromiso para la construcción social y política de nuestro pueblo.

Queremos aportar esperanza a la sociedad vasca. Esperanza para alimentar la ilusión, que es el mejor acompañante del camino. Y lo hacemos, por último, a sabiendas de que siendo importante lo que decimos, lo es aún más decirlo juntos. En realidad son muchas las cosas que podemos, y seguramente debemos, decir y hacer juntos.