Todos los consejeros y directivos de Caja Madrid que usaron las tarjetas de crédito opacas (black) entre 1999 y 2012, un total de 78 -nombrados por diferentes partidos, sindicatos, organizaciones patronales...-, han sido imputados por la Audiencia Nacional española como responsables de presuntos delitos de «apropiación indebida» o «administración desleal».

El auto apunta además a que el juez no considera la alegación generalizada de los acusados, que sostienen que las tarjetas de crédito (con las que gastaban hasta 25.000 euros al año a su libre albedrío) eran en realidad una parte de su remuneración, y por tanto legales.

Este argumento hace aguas desde el momento en que esas tarjetas escapaban al control de Hacienda, una cuestión sobre la que sería inverosímil que responsables bancarios alegaran desconocimiento. Pero además, el juez incluye ahora en el sumario varios correos electrónicos enviados entre los principales acusados que dejan claro que eran conscientes de la irregularidad del procedimiento.

Por ejemplo, el que fuera secretario del Consejo de la Caja Enrique de la Torre envió el 1 de setiembre de 2009 a su sustituto, Jesús Rodrigo Fernández, y al propio máximo mandatario, Miguel Blesa, un correo en el que recordaba que todos los miembros de la Comisión de Control «tiene cada uno una visa de gastos de representación black» y que «todo ello tiene la bendición presidencial».

Se desconoce a quién se alude con esa referencia de «presidencial», pero resulta algo extraño que se tratase del presidente de la Caja, Miguel Blesa, dado que este era uno de los receptores del mensaje. Blesa fue máximo responsable de la Caja desde 1996 hasta 2009.

En otro de estos correos, De la Torre muestra su preocupación a Blesa: «¿Sabías que algo tan delicado como las tarjetas black de los consejeros lo lleva la Secretaria de Medios, que con una simple llamada de mi secretaria le da los saldos y movimientos de esas tarjetas? No te extrañen luego algunas filtraciones».

Otro correo electrónico sirve para que De la Torre ponga a Blesa al corriente de las retribuciones de otros directivos y le explique que «hay más confidencialidad en lo que a ti respecta». También era mayor la cantidad que podía gastar el presidente, dado que subía de 25.000 a 50.000 euros al año.

Alimentos, ropa, comidas...

El juez Andreu apunta en su auto que la clave es «dilucidar el concepto» por el que se emitieron las tarjetas. Pero si eran tarjetas de empresa y para afrontar los gastos de representación, recuerda que estaban «fuera del circuito ordinario de otorgamiento» de visas de la entidad, que no tenían «soporte contractual» alguno y tampoco estaban respaldadas por decisiones de los órganos de gobierno.

Tras recordar que Bankia ha informado de que los exdirectivos disponían de otra tarjeta de empresa, el magistrado señala que los fines por los que fueron entregadas las visas opacas eran «completamente distintos a los previstos en los gastos de representación», lo que convertiría estos gastos en el mejor de los casos en «remuneración irregular». Y en este punto recuerda que este medio de pago fue utilizado para cargar «compras de alimentación, de electrodomésticos, en grandes superficies, en ropa o retiradas de efectivo».

Uno de los casos más surrealistas es el del hasta el pasado diciembre presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, Arturo Fernández, que utilizaba la tarjeta opaca para pagar comidas en su propio grupo de restaurantes. En la investigación consta por ejemplo una factura de 317 euros en uno de sus establecimientos y otra de 401 euros justo al día siguiente.

El instructor, que ya imputó por estos hechos a los expresidentes de Caja Madrid Rodrigo Rato y Miguel Blesa y al exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, señala ahora a exconsejeros como Ricardo Romero de Tejada, Estanislao Rodríguez Ponga y Jesús Pedroche (PP), Antonio Romero y Virgilio Zapatero (PSOE), José Antonio Moral Santín (IU), José Ricardo Martínez (UGT) y Rodoldo Benito (CCOO).