Cuarta negativa del Congreso español a la petición de Amaiur de acceder a los informes de la comisión de investigación sobre torturas en Euskal Herria que tuvo lugar durante la primera legislatura después de aprobarse la Constitución de 1978. Tras negar la existencia de actas y denegar la entrega de grabaciones y documentación, la Mesa, en manos del PP, rechaza ahora facilitar los nombres de las personas que declararon ante el equipo de trabajo entre 1979 y 1982, con UCD en Moncloa. Previamente, el órgano rector de la Cámara Baja había apelado a la Ley de Patrimonio Histórico Español y a la voluntad de velar por la intimidad de unas personas cuyos derechos no fueron respetados en el momento en el que fueron torturados.

Al recibir ese argumento, la coalición soberanista reclamó el listado de testimonios para solicitar, uno por uno, los permisos correspondientes y desclasificar los documentos. Pero el Congreso los ha vuelto a denegar, aferrándose ahora a la Ley de Protección de Datos de 1999. Es decir, que su decisión provoca la pescadilla que se muerde la cola. No entrega los documentos porque se carece del permiso de los afectados pero imposibilita que este aval se pueda obtener guardando bajo llave las identidades de quienes testificaron.

Un posible recurso

«Se debe rechazar el intento de considerar que se podía acceder a los datos de identidad como si fueran una parte separable del resto de la documentación de la Comisión. No hay unas partes secretas y otras no sino que todas lo son», afirma el Congreso en la respuesta remitida a Amaiur. Con este cuarto portazo se cierran las vías previstas por el Congreso. No obstante, el diputado Jon Iñarritu, explicó que todavía tienen que valorar las explicaciones remitidas por la Mesa para, en su caso, recurrir a la Justicia.

«Existe una clara voluntad de ocultación de lo que fue aquella comisión y de sus resultados, que no tenían otro fin que hacer luz sobre los casos de torturas», denunció. Paradójicamente, esta negativa llega el mismo día en el que el Senado de EEUU hace pública una parte de su informe sobre malos tratos en la década de 2000, durante el mandato de George W. Bush. Ante este hecho, Iñarritu lamentó el intento de «obstaculizar la obtención de información sobre las torturas sistemáticas contra personas detenidas vascas», unos hechos que han denunciado tanto el TEDH como diversos relatores de la ONU.

La comisión inició su andadura el 28 de diciembre de 1979, como parte del acuerdo por la liberación de Javier Rupérez, en manos de ETA (pm). Alargó sus trabajos hasta la llegada del PSOE. Un número indeterminado de torturados declararon. Entre ellos se encontraban, según diversos testimonios, Tomás Linaza y Txema Rojo. Se grabaron las sesiones, al menos en audio, y se redactó un informe con conclusiones que nunca llegó a debatirse en el pleno. Un documento que sigue encerrado en los archivos del Congreso.