Tras semana y media de anuncios, desmentidos y múltiples presiones, la reunión de la Junta de Fiscales de Sala terminó por demostrar que quien disponía de toda la información sobre la querella por el 9N desde el principio era la líder del PP en Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho. Finalmente, Génova y Moncloa impusieron su criterio a través del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y se presentará una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por sacar las urnas en la jornada de participación ciudadana. El guión estaba escrito y las cuatro horas de encuentro sirvieron para debatir matices. A falta de que se concrete el texto, se consensuaron tres imputados (el president, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega, y la conseller de Educación, Irene Rigau) y se suma- ron cargos: a los de «desobediencia» y «prevaricación», que se daban por sentados, se añadieron los de malversación y obstrucción de funciones a la Justicia. Pese a que la reunión no era vinculante, certifica que se presentará la denuncia, ya que los fiscales catalanes acatarán.

Durante la semana previa, y antes de que se conociese el desplante de sus subordinados en Barcelona, Torres-Dulce había jugado a la ambigüedad, desmintiendo a Sánchez-Camacho, al menos en los tiempos. Quizás el gran error de la líder del PP en Catalunya fue dejarse llevar por las ganas y adelantarse a una decisión que, aunque tomada, exigía ciertas formas. A partir de entonces, el Gobierno español, al menos en público, trató de enfriar el ambiente, escudándose en la «autonomía» fiscal. Ese fue el mensaje que lanzó ayer su presidente, Mariano Rajoy, al abandonar la sesión de control del Gobierno, cuando la cúpula de Fiscalía ya estaba reunida. «Yo lo único que puedo hacer y lo que voy a hacer es respetar las decisiones que adopte la Fiscalía. Creo que esa es la obligación del Gobierno y es lo que hace un país en el que cada uno ejerce las funciones que tiene que llevar a cabo», aseguró. La declaración, estética, chocaba con las fuertes presiones que, en los últimos días, han denunciado los propios fiscales. De hecho, se llegó a especular con la posibilidad de que Torres-Dulce dimitiese en caso de no obtener un respaldo del cónclave que tenía en el bolsillo. Incluso llegó a sonar sustituto: el jefe de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska. No hizo falta. El Ministerio Público, a través de una nota, constató el «amplio respaldo» a la decisión de pasar por encima de los fiscales catalanes y presentar denuncia.

Según señalaban las agencias españolas, la propuesta lanzada por Torres-Dulce se centraba en la suspensión decretada por el TC al proceso participativo. Un veto que, a juicio de la proposición del fiscal general, implicaba una orden «absoluta, tajante e inequívoca». «El incumplimiento de dicha orden, consumado en el curso de la jornada de votación del 9 de noviembre, ha lesionado de manera efectiva otro bien jurídico: la integridad de la jurisdicción del TC y la eficacia de su tutela cautelar del orden constitucional», aseguraba el texto. En realidad, este no tiene por qué ser el definitivo, aunque ya apunta sus líneas maestras.

Con las cartas del Estado sobre la mesa, el Govern no tardó en responder. «Si en una democracia unos responsables gubernamentales acaban cometiendo delito por facilitar el derecho fundamental de la libertad de expresión, estamos en una dimensión desconocida», dijo su portavoz, Francesc Homs.

En realidad, solo el PP apoya explícitamente la judicialización de un problema político. También Ciutadans aprueba esta maniobra, aunque llega «tarde y no aporta ninguna solución, porque el mal (que en este caso es el voto) ya está hecho».

El PSC se desmarcó y definió la querella como «un gravísimo error» que «empeorará el problema».

PSC: «Desastre telúrico»

«Me atrevo a calificarlo de desastre telúrico, y tiene origen en una equivocación anterior, la impugnación por parte del PP del proceso participativo del 9N. De aquel error, esta actuación equivocada», aseveró tajante el portavoz parlamentario del PSC, Maurici Lucena. «No hay vida inteligente en Moncloa, no se explica que se tomen decisiones tan equivocadas», dijo

Los partidos que defendieron la consulta salieron al unísono a rechazar la amenaza judicial. Hasta el portavoz de CiU en el Congreso español, Josep Antoni Duran i Lleida, definió la decisión de «error monumental». Desde el mismo escenario, el representante de ERC, Alfred Bosch, la calificó de «gesticulación». «Se equivocan si piensan que el proceso soberanista catalán se interrumpe a fuerza de querellas», manifestó.

La portavoz de ICV-EUiA, Dolors Camats, consideró la querella una muestra de «persecución política contra el derecho a decidir». Señaló que lo que hace Rajoy es «esconderse y no poder ni querer enfrentarse a un problema que básicamente es político» y añadió que su formación presentará un escrito ante la Fiscalía para autoinculparse.

El diputado de la CUP Quim Arrufat certificó «la función de la Fiscalía como órgano puramente político». Además, criticó que la Fiscalía personalice el proceso en la figura de Mas. «Ellos sabrán por qué. Si le dan vueltas, podrán concluir escenarios posibles», añadió Arrufat, en referencia a la preferencia del Estado de tener a Mas al mando del proceso catalán.